La esencia de la reforma de procedimientos penales en México En los últimos 10 años, México se ha dado a la tarea de transformar la administración de justicia en el sistema penal. Comenzó en los estados de Chihuahua y Nuevo León, y para junio de 2016 todo el país y todos los crímenes serán gobernados […]
Texto de Ernesto Canales Santos 22/02/16
La esencia de la reforma de procedimientos penales en México En los últimos 10 años, México se ha dado a la tarea de transformar la administración de justicia en el sistema penal. Comenzó en los estados de Chihuahua y Nuevo León, y para junio de 2016 todo el país y todos los crímenes serán gobernados […]
En los últimos 10 años, México se ha dado a la tarea de transformar la administración de justicia en el sistema penal. Comenzó en los estados de Chihuahua y Nuevo León, y para junio de 2016 todo el país y todos los crímenes serán gobernados por un nuevo conjunto de leyes. Estos cambios fueron la conquista de organizaciones de la sociedad civil que realizaron una campaña masiva, denunciando los defectos del sistema penal mexicano; más de 200 académicos e instituciones sin fines de lucro trabajaron para documentar esos males y la manera en que podían ser corregidos. Hace 20 años un grupo privado de abogados, organizados en la ong Renace y abrumados por la corrupción rampante y la baja calidad del sistema de justicia prevaleciente, decidieron apoyar a prisioneros que no podían pagar una defensoría privada, asistiéndolos ante la injusticia; lo anterior permitió a una institución civil aprender cuáles eran los recovecos del sistema criminal mexicano.
Existen estadísticas clave que reflejan lo desastroso de la situación: (a) debido a la falta de confianza, solo 15% de los crímenes eran denunciados; (b) menos del 1% de los criminales terminaban en prisión con una sentencia que los culpara porque el sistema no podía procesar los casos adecuadamente, y (c) más del 60% de los prisioneros fueron acusados por crímenes menores a 200 usd y pasaban un promedio de seis meses tras las rejas.
No se necesitó mucho tiempo para que Renace se convenciera de que, para terminar con las injusticias y superar las fallas del sistema, se necesitaba implementar nuevas reglas. El trabajo de concientizar al público en general de la necesidad del cambio se convirtió en parte integral de los esfuerzos: la voluntad política para emprender los cambios vendría únicamente cuando la opinión pública lo demandara, de manera que Renace la creó. Más adelante se describen algunas de las principales fallas del viejo sistema y cómo pretende corregirlas la reforma.
En el viejo sistema, la ley otorgaba a los fiscales derechos que efectivamente les daban el control sobre los resultados de los procesos criminales, tales como la capacidad de ordenar a los jueces que consideraran la evidencia presentada por ellos como de mayor credibilidad que aquella presentada por los acusados, de manera que el entorno para los acusados y las víctimas en materia penal no era justo. Más aún, en el viejo sistema, los fiscales, al ser la parte investigadora del procedimiento, podían decidir unilateralmente qué evidencia podía formar parte del caso. Estos poderes “superiores” de los fiscales estaban sujetos a intereses políticos o monetarios, de tal modo que la corrupción y la impunidad podían entrar de manera fácil y legal al proceso de decisión de cualquier caso penal.
El nuevo sistema considera varios tipos de procedimientos, dependiendo de la complejidad de los casos, a diferencia del viejo sistema, en el que todos los crímenes eran sometidos al mismo procedimiento universal: las mismas reglas eran aplicadas a un homicidio y al robo de un celular. En la actualidad, los casos relacionados con primeras ofensas, crímenes pequeños no violentos y daños reparables pueden ser resueltos por negociaciones cuadrilaterales: fiscales, acusados, víctimas y jueces. Con este método, más de 90% del total de los casos pudieron ser resueltos en cuestión de días o semanas, no en meses o años. Para crímenes graves, el sistema ordena juicios públicos presididos por un panel de tres jueces donde toda la evidencia debe ser presentada de manera continua.
Las viejas reglas también carecían de un sentido general de continuidad en el proceso. La historia y los hechos del crimen se perdían en múltiples instancias separadas en las que no se requería que el juez estuviese presente: se deliberaba sobre una pila de documentos. Otra estadística abrumadora: más de 85% de los prisioneros nunca enfrentaron a su juez, que se encontraba lejos de los hechos y las circunstancias de los casos.
Las reglas del nuevo sistema implican un gran paso en el cambio de enfoque del sistema penal mexicano: se está revirtiendo el orden de la forma sobre la sustancia. Las negociaciones cuadrilaterales, los juicios orales para casos relevantes y otras muchas características del nuevo sistema están orientadas a brindar mayor importancia a la sustancia del asunto, más que a su formalidad. En el viejo sistema, los jueces eran sobre todo un punto de control que revisaba que todas las formalidades fueran cumplidas por las diferentes autoridades, en lugar de ser impartidores de justicia, con fundamento en los méritos del caso en cuestión.
Entre 150 y 250 mil prisioneros están cumpliendo condena sin haber sido encontrados culpables. En el viejo sistema, el principio de “presunta inocencia” era intercambiado por un concepto que permitía a los fiscales pedir encarcelamiento como una medida preventiva. Las viejas reglas incluso ordenaban prisión obligatoria, sin juicio, para una lista de crímenes que crecía cada año —más de 50 según la última cuenta—, de los cuales algunos no representaban un verdadero peligro para la sociedad. El encarcelamiento era muy expedito, ya que no se necesitaba una investigación exhaustiva para que las autoridades penales determinaran su necesidad. Una vez que el acusado estaba en la cárcel, el desarrollo de un juicio podía tomar años, de acuerdo con un proceso que no estaba estrictamente regulado por la ley. Esta capacidad de mandar a prisión a alguien sin mayores consecuencias creó un sistema de corrupción. Ahora, las nuevas reglas limitan la aplicación de la prisión preventiva a criminales peligrosos únicamente.
El nuevo sistema creó un juez para casos carcelarios; esto significa que el control y la responsabilidad de las prisiones ya no descansan solo en la policía y las fuerzas de seguridad. De ahora en adelante los detenidos tienen acceso al sistema judicial para los crímenes relacionados con el cumplimiento de sus respectivas sentencias. El estado de las prisiones mexicanas exigía un nuevo conjunto de reglas que pudiera poner fin a las ilegalidades por las que estaba adquiriendo fama mundial. La participación del sistema judicial en estos asuntos no pone un fin inmediato a la horrenda situación actual, pero es un buen comienzo para generar un mejor ambiente.
Los cambios en las reglas que se aplicaban a los procesos penales hicieron evidente que también se necesitaba una modificación en las áreas de apoyo respectivas, para que la reforma tuviera los efectos deseados. Entre las áreas más relevantes se mencionan los siguientes tres pilares:
1. Profesionalización de las fuerzas policiacas, las cuales son un elemento clave, ya que ahora forman parte integral de los procesos de investigación.
2. Los juicios orales requieren un nuevo conjunto de reglas con respecto a los diferentes elementos que los componen: policía, fiscales, defensores públicos, autoridades de prisión y del Poder Judicial. La cadena debe funcionar de tal manera que todos busquen el mismo resultado: justicia para cada acción criminal. Los jueces necesitan pensar en ellos mismos como la instancia final para hacer justicia en México. Su autonomía constitucional no implica un autismo hacia las necesidades de la sociedad.
3. Las prisiones deben quedar libres de ilegalidades; es inaceptable que en esos lugares de confinamiento las autoridades no puedan ejercer la ley y que existan cárceles bajo el control de grupos criminales. Adicionalmente, se necesita implementar políticas públicas para crear un programa nacional de educación para prisioneros que les permita tener una vida normal después de haber servido su condena.
La aplicación del nuevo sistema en algunos estados por más de 10 años ha arrojado datos duros que muestran cambios positivos de tremenda importancia para el país:
a. Ochenta por ciento de los prisioneros que recibieron una sentencia en 2014 en el Distrito Federal —entidad que no ha implementado la reforma— consideraron haber recibido una pena injusta, mientras que solo 40% de los prisioneros en los estados con el nuevo sistema pensaron igual.
b. Las denuncias de crímenes se han incrementado de 15% (media nacional) a 35% en los estados con reforma.
c. El tiempo que transcurre entre la detención y la sentencia ha decrecido de meses a días o semanas para los crímenes menores y de años a meses o semanas para los crímenes graves.
La reforma no fue resultado de una lucha entre corruptos y honrados. Las organizaciones civiles discutieron y dieron razones y datos, mismos que usaron como armas en varias reuniones con actores clave de la escena política, social y penal. Igualmente, se realizaron foros, seminarios y conferencias para transmitir las razones y procedimientos de los principales aspectos de estos cambios. Un factor clave fue, y sigue siendo, la diseminación social de la reforma, que ha dado poder e influencia política sobre los partidos y funcionarios públicos para el emprendimiento de los cambios. El documental Presunto culpable, en el que se habla del caso de un inocente que estuvo en prisión tres años, fue visto por 20 millones de mexicanos.
Se deben implementar varias leyes nuevas para completar el marco legal y para que la reforma funcione completamente. Los pilares referidos antes requieren de una mayor atención e inversión. Solo las sociedades civiles pueden brindar una perspectiva política, la cual pierden los funcionarios públicos que no tienen un interés permanente en estos asuntos. Las acciones penales son tan complejas que no pueden ser responsabilidad exclusiva de las autoridades.
DOPSA, S.A. DE C.V
