Las recientes declaraciones de la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en las que señala que en Estados Unidos tenían conocimiento de “las andanzas” y la corrupción de García Luna, y sugiere que el gobierno mexicano era consciente de lo mismo y aún así debían seguir trabajando con el entonces Secretario de Seguridad, y las reacciones posteriores de Lydia Cacho, el expresidente de Acción Nacional, Manuel Espino, y el propio presidente López Obrador han puesto de nuevo en el radar público la revisión de un capítulo crucial en la historia reciente de México: el calderonismo. Pese a que hay voces que buscan evitar el revisionismo cíclico de las administraciones pasadas, estos debates más bien parecen estar lejos de acabarse; el dolor de los años de la guerra contra el narco, las desapariciones y el desconocimiento sobre muchas de las razones por las cuales se decidió seguir con dicha estrategia, aún tienen vigencia en la vida pública de nuestro país.  

El calderonismo es el proyecto político que ha tomado, para mal, la decisión más trascendental de la reciente democracia mexicana: iniciar la guerra contra el narcotráfico. Tras la crispación social de las elecciones de 2006, el entonces presidente Calderón tomo la decisión política de desplegar toda la fuerza del Estado mexicano contra un enemigo hasta entonces difuso. 

Desde ese momento, el luto y la zozobra acompañan a familiares y amistades de más de 250 mil personas asesinadas y 61 mil desaparecidas. La política del calderonismo se fundamentó entonces sobre la aparente dicotomía entre la gente respetable y “los que andaban en malos pasos”, explicación normalmente dada por el expresidente cuando era cuestionado sobre el asesinato de civiles. Durante esa época, el país pasó de tener una de las tasas de homicidio más bajas de su historia al inicio del sexenio, con 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, a tener más de 20 hacia el final del mismo. A medida que la violencia subía y los asesinatos se descontrolaban, la infame respuesta de Calderón fue reconocer los “daños colaterales” de su estrategia. Los años que han seguido al sexenio de Calderón han estado marcados por la, hasta ahora, imposible misión de disminuir la violencia y los homicidios en nuestro país. 

Para mantener los fundamentos de su estrategia, el gobierno de Calderón llegó al extremo de montar las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, en 2009, como bajas del crimen organizado en un enfrentamiento armado. “Estaban armados hasta los dientes” dijeron entonces sobre un par de jóvenes, ambos estudiantes de excelencia, becados, que tuvieron la desgracia de salir de las instalaciones del TEC de Monterrey en medio de un operativo federal. (Documentado en Hasta los dientes, de Alberto Arnaut, 2018.)

Los fundamentos políticos del calderonismo han sido cuestionados desde entonces, pero sufrieron un claro revés en 2018 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes por miembros del Ejército Méxicano el 29 de diciembre del 2009, en Chihuahua. En la sentencia del caso Alvarado, la CIDH documenta de forma amplia la impunidad y las violaciones de derechos humanos que llevaron a la desaparición forzada en ese caso.

Después de más de una década, el crédito del que parte una estrategia a todas luces fracasada se basa en que, en el imaginario de algunas personas, Felipe Calderón “no se quedaba de manos cruzadas contra los criminales” o, lo que es muy parecido, que no negociaba con ellos. De comprobarse los vínculos entre Genaro García Luna y el narcotráfico, todos los fundamentos del proyecto político que sumergió al país en la mayor crisis de derechos humanos de la historia de México, se vienen abajo. 

Lo primero que merecemos saber para salir de la espiral de violencia iniciada en 2006 es si los argumentos que dieron pie a la guerra fueron ficticios. La verdad ha sido en todas partes del mundo el primer paso para aspirar a la justicia transicional y a la reconstrucción del tejido social. Además, es lo mínimo que las familias y amistades de las víctimas letales en nuestro país ensangrentado merecen y nosotros como mexicanos también. 

Por si esto no fuera suficiente, desmontar los mitos del calderonismo resulta fundamental para desactivar a aquellas apuestas políticas que se sostienen en los elementos más retrógradas del conflicto en México (pienso, obviamente, en México Libre). Esta es la visión de que la construcción de un país “seguro” se realiza, primordialmente, a partir de la violencia estatal, pasando por encima de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Si queremos iniciar un nuevo capítulo en la vida pública de México necesitamos conocer la verdad detrás de la guerra contra el narco, para cerrarle la puerta al calderonismo, de una vez y para siempre, y dedicarnos a sanar las heridas que nos dejó. EP

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