Este artículo documenta los conflictos sociales y ambientales alrededor del controversial proyecto de infraestructura del Presidente Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.
Texto de Ky Miller & Greenpeace Mexico 15/08/23
Este artículo documenta los conflictos sociales y ambientales alrededor del controversial proyecto de infraestructura del Presidente Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.
*Este artículo fue publicado originalmente para Greenpeace México como una serie de tres partes.
El llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha enfrentado con asociaciones de la sociedad civil, organizaciones ambientales internacionales y el propio sistema judicial del país desde que el proyecto comenzó formalmente en junio de 2020. Tres años y 10 millones de árboles talados después, el tren de López Obrador avanza a todo vapor en medio de batallas judiciales irresueltas y la condena internacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administra los 1,525 kilómetros de ferrocarril de media velocidad. Sus siete vías férreas atraviesan cinco estados —Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo— y 2,87 millones de hectáreas de selva en la península de Yucatán.
En 2022, López Obrador declaró que el proyecto era una cuestión de seguridad nacional para eludir las salvaguardas sociales y ambientales y evadir las medidas cautelares del propio sistema judicial de México. Un año después, la SEDENA tomó el control.
Dieciséis estaciones y doce paradas crearán nuevos núcleos urbanos en áreas rurales que López Obrador espera que traigan “orden social y territorial” a la región al catalizar el desarrollo inmobiliario, industrial y turístico en el sureste de México. La región tiene algunas de las tasas más altas de pobreza en el país.
Pero organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han arremetido contra SEDENA y FONATUR por lanzar la construcción sin Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) adecuadas, violando así la ley ambiental mexicana, los derechos de las comunidades indígenas mayas a la consulta previa, libre e informada y a un medio ambiente sano y amenazando el diverso patrimonio biocultural del país.
Afectaciones ambientales desconocidas siguen generando controversia
A partir de 2023, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil han presentado más de 50 amparos contra los siete tramos con el fin de frenar la construcción. Muchas medidas cautelares se refieren a que la ruta del tren pasará a través de 20 áreas naturales protegidas en el segundo bosque tropical más grande de América Latina, la Selva Maya, que amenaza con causar daños potencialmente irreversibles a los ecosistemas regionales y la mayor reserva de agua dulce de México.
El tramo cinco, que va desde Cancún hasta Tulúm y atraviesa delicados ecosistemas de cuevas y selvas que alimentan el acuífero de Yucatán, ha sido un punto de conflicto para tales batallas legales.
Organizaciones ambientalistas como Cenotes Urbanos, Greenpeace y Sélvame del Tren están alertando que el suelo kárstico de la región, lleno de huecos y compuesto de caliza blanda que se disuelve en el agua, colapsarán bajo el peso del tren de velocidad de 120 km/h a 160 km/h. Incluso en las Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas por FONATUR se mencionan riesgos de colapso.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) admitió que la construcción entre Playa del Carmen y Tulum podría tener “impactos críticos” por colapsar los sistemas de cuevas, alterar el flujo de agua y amenazar la salud de las poblaciones de jaguares, que están en peligro de extinción.
Los colapsos y la contaminación por diésel amenazan el agua limpia para más de 1,8 millones de ciudadanos de Quintana Roo en una región que ya enfrenta graves sequías y sobreconsumo por turismo. Ya se han documentado varios colapsos.
Grupo México, una de las principales agencias de construcción del tramo cinco, citó la “inviabilidad técnica” de construir de manera segura la sección del tren antes de la fecha límite y se retiró del proyecto en 2023.
En 2023, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) alteró la ruta del tren para elevar 42 kilómetros de vías por encima de los frágiles ecosistemas subterráneos, pero aún no ha proporcionado Manifestaciones de Impacto Ambiental que examinen los efectos de embutir pilotes de concreto y metal a través del acuífero poco profundo.
“La gran pregunta es: ¿qué va a pasar con al menos nueve mil pilas dentro del acuífero en suelo kárstico?” imploró Guillermo D’Christy, espeleólogo y especialista de calidad del agua en Playa del Carmen. “Tenemos derecho a saber qué va a pasar.”
En Calakmul, Campeche, el tren fragmenta por la mitad un sitio considerado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Las comunidades permanecen en la oscuridad respecto a los posibles impactos sociales y ambientales de la construcción y el esperado auge del turismo.
La Reserva de la Biosfera de Calakmul, de 723 mil hectáreas, alberga un antiguo sitio arqueológico maya que habitan más de 350 especies de aves y varias especies en peligro crítico, como jaguares, tapires y pecaríes de labios blancos. Pronto, también será el hogar de un hotel y casino de 150 habitaciones.
Se proyecta que las tasas de visitas en Calakmul se dispararán de 40 mil a alrededor de tres millones de turistas por año, pero todavía no hay información detallada disponible sobre cómo los pueblos locales —que apenas racionan los suministros de agua y tienen problemas en tratar las aguas residuales y la basura— van a recibir el desarrollo en la región. El ruido continuo y la contaminación provocada por la construcción también están afectando las rutas de la vida silvestre y amenazan con desplazar a una de las poblaciones de jaguares más importantes de Centroamérica.
El Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX) y Salva la Selva entregaron una carta a la SEMARNAT denunciando los impactos ambientales no estudiados del tren en 2020.
“Debido a lo poco que sabemos, el proyecto del Tren Maya y las obras relacionadas implican numerosos riesgos e impactos ambientales para todo el sureste mexicano, donde vivimos, un área de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la Selva Maya, el acuífero y la biodiversidad,” advirtió la carta. Más de 268 mil personas firmaron la carta en apoyo.
“De las decisiones que tomemos hoy como humanidad depende la preservación de los ecosistemas como los conocemos ahora,” dijo Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace México. “La Selva Maya es uno de los pulmones más importantes que tenemos en México que nos permite enfrentar el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, no podemos destruirlo con una falsa idea de desarrollo que afectará a todo un continente.”
ONU y asociaciones de sociedad civil documentan violaciones de derechos humanos mientras la construcción continua
“El Estado mexicano debe reconocer irrefutablemente la violación de los Derechos de la Naturaleza y de los derechos humanos individuales, colectivos y bioculturales del pueblo Maya”, exigió un panel de cinco jueces tras 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y testigos expertos durante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
El Tribunal de marzo de 2023 fue el más reciente caso de una larga serie de críticas impuestas contra el Tren Maya por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En un comunicado de prensa de 2022, los Relatores de Derechos Humanos de la ONU y expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos advirtieron que el tren pone en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales; los derechos culturales; y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
Más de la mitad de la ruta del tren atraviesa 177 territorios indígenas de propiedad y administración comunal y el gobierno está expropiando terrenos ejidales para las vías del tren.
En Campeche, FONATUR cambió la ruta del tren dos veces después de la reacción violenta que se tuvo por el desplazamiento forzado de 300 familias, mientras que la deforestación y la construcción de hoteles en la Reserva de la Biosfera de Calakmul y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO continúan en desacato a la suspensión definitiva otorgada en 2020.
Desde el principio, el trato del gobierno a los pueblos indígenas ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos.
En noviembre y diciembre del 2019, FONATUR y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llevaron a cabo un proceso de consulta con 15 asambleas regionales en comunidades indígenas a lo largo de la ruta del Tren, pero la ACNUDH de México determinó que el proceso violó estándares internacionales. La ACNUDH denunció la traducción del material a lenguas indígenas en el proceso, la limitada participación de la comunidad y la información imparcial o falsa sobre los posibles impactos negativos del proyecto.
“Las personas de las comunidades expresaron su acuerdo con el proyecto como un medio para llamar la atención sobre sus necesidades básicas como el agua, la atención médica, la educación, el empleo, la vivienda, y un medio ambiente y una cultura saludable”, se lee en la comunicación oficial. “Esta lógica afectó el carácter ‘libre’ de la consulta.”
Las organizaciones de derechos humanos también han condenado el papel del Secretario de Defensa en la construcción y operación del tren y la supuesta intimidación de comunidades y activistas por parte de los militares. Según los informes de Mongabay, algunos miembros de las comunidades que participaron en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza tenían miedo de dar testimonio público, mientras que otros participantes en la comunidad de Señor informaron haber sido acosados por miembros de la Guardia Nacional.
“Aun cuando esté todo en contra, aun cuando haya tanta violencia encima de nosotros, estamos exigiendo nuestros derechos como pueblos indígenas,” dijo Aldair T’uut’, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, que participó en el Tribunal.
El año pasado México fue nombrado el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales.
“Hay una descalificación de lo que nosotros estamos protegiendo y estamos exigiendo, pero no podemos dejar de resistir, no podemos dejar de defender nuestro territorio”, enfatizó.
Miembros del movimiento nacional e internacional, El Sur Resiste, también describieron “el constante hostigamiento a nuestra caravana por parte de los cuerpos policiales y militares del Estado mexicano” mientras recorrían siete estados del sureste para crear conciencia sobre los impactos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en abril y mayo de 2023.
En mayo de 2023, la Corte Suprema de México dictaminó que la designación del tren por parte de López Obrador como cuestión de seguridad nacional fue inconstitucional, pero el presidente reforzó y amplió la designación para incluir toda la construcción relacionada con el tren, los aeropuertos regionales y el Corredor Interoceánico controlado por la Armada de México. El Corredor Interoceánico conectaría el Tren Maya con una serie de diez parques industriales, minas, la refinería de petróleo Dos Bocas y el gasoducto Puerta al Sureste, el último de los cuales es el objeto de una campaña en curso de Greenpeace.
“La decisión de reiniciar las obras del Tren Maya por parte del Ejecutivo Federal no implica la supervivencia de la nación y del Estado mexicano, ni el respeto a los derechos humanos,” criticó una declaración de 2022 del CEMDA. “Por el contrario nos aproxima a la incertidumbre, a la flagelación del Estado democrático y al debilitamiento de las instituciones del país en menoscabo de los derechos humanos ambientales.”
Comunidades Mayas y grupos ambientalistas se organizan mientras López Obrador prepara lanzar el Tren mal llamado Maya
López Obrador insiste que el proyecto se lanzará en diciembre de 2023: “llueva, truene o relampaguee.” Pero movimientos y organizaciones nacionales e internacionales como Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos, La Asamblea Múuch’ Xíinbal, Greenpeace México, El Sur Resiste y muchos otros defensores ambientales no han flaqueado en su oposición.
“[Esta manifestación] no es en contra de un tren, no es en contra del desarrollo, no es en contra de la gente que procura trabajo y bienestar en todo este sentido” explicó el arqueólogo Octavio del Río, un miembro de Cenotes Urbanos. “Sino es en contra de dónde lo están poniendo, en dónde lo están direccionando.”
Del Río y otros miembros de Cenotes Urbanos se reunieron afuera de una entrada a la sección sur del tramo cinco el tres de junio, justo antes del Día Internacional del Medio Ambiente designado por las Naciones Unidas. Los activistas buscaron reunirse con Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, para discutir la falta de transparencia con respecto a los impactos ambientales de rellenar delicados ecosistemas de cuevas con escombros industriales, la deforestación en curso y la construcción sobre el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo: el Acuífero Sac Aktun.
Cuando el gobernador no se presentó, los activistas formaron pacíficamente una cadena humana y detuvieron la maquinaria durante varias horas.
Un fallo de mayo de 2023 del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán detuvo la deforestación en la sección norte del tramo cinco (Cancún-Playa del Carmen), así como en los tramos tres (Calkiní-Izamal), cuatro (Izamal-Cancún) y seis (Tulum-Bacalar) en áreas que no están autorizadas por cambios en el uso de suelo. Sin embargo, el trabajo continúa en la sección sur del tramo cinco y la construcción ya ha talado cientos de miles de árboles en otros tramos.
La ola de activismo en el tramo cinco y en toda la Península ha sido liderado por organizaciones de base y pueblos indígenas como el movimiento nacional e internacional El Sur Resiste, CRIPX y La Asamblea Múuch’ Xíinbal.
La Caravana de El Sur Resiste viajó a través de siete estados del sureste para crear conciencia sobre los posibles impactos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en abril y mayo de 2023.
Tras el final de la Caravana en mayo, El Sur Resiste imploró a los activistas que participaran en una acción global “para denunciar la violencia del Estado en los territorios del Sur-Sureste” que se llevará a cabo el 12 de octubre de 2023.
“La memoria histórica que nos han heredado los abuelos ahí está. Está durmiendo todavía la dignidad del pueblo Maya y hay que despertar esa dignidad para poder defender lo que es nuestro,” dijo Alexis Jooy Juuj, integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal. “¿Y qué es lo nuestro? Pues es nuestro territorio.”
La declaración final de la Caravana El Sur Resiste encarnó el espíritu de resistencia que los defensores de territorios indígenas y el medio ambiente han extendido por México y el mundo desde el inicio del Tren Maya: “Mientras ustedes destruyen, nosotros construimos.”EP
¡TOMA ACCIÓN! – PETICIONES DE GREENPEACE:
DOPSA, S.A. DE C.V
