La transformación política de una nación alude no sólo a lo material y a las instituciones. Una nación también se constituye por la axiología que la gobierna, por los valores que los ciudadanos enarbolan, por sus creencias, demandas y exigencias. En palabras de Tocqueville, incluso los sueños de los ciudadanos determinan el destino de un país. México no es la excepción.

Así como la democracia ha sido una construcción sucesiva en la cual primero se inventó la individualidad, después la secrecía, un gran invento, y lentamente se fue universalizando el voto hasta alcanzar a los jóvenes y las mujeres, también el Estado de derecho supone una marcha de pasos que se suceden. El respeto a la legalidad, la aplicación de las normas sin miramientos, no como excepción sino como regularidad predecible, constituyen el tejido esencial de ese ámbito que llamamos Estado. Los ciudadanos que caminan presurosos a su trabajo parten de la creencia de que la libertad de tránsito los acoge. La seguridad de personas y hogares, de las familias, pero también de las empresas y de las inversiones, conforman ese horizonte de certidumbre necesaria para la vida cotidiana y para la edificación de eso que llamamos mediano y largo plazo.

Partimos de un supuesto esencial: quien violente la ley sufrirá las consecuencias. Ése es el origen del pacto que da vida a cualquier Estado democrático y apegado a derecho. Sin ese eslabonamiento obligado —ilegalidad luego aplicación de la ley— el Estado de derecho es una entelequia. Aun peor, allí donde la ley no se cumple en sus grandes derroteros, se genera un incentivo perverso: la opción de la ilegalidad puede ser una forma de vida más barata, puede brindar riqueza inmediata, puede ser atractiva para que las pasiones humanas galopen sin brida. Como lo describiera Norbert Elias, la civilización supone un acto de autocontención y la certidumbre de que ante la ilegalidad el Estado actuará.

Por desgracia en México no es así. La ilegalidad se ve premiada por la omisión, por la negligencia, por la colusión y corrupción de ciudadanos y autoridades. Los niveles de impunidad alcanzados en todas las áreas nos hablan de una deformación monstruosa. Un país regido por la impunidad simplemente no puede ambicionar un futuro de paz, de prosperidad y de libertades.

Es por ello que un grupo de mexicanos* —en el que me incluyo— se ha reunido para dar vida a un proyecto de información, pensamiento y acción que combata la impunidad. Impunidad Cero nace dentro de la Fundación Este País, institución con 15 años de vida que abrió sus puertas al proyecto. Los miembros del Consejo que me honro en presidir han sido invitados a título de ciudadanos, todos comparten la misma preocupación y quieren ocuparse. Todos los miembros tienen exactamente el mismo peso en el Consejo. Los recursos que financian Impunidad Cero provienen de las generosas donaciones de varios de ellos, quienes sin embargo solicitaron participar en un cuerpo colegiado de pares.

Impunidad Cero nace entonces para descubrir, delatar, denunciar y combatir este flagelo que abraza a la sociedad mexicana. Está en nuestra convicción compartir batallas con todo tipo de instituciones que se encuentran en la misma línea. El territorio es, por desgracia, tan amplio que deberíamos pensar en un movimiento que convoque a ciudadanos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos y, en general, a la sociedad mexicana, a dar un vuelco radical en nuestra actitud hacia la impunidad.

Cero tolerancia a la impunidad, Impunidad Cero. EstePaís

Federico Reyes Heroles es director fundador de la revista Este País y fue presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente libro es Orfandad (2015). Es columnista del periódico Excélsior.

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

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