En este nuevo año, se nos presenta una oportunidad única para redirigir el camino hacia una justicia auténtica y una sociedad más equitativa. Catalina Kühne Peimbert, directora ejecutiva de Impunidad Cero, aborda los puntos clave para lograr combatir la impunidad.
Texto de Catalina Kühne Peimbert 02/01/24
En este nuevo año, se nos presenta una oportunidad única para redirigir el camino hacia una justicia auténtica y una sociedad más equitativa. Catalina Kühne Peimbert, directora ejecutiva de Impunidad Cero, aborda los puntos clave para lograr combatir la impunidad.
El primer desafío de México para 2024 es que se trata de año de elecciones. Este factor complica cualquier problemática para el año que empieza, pero también permite hacer un balance de la situación general del país y proponer nuevas estrategias para las personas que asumirán los cargos de representación popular.
En Impunidad Cero nos enfocamos específicamente en estudiar, analizar y visibilizar la impunidad desde diversos ángulos, y atendiendo a los temas que, desde una perspectiva feminista, antipunitivista y alineada a los derechos humanos, afectan de manera apremiante a la sociedad.
A través de nuestro trabajo hemos podido documentar que nos encontramos ante una crisis en materia de seguridad pública. La apuesta por la mano dura y militarización no ha resultado la estrategia correcta; se ha demostrado que no incide en la disminución de los delitos que ocurren en nuestro país, ni en el índice de impunidad en su persecución que, por ejemplo, tan sólo considerando el homicidio doloso de 2016 a 2021, fue de 93% a nivel nacional.1
“La apuesta por la mano dura y militarización no ha resultado la estrategia correcta; se ha demostrado que no incide en la disminución de los delitos que ocurren en nuestro país, ni en el índice de impunidad en su persecución”.
A lo largo de nuestras investigaciones hemos encontrado ciertas problemáticas transversales a los diferentes temas que abordamos. Obstáculos que se presentan tanto en la investigación de casos de desaparición de personas, como en las denuncias de corrupción; la protección a los derechos de las mujeres, o la defensa de la independencia judicial, que se exponen a continuación acompañados de propuestas consistentes y compartidas para tratar de bajar los índices de impunidad.
En general, México cuenta con un amplio marco jurídico producto de la lucha de las víctimas y sus familiares, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sociedad civil. Sin embargo, a veces resulta complicado entender el entramado de competencias y responsabilidades de cada una de las autoridades que intervienen, como ocurre en los casos de los Sistemas Nacionales de Búsqueda o Anticorrupción.
También sucede que lo que mandata la ley no está completamente implementado. Ya empieza a ser costumbre que varios órganos colegiados se encuentren desintegrados o de plano no funcionen, lo mismo ocurre con herramientas indispensables para el funcionamiento de las instituciones que al no ser puestas en funcionamiento, que quedan como letra muerta.
Por otra parte, es frecuente encontrar disparidad en los tipos penales locales y federales para delitos de alto impacto como, por ejemplo, el feminicidio. Como consecuencia, los estados registran la incidencia delictiva conforme a sus propios ordenamientos, lo que dificulta su persecución y registro en bases de datos confiables.
Para ello es necesaria la articulación entre todas las autoridades competentes y que estas cuenten con las herramientas e integrantes necesarios para desarrollar sus funciones, así como armonizar los tipos penales de los delitos a nivel federal y local y entre entidades federativas
En México, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3 por ciento. Esta cifra se compone, por un lado, de la baja efectividad de las procuradurías y fiscalías del país y por otro, de la enorme cifra negra que existe, ya que sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian.
Esto se debe en parte a que el proceso de denuncia es muy tardado y complicado. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, casi el 30 % de las personas que denunciaron un delito tardaron más de 4 horas en hacerlo; el 29.5 % de las mujeres y el 27.8 % de los hombres que denunciaron dijo haber recibido un trato “malo” al hacer la denuncia.
Así las dificultades de la ciudadanía promedio para denunciar y dar seguimiento a procesos judiciales representan un escollo significativo. Las personas no saben dónde deben denunciar, cuáles son sus derechos, qué elementos puede aportar para agilizar la denuncia y frecuentemente son revictimizadas por las autoridades que deben atenderlos.
Para abatir la impunidad, resulta indispensable impulsar la denuncia de los delitos, por eso en Impunidad Cero creamos la página denuncia.org que contiene guías prácticas para denunciar un delito y darle seguimiento a esa denuncia, así como distintas guías específicas para denunciar delitos como robo, extorsión, violencia familiar; también contamos con un localizador de Ministerios Públicos con más de 1200 ubicaciones y un directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil que ofrecen diferentes tipos de asesoría.
Las deficiencias en el proceso de investigación de los delitos también son un factor que favorece la impunidad. Dados los recursos escasos con los que cuentan las fiscalías, se debe priorizar la persecución de los delitos atendiendo a criterios establecidos por la propia institución y a una valoración del impacto del delito y dificultad para investigarlo, es decir, contar con políticas y planes de persecución penal.
“Las deficiencias en el proceso de investigación de los delitos también son un factor que favorece la impunidad”.
Toda investigación penal requiere del uso de método y técnica, pues implica la participación de diversos operadores y disciplinas, por lo que es necesario contar con protocolos de investigación actualizados por los estándares más altos de debida diligencia, interseccionalidad. y perspectiva de género.
Por último, debido a la complejidad en la investigación resulta necesario garantizar una correcta articulación de las instituciones de seguridad y justicia en todos los niveles de gobierno, tanto en el fuero federal como en el fuero local, por lo que resulta fundamental mejorar los mecanismos de coordinación entre las fiscalías locales y la FGR, así como de los distintos operadores que intervienen en la investigación, y también, la coordinación entre las fiscalías con otras instituciones, en especial con los policías adscritos a las Secretarías de Seguridad Pública y análogas de cada entidad.
Otro desafío crucial es la visión punitivista arraigada en la sociedad, donde la narrativa del castigo prevalece sobre la búsqueda de soluciones integrales que pongan en el centro a las víctimas. Esta mentalidad no solo distorsiona la percepción de la justicia, sino que también dificulta la comunicación efectiva sobre las verdaderas mejoras que podrían implementarse en el sistema judicial.
Como ya se ha dicho, para combatir la impunidad estructural es imperativo que las fiscalías refuercen sus capacidades institucionales para investigar y perseguir los delitos. En este sentido, hay que priorizar el fortalecimiento de las instituciones civiles en contraste con la militarización y el punitivismo. Para 2024 es apremiante insistir en que estas vías no han probado su capacidad para alcanzar la justicia. Por el contrario, han provocado una crisis importante en la violación de derechos humanos de repercusiones internacionales.
“…hay que priorizar el fortalecimiento de las instituciones civiles en contraste con la militarización y el punitivismo. Para 2024 es apremiante insistir en que estas vías no han probado su capacidad para alcanzar la justicia”.
Optar por la mano dura y el aumento de sanciones sin explorar todas las deficiencias del sistema de justicia es un recurso que sólo fortalece el discurso del castigo e imposibilita la efectiva implementación de la reinserción e integración a la sociedad de las personas en conflicto con la ley penal. Además, perpetúa el estigma, discriminación y ausencia de rehabilitación.
Por esta razón, es urgente transitar de un modelo centrado en el castigo a uno que ponga en el centro la reinserción social.2 Un modelo que evite la reincidencia a través de programas enfocados al trabajo, rehabilitación, acceso a la educación, salud, vínculos familiares y recreación,3 atendiendo a sus necesidades, herramientas para integrarse a la vida en comunidad sin reincidir en conductas delictivas y romper la cadena de elementos sociales que los han llevado a cometer el acto.
Es momento de trazar un rumbo diferente, priorizando a las personas sobre los castigos, fortaleciendo las instituciones civiles y promoviendo estrategias integrales que rompan el ciclo de la delincuencia. En este nuevo año y proceso electoral, se nos presenta una oportunidad única para redirigir el camino hacia una justicia auténtica y una sociedad más equitativa. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
