Presentamos algunos resultados destacados del estudio Libertad de Expresión y Ejercicio del Periodismo en México, encuesta nacional aplicada a periodistas y editores en el 2016.
Texto de Eduardo Bohórquez 19/08/17
Presentamos algunos resultados destacados del estudio Libertad de Expresión y Ejercicio del Periodismo en México, encuesta nacional aplicada a periodistas y editores en el 2016.
En la cultura popular lo llamamos círculo vicioso y, como todos los círculos, empieza nuevamente. Escuchamos del asesinato de un periodista en alguna de las entidades federativas del país. El dato nos encuentra pese a tratarse de sólo uno de los 24 mil homicidios registrados en México en el 2016.1
Tras una tardía e ineficaz respuesta política que intenta vincular el asesinato con alguna riña familiar o explicarlo porque el periodista “andaba en malos pasos”, de alguna manera logramos escuchar que “alguien” dará seguimiento al caso. Los gobiernos que han recibido mayor presión social y consiguen articular una respuesta más o menos institucional informan sobre el inicio de una investigación por una fiscalía especializada. Rueda de prensa. El tono mullido de siempre. La misma sensación. Una doble imagen recorre nuestra mente. Primero, sentimos que si se trata de un homicidio perpetrado por el crimen organizado no habrá responsables. Y luego, se presenta la pregunta obligada: ¿y si fuera una vendetta de funcionarios públicos por algún reportaje incómodo al poder? ¡Ah! Entonces, “seguro no habrá responsables”. Ojalá no se lo apunten a algún inocente, pensamos.
Meses después la presión mediática desaparece, las víctimas o sus deudos buscan recordarnos que el daño sigue ahí, aunque ya no recordemos el nombre del periodista asesinado. Si hay suerte, continúa la investigación. En la mayor parte de los casos, todo lo que escucharemos es el balbuceo de algún funcionario o fiscal. Ganar tiempo. O mejor dicho, perderlo. Las organizaciones de derechos humanos tratan de mantener vivo el caso e informarnos sobre los errores de la fiscalía, la debilidad del proceso, la falta de integridad de un juez. Las investigaciones se alargan, las elecciones regresan, el fiscal era un pillo, hay que cambiarlo. Volvemos a empezar. El círculo vicioso reinicia con más ruido, menos confianza, mayor desasosiego y una incredulidad tremenda en las instituciones del Estado. Un problema digno de una investigación como las que Impunidad Cero lleva a cabo.
Quienes ejercen la función periodística en México saben bien lo que pasará si son asesinados. No es un secreto. Hay muchas anécdotas al respecto, y muy buenas piezas periodísticas. Lo que nos faltaba era evidencia empírica de lo que piensan como gremio. Cuatro organizaciones (Freedom House, El Programa Prensa y Democracia [Prende] de la Universidad Iberoamericana, Parametría y Fundación Este País) emprendimos hace unos meses la tarea de diseñar y aplicar una encuesta sobre libertad de prensa y expresión que fuera respondida por reporteros, editores y dueños de medios de comunicación. Aunque hay trabajo previo desarrollado por la Universidad Iberoamericana en materia de libertad de expresión, ésta era la primera vez que se intentaba un ejercicio nacional de esta naturaleza. No fue fácil. En general, los medios no están acostumbrados a recibir preguntas. Los editores y los dueños mucho menos. Se ideó un operativo de campo con una muestra autoseleccionada para los periodistas y encuestas a profundidad para editores y dueños de medios de comunicación. Los resultados confirman en muchos sentidos el círculo vicioso descrito antes, pero también arrojan luz sobre las barreras que enfrentan, sus propias zonas grises en términos éticos y mucho que la autoridad podría utilizar para repensar su política pública en esta materia. Comparto aquí cuatro resultados que inauguran una conversación más amplia que nuestro país debe sostener si queremos romper el círculo vicioso de las amenazas a la libertad de prensa y expresión.
I. ¿Qué tan frecuentes son las agresiones y amenazas al trabajo periodístico?
El 61% de los periodistas encuestados declara haber recibido algún tipo de agresión física, psicológica o jurídica vinculada con la realización de su trabajo. 1 de cada 2 (50%) ha sido intimidado alguna vez por realizar su trabajo en su vida profesional. Aunque en principio las agresiones y amenazas podrían no ser equiparables con la crudeza de los rankings globales sobre número de periodistas asesinados en México en relación con países inmersos en conflictos armados o transiciones políticas, el hecho de que 6 de cada 10 periodistas encuestados declare haber sido víctima de amenazas y agresiones sigue siendo alarmante.
II. ¿Quién es el responsable de dichas agresiones o amenazas?
Al pensar en zonas de conflicto, o aquellas con presencia creciente del crimen organizado o del narcotráfico, la intuición nos haría pensar que son los cárteles u otras redes criminales quienes resultan más amenazantes al trabajo periodístico. Sin embargo, al preguntar a los medios sobre el origen de las amenazas y agresiones, 77% de los encuestados sospecha que éstas vienen del gobierno. Sólo 1 de cada 4 (24%) cree que las agresiones provienen del crimen organizado. El gobierno y sus funcionarios son la principal fuente de riesgo para el trabajo periodístico en México.
III. ¿A quién recurrir tras una agresión o amenaza a la libertad de prensa y expresión?
Si el gobierno es la principal fuente de amenazas al trabajo de la prensa, tal vez habría que recurrir a instancias especializadas del Estado mexicano, independientes o autónomas constitucionalmente, para investigar esas amenazas. Eso dicta la teoría. Para eso se crearon órganos constitucionalmente autónomos como las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos, e incluso ésa es la motivación para dar autonomía a las procuradurías o fiscalías generales. Lo que muestra la encuesta es que dado que el gobierno es la principal amenaza a estas libertades, el Estado, así, con mayúsculas, no resulta la fuente más confiable a la cual recurrir ante estas agresiones.
Los periodistas, como muchos ciudadanos, no confían en el gobierno, pero tampoco en las instituciones autónomas del Estado: 75% de los encuestados en todo el país considera que las leyes e instituciones creadas para proteger la libertad de expresión no funcionan, y ante una amenaza o agresión, 74% recurre a familiares y amigos en caso de ser víctima de situaciones de riesgo. Sólo 1 de cada 4 recurre a las comisiones de Derechos Humanos, y 1 de cada 5 a las autoridades federales. La red de protección familiar —una vez más y lamentablemente— funciona mejor que la red de protección que debería proveer el Estado para el cumplimiento de nuestros derechos.
IV. Una estrategia de supervivencia: la autocensura
El modelo mexicano de publicidad oficial, descrito cabalmente con la frase clásica del presidente López Portillo “no pago para que me peguen”, sigue siendo válido en muchos medios y latitudes del país. Sin embargo, es la combinación de este modelo, con las agresiones y amenazas descritas antes, lo que genera el verdadero efecto de control sobre la prensa mexicana: 93% de los encuestados (reporteros, editores, dueños) considera que hay autocensura en los medios de comunicación en México, y 40% que el área de publicidad participa en las decisiones editoriales.
Conclusión
Los principales resultados de la encuesta no revelan novedades, confirman intuiciones. Un gobierno amenazante, un Estado ineficaz para proteger derechos, medios que confunden publicidad con línea editorial y una amplia autocensura, cuatro componentes de un modelo que daña profundamente el ejercicio del derecho a una prensa libre y, por ende, el derecho de todos nosotros a la información
1 Contiene registros de mil 916 oficialías del Registro Civil, 416 agencias del Ministerio Público y 117 servicios médicos forenses que mensualmente proporcionaron información al INEGI.
DOPSA, S.A. DE C.V
