Este mes, Susana Chacón, Guadalupe González e Isidro Morales —miembros del grupo México en el Mundo— abordan seis temas actuales de la agenda internacional.
Texto de Susana Chacón, Guadalupe González & Isidro Morales 23/08/23
Este mes, Susana Chacón, Guadalupe González e Isidro Morales —miembros del grupo México en el Mundo— abordan seis temas actuales de la agenda internacional.
El Grupo México en el mundo centró su reflexión mensual en los siguientes temas: Estados Unidos en contra de Donald Trump; Avances y límites de la política exterior mexicana; Ucrania: lecciones para la competencia tecnológica entre potencias; El tsunami político argentino; Claroscuros del primer año de Petro y Las elecciones en Guatemala: ¿una nueva oportunidad democrática?
En Estados Unidos, una de las principales preocupaciones en este momento son los cuatro juicios en contra del presidente Trump. El calendario de audiencias, que empieza en septiembre y se sigue a lo largo del año electoral, es coincidente con las principales fechas de las primarias de los estados, por lo que el proceso electoral muy seguramente se contaminará con este tema. Los estadounidenses están muy divididos, por una parte están quienes piensan que esto va a favorecer a Trump y por la otra, quienes aseguran lo contrario. A diferencia de los juicios iniciales, que partían de personas que lo habían demandado ya fuera por abusos sexuales o fraudes económicos, en este momento se presentan juicios de Estados Unidos en contra de Donald Trump, tres federales y uno local. El más importante es el del estado de Georgia que, además de presentar a 19 testigos que pueden también ser enjuiciados, en el caso en que llegara a ser presidente, y pueda autoperdonarse de los otros juicios y de todos los delitos de los que se le acusa, en éste no lo podría hacer. El juicio del estado de Georgia está exento porque es un juicio estatal y dada la legislación con la que se busca condenarlo, que es la legislación anti-Ku Klux Klan para impedir las conspiraciones de los blancos para que los negros no voten y además, al utilizar la ley RICO para perseguir a criminales que comenzó a utilizarse en contra de la mafia, la fiscal Fani Willis pensó muy bien cómo armar este juicio para llegar a una condena. En este caso, se tiene el ejemplo de cómo se conspira, a nivel local, para cometer fraude electoral en EUA. La fiscal Willis tiene los elementos suficientes para que pierda Trump. El juicio será el 4 de marzo y coincide con el día del Super Tuesday. Por otra parte, a nivel federal, el fiscal Jack Smith fue muy inteligente en ofrecer a los testigos que puedan negociar sus años de cárcel, si testifican en contra de Trump. Esto es un incentivo para que los juicios federales se favorezcan también en detrimento del republicano. El proceso, aunque parece ya viejo, apenas comienza y esperemos que se llegue a la condena. No obstante, es posible que llegue a ser el candidato republicano.
La nueva canciller, Alicia Bárcena, tiene poco tiempo para hacer grandes cambios y para mejorar la mala imagen que México ha tenido en estos últimos cinco años en el exterior. Sin duda se tienen aspectos positivos dado que se trata de una personalidad con mucho oficio que le da otra cara a la Secretaría de Relaciones Exteriores y puede crear una mejor imagen. Desde que llega busca tener mejores nombramientos y contar con una agenda. Por ejemplo, se harán varios viajes con el presidente, como el ir a Sudamérica el próximo mes y también a la reunión de APEC. Uno de los grandes retos que tiene la canciller es lograr un equilibrio entre lo que ella pueda decidir directamente y lo que haga el presidente. Desafortunadamente, hay mucha incertidumbre sobre cuánto campo de maniobra puede ella tener. Recordemos que muchos de los nombramientos que se hicieron en estos últimos años son de personas cercanas al presidente y sin experiencia en política exterior. Por otra parte, hay un estancamiento en la relación con Estados Unidos que difícilmente va a cambiar, particularmente en un año electoral para ambos países.
Aunque la contraofensiva ucraniana no ha logrado repeler al ejército ruso de los territorios todavía ocupados, en Kiev, ingenieros, especialistas y militares se han encargado de descifrar los componentes utilizados por los misiles rusos. De acuerdo al rotativo francés Le Monde, los ucranianos han instalado un laboratorio a través del cual se ha hecho la autopsia de varios misiles caídos en tierra, desde los más mortíferos hasta los que se especializan en cartografiar los blancos de ataque. Gracias a ello, se ha podido rastrear la calidad de sus componentes así como su actualidad tecnológica. Algunos de ellos muestran insumos elaborados desde la época soviética, mientras que otros, partes más sofisticadas elaboradas en Austria, Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur, China o Irán. Varios de los insumos, como cámaras, circuitos, microprocesadores o inteligencia artificial son productos comerciales, no monopolizados ni protegidos por los ejércitos. A diferencia de guerras pasadas, en donde la superioridad tecnológica, decisiva para ganar o defenderse en un conflicto armado, estaba en manos del ejército y de los presupuestos militares, como lo fue el inicio de la era nuclear o la del internet, en esta ocasión, los ejércitos han pasado a depender de los adelantos tecnológicos elaborados por las empresas civiles, que han abierto un mercado de nuevos insumos tecnológicos disponible para todo tipo de propósitos.
La privatización de satélites, y por tanto de la comunicación cibernética, ha sido otro componente decisivo en esta guerra. Si bien los rusos lograron en un principio neutralizar el acceso cibernético de los ucranianos en el momento de la invasión, estos últimos han logrado repeler el avance ruso, sobre todo en el norte, así como contener cualquier otro, no solo por el apoyo militar que le han dado varios países de la OTAN, sino también por la ayuda decisiva de Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, esta última encargada de poner en órbita satélites para conectar, a través de la red digital, zonas hasta ahora no cubiertas en el globo. Dado que el acceso a esta red intersatelital necesita de una antena y conexión altamente localizada territorialmente, los rusos no la han podido interceptar a su favor, lo que ha fortalecido la logística de la contraofensiva ucraniana, a pesar de la superioridad aérea de su enemigo.
La tecnología comercial también ha logrado nivelar la superioridad por tierra y aérea de los rusos, a través del uso de drones comerciales por parte de los ucranianos. Se estima que Ucrania pierde alrededor de 10 000 drones por mes (300 por día), que utiliza de diferentes maneras, ya sea para reconocer terreno o movimientos de tropas, ya sea para transportar carga letal y atacar, como aviones kamikaze, al enemigo. Con poca sofisticación, todavía, en inteligencia artificial, una nueva generación de drones comerciales podría ser más valiosa que toda una infantería convencional.
“Si las innovaciones comerciales han logrado ser decisivas para entender la resiliencia de Ucrania ante un ejército agresor claramente superior, habrá que preguntarse entonces cuánto tiempo le llevará a Moscú apropiarse de las nuevas tecnologías y cerrar las brechas”.
Si las innovaciones comerciales han logrado ser decisivas para entender la resiliencia de Ucrania ante un ejército agresor claramente superior, habrá que preguntarse entonces cuánto tiempo le llevará a Moscú apropiarse de las nuevas tecnologías y cerrar las brechas. La respuesta radica en el alcance y la efectividad de los embargos impuestos en insumos o tecnologías críticas. Hasta ahora, Rusia ha mostrado ser capaz de reducir el costo del embargo energético orquestado por los occidentales —gracias a las compras hechas por China y otros países asiáticos—, pero aún no está claro si podrá responder al bloqueo financiero y de insumos críticos.
Las lecciones hasta ahora dadas por los ejércitos enfrentados en Ucrania pueden servir también para el manejo de la competencia tecnológica en la que se ha enfrascado Washington contra Pekín. Desde la presidencia de Trump hasta el presente, Estados Unidos se ha empeñado en imponer y mantener aranceles a varios productos e insumos chinos que compiten con las industrias de su país, y más recientemente, con Biden, a poner un embargo a las exportaciones de insumos considerados críticos. Sin embargo, el teatro ucraniano ha mostrado que las innovaciones militares descansan hoy por hoy en las tecnologías comercializadas por empresas civiles, sin importar dónde se localicen. Un proteccionismo exacerbado podría, incluso, poner en desventaja la innovación comercial en los Estados Unidos. Por tanto, manejar la competencia con Pekín, evitando “descarrilamientos”, necesitará de otras estrategias que muy probablemente se derivarán del laboratorio ucraniano.
Los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en Argentina hablan de un verdadero tsunami político y de un profundo reacomodo en la correlación de fuerzas. Nunca en la historia política del país había sido tan alto el arrastre electoral de los ultraliberales y de la derecha radical. Javier Milei, un libertario de extrema derecha ajeno a la política, llega en primer lugar con 30% de los votos y la candidata de centroderecha, Patricia Bullrich, en segundo con 28.7%. Más claro ni el agua. Más de la mitad del electorado se decanta por opciones de derecha, dejando en tercer lugar (27.2%) al candidato oficial de la coalición peronista y actual ministro de Economía, Sergio Masa. Un piso histórico de votos para este partido.
En parte, este realineamiento responde a una situación de crisis económica persistente y a una sensación creciente de inseguridad pública. La inflación del 100% y la criminalidad golpean a todos, pero con mayor fuerza a los barrios y las clases populares que han sido bastiones tradicionales del peronismo. Sin embargo, hay indicios de que el avance de la extrema derecha argentina, al igual que en otras partes del mundo Occidental incluido Estados Unidos y Brasil, no es un fenómeno coyuntural y puede llegar a gobernar. Se trata de una suerte de malestar y revuelta contra las élites bastante generalizado entre clases medias y bajas, urbanas y rurales en torno a un sentimiento antiestatista de frustración, enojo y hartazgo que viene acumulándose de tiempo atrás.
Las señales de alerta estaban ahí, en el voto de castigo al kirchnerismo (2015), al macrismo (2019) y al Frente de Todos, al igual que en el récord de abstencionismo en las presidenciales de 2019 en un país donde el voto es obligatorio. Las redes sociales también han transformado la dinámica de la competencia partidista argentina, erosionando el papel del peronismo como el gran articulador de demandas y representación. Un rasgo novedoso de las PASO es que el clivaje dominante de los últimos quince años entre kirchnerismo-macrismo se desdibujó para dar paso a un nuevo tipo de polaridad en ciernes entre anti los políticos de siempre (“la casta política”) vs. el establishment.
De aquí a la primera vuelta el 22 de octubre se abre un periodo de incertidumbre en medio de un entorno político inédito y de un gobierno sumamente debilitado. Tierra ignota: una competencia en tres tercios con la segunda abstención más alta en primarias desde que se instauraron en 2011. Cualquier predicción electoral resulta, por ahora, arriesgada. Mucho dependerá de cómo se comporten los cerca de 13 millones de argentinos que no salieron a votar, votaron en blanco o anularon su voto. Los tres candidatos enfrentan dilemas distintos al momento de definir sus estrategias de campaña: para Milei, cómo ser presidenciable sin dejar de abanderar la protesta; para Bulrich, quién será el adversario a vencer —la ultraderecha o el progresismo— y, para Massa cómo unir a las distintas facciones peronistas para promover la idea de que Milei es un peligro para la democracia.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, cierra su primer año de gobierno en medio de una crisis política de grandes proporciones por la investigación penal contra su hijo acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El caso no solo golpea la imagen del presidente, sino que levanta la sombra de un eventual financiamiento del narcotráfico a su campaña y amenaza con descarrilar lo que ha sido, hasta ahora, su principal prioridad: lograr la aprobación en el Congreso de su paquete de reformas sociales sin contar con una mayoría parlamentaria. No hay duda de que el segundo año se perfila más difícil que el primero para avanzar en esta dirección.
La popularidad presidencial se ha desplomado y la desaprobación a su gestión gubernamental llega al 61%. La amplia mayoría de los colombianos (70%) piensa que el país ha empeorado. En 12 meses se ha visto obligado a reorganizar su gabinete con un total de 12 reemplazos de sus 19 ministros. Las reformas sociales están trabadas en el Congreso, especialmente la de salud y de pensiones, y han provocado la ruptura de la coalición. A la sensación de parálisis legislativa se suma la lentitud en el gasto público por falta de pericia técnica y la conformación de un gobierno más monocolor. Otras promesas iniciales como la aceleración de la transición energética se han desdibujado.
“El logro más importante del primer año de gobierno, además de la estabilidad macroeconómica, fue la aprobación de una de las reformas tributarias más ambiciosas en la historia del país”.
En el frente económico, los temores iniciales de incertidumbre financiera, control de cambios y rescisión de contratos en el sector de hidrocarburos han amainado, pero el crecimiento se ha desacelerado y la inflación ha repuntado ligeramente. Hasta ahora, la desaceleración no ha golpeado al mercado laboral, la tasa de desempleo ha caído y la inversión extranjera ha tenido un buen desempeño. El logro más importante del primer año de gobierno, además de la estabilidad macroeconómica, fue la aprobación de una de las reformas tributarias más ambiciosas en la historia del país, pero es pronto aún para evaluar su impacto en las finanzas públicas, las empresas y la microeconomía familiar.
Al menos siete gobiernos colombianos han intentado infructuosamente negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país. Como parte de su política de “paz total”, el gobierno de Petro ha hecho avances en este sentido, con cuatro rondas de conversaciones en sedes distintas (Venezuela, México y Cuba) y la entrada en vigor de un cese al fuego de seis meses. A pesar del acompañamiento internacional, aún se ve difícil alcanzar el objetivo de firmar un acuerdo definitivo para 2025 por la fragmentación de fuerzas irregulares disidentes como focos de violencia que generan desconfianza entre las partes.
En lo internacional, ha sido un año plagado de giras presidenciales, 21 en total, con resultados mixtos. Se observa más ambición discursiva que capacidad institucional para aterrizar iniciativas, con pocos nombramientos de carrera en posiciones clave, sobre todo en América Latina. Las dos relaciones bilaterales prioritarias para Colombia se mueven en dirección positiva. La normalización de relaciones con Venezuela avanza con pasos firmes, más en lo comercial que en otras áreas, en tanto que la agenda con Estados Unidos se ha diversificado más allá de seguridad y drogas hacia nuevos temas, en especial, migración y medio ambiente. En materia ambiental y de derechos humanos, destaca la ratificación del Acuerdo de Escazú. La política de paz total cuenta con el respaldo de la Unión Europea, pero la posición ambivalente de Petro frente a la guerra en Ucrania genera desconcierto.
En suma, más retos pendientes por delante que promesas cumplidas y con el viento en contra.
El triunfo de Bernardo Arévalo, el candidato del partido socialdemócrata Movimiento Semilla que dio la gran sorpresa como segundo lugar en la primera vuelta, marca el inicio de un nuevo ciclo político en Guatemala. Se abre una ventana de oportunidad, aún precaria e incierta, para revertir el deterioro democrático en el que había caído el país desde el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG). Cualquier avance firme en este sentido será lento. De reconocerse y oficializar los resultados, el próximo gobierno no tendrá mayorías legislativas ni una maquinaria partidista sólida. Tampoco contará con el respaldo automático de la mayor parte de los gobiernos locales, hoy controlados por VAMOS y UNE, sus principales adversarios a la derecha del espectro político. La otra gran interrogante se refiere al papel que asumirán los militares frente al giro hacia la izquierda en la presidencia.
“El voto de castigo es una práctica recurrente en un marco constitucional que prohíbe la reelección y en un sistema multipartidista, personalista y clientelar con escasa capacidad de dar servicios públicos de calidad a la población debido a que la corrupción es endémica e institucional al más alto nivel”.
A pesar del cambio, no se trata de una elección atípica, aunque sí plagada de recursos judiciales contra los opositores más competitivos frente al candidato oficial de VAMOS. Los resultados también reiteran el arraigado patrón antioficialista que ha caracterizado los 35 años de elecciones regulares que se han celebrado en ese país desde el regreso de la democracia en 1985. Ningún partido en el poder ha logrado sostenerse más de un mandato en el poder. El voto de castigo es una práctica recurrente en un marco constitucional que prohíbe la reelección y en un sistema multipartidista, personalista y clientelar con escasa capacidad de dar servicios públicos de calidad a la población debido a que la corrupción es endémica e institucional al más alto nivel. Una señal preocupante de desafección ciudadana es el alto grado de abstención —55% de los guatemaltecos no acudieron a las urnas en esta segunda vuelta— una tendencia ya presente en 2019.
El amplio margen de la victoria de Arévalo con 58% de los votos frente a 37% para Sandra Torres, es una buena noticia en términos de gobernabilidad democrática. Hay poco espacio para la impugnación de los resultados o para un conflicto postelectoral con alta incertidumbre como el que vivió Guatemala tras la primera vuelta. Sin embargo, el proceso judicial contra Movimiento Semilla por supuesta falsificación de firmas continúa abierto y sin resolución. En términos judiciales, hay una zona gris inédita que podría derivar no solo en sanciones al partido en el poder, sino incluso en la cancelación de su personalidad jurídica. Las consecuencias políticas son de lo más inciertas por tratarse de una situación inédita, pero de progresar un fallo judicial contra Movimiento Semilla, probablemente se limitarían su capacidad legal para actuar en el Congreso como tercera minoría. Así pues, la sombra de la judicialización de la política está aún presente como factor de incertidumbre. En estas condiciones, el acompañamiento y la observación atenta por parte de la comunidad internacional resulta de vital importancia. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
