De qué hablamos cuando hablamos de (in)justicia ambiental

En este texto, Miguel Ignacio Rivas y Aminta Estrada desmenuzan lo que implica hablar de una justicia ambiental en sociedades injustas y desiguales.

Texto de and 09/05/22

En este texto, Miguel Ignacio Rivas y Aminta Estrada desmenuzan lo que implica hablar de una justicia ambiental en sociedades injustas y desiguales.

Si las condiciones dentro de una sociedad dada apoyan sistemáticamente a algunos,

pero obstaculizan a otros individuos o grupos con respecto a la prosperidad básica,

entonces esa sociedad es (…) injusta.

Fraser, 1995

En un día normal en la Ciudad de México suceden historias como esta: Tere es una persona que tiene como oficio el trabajo doméstico, desde hace años labora en diversos domicilios y ha ampliado su red de contactos por su honestidad y buenas maneras en los hogares a los que va. Cada martes le toca ir a una casa ubicada en la alcaldía Benito Juárez, ella vive en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Chimalhuacán. Tere sale a las 6 de la mañana para poder llegar puntual a las 9. En el camino compra unos chilaquiles y un atole para poder desayunar y no tener el estómago vacío. Llega tarde a su destino, ya que hay encharcamientos en todo el trayecto; los peseros apenas y pueden pasar en las avenidas. Saluda a su empleadora y esta le indica, de una manera sutil, que ha llegado tarde. Tere deja sus cosas y se dispone a desayunar para empezar sus labores. La dueña de la casa le pregunta por qué trae su atole y sus chilaquiles en platos desechables de unicel: “¿no sabes que el unicel contamina mucho?” Tere no contesta al comentario, cierra su cajita y se pone a trabajar.

Este suceso se replica en muchos sitios del país y, seguramente, también del mundo. De esta escena se desprenden reflexiones que se deben abordar: ¿quién es quién en la contaminación de la colonia, la ciudad, el país y el mundo? ¿Qué sectores de la sociedad contaminan más y cuáles son los más afectados por el cambio climático? Un estudio del Instituto de Investigación de Energía y Sostenibilidad de Groningen (2021) indica que sólo unos pocos concentran la mayoría de la riqueza total mundial, mientras que cientos de millones de personas viven en la extrema pobreza con menos de 40 pesos al día. El artículo explica que esta proporción se mantiene al analizar las huellas de carbono correspondientes, lo cual implica que la desigualdad económica es un impulsor real del calentamiento global. En términos numéricos, el 10% de la población emite el 48% de las emisiones a la atmósfera (Bruckner et al. 2021) .

Regresando a nuestra historia inicial, la empleadora de Tere vive en una zona económica clasificada por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) como “A/B”, lo cual indica que su nivel socioeconómico es alto; es decir que tiene capital humano, infraestructura sanitaria, capacidad de planeación de futuro, de compra de autos, viajes, internet, etc. Mientras tanto, Tere pertenece a un nivel socioeconómico “D” que indica algún tipo de precariedad en la mayoría de las dimensiones descritas anteriormente. Como consecuencia, su huella ecológica es significativamente menor.

“A la larga, las externalidades negativas del total de emisiones impactan a los más vulnerables, como consecuencia de un acceso marginal a servicios de salud, transporte o vivienda”.

Esto no quiere decir que la empleadora sea una mala persona, ni que Tere sea moralmente superior por contaminar menos; Tere consume el unicel porque es mucho más barato y su abanico de posibilidades de elegir productos menos contaminantes se reduce significativamente. La empleadora puede ser consciente de su responsabilidad ambiental, pero con un solo viaje en avión sería responsable de la misma cantidad de emisiones de las que Tere sería responsable durante todo un año. A la larga, las externalidades negativas del total de emisiones impactan a los más vulnerables, como consecuencia de un acceso marginal a servicios de salud, transporte o vivienda. Si bien Tere es responsable de menos emisiones contaminantes, esto no se verá reflejado en un menor riesgo para su salud y bienestar.

Estas circunstancias se repiten una y otra vez en un imaginario de continuas desigualdades y en el mecanicismo de la externalización de costos ecológicos, sociales y económicos. ¿Qué pasa cuando extrapolamos este fenómeno a niveles comunitarios e institucionales? ¿Quién o quiénes deberían asumir y compartir responsabilidades sobre el uso y manejo del recurso en cuestión? 

Un ejemplo más puntual, y en el cual los autores hemos estado inmersos en los últimos meses, es en el diseño y la redistribución del espacio vial en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (CU-UNAM). La CU-UNAM es el campus más grande de Latinoamérica. Tiene una superficie total de 730 hectáreas, de las cuales destina 112 hectáreas para los carros: vialidades, estacionamientos, bahías y accesos. Sin embargo, estas cifras no corresponden a las necesidades de las personas que la cohabitamos todos los días. Del total de la comunidad universitaria, únicamente 15% se mueve en carro, mientras que el otro 85% caminamos o utilizamos algún otro medio como el transporte público, a pie o la bicicleta ¿A quiénes beneficia la actual disposición del espacio universitario? Entendiendo el derecho a la movilidad como “el derecho de toda persona o colectividad a un sistema de movilidad de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo” (González et al. 2012), ¿cómo debería de definirse y redistribuir el espacio para que todas y todos tengamos el mismo acceso a este derecho tan básico?

La justicia ambiental va mucho más allá de la absolución de culpas y el señalamiento de responsabilidades. La justicia llega cuando la libertad alcanza a la individualidad y a la decisión de elección sin presiones económicas de por medio. Cuando la población que, como Tere, debe viajar diario desde el Estado de México a la ciudad, pueda acceder a un transporte público digno, seguro, eficiente y de calidad, y a un salario que no les ponga entre la espada y la pared al elegir dónde comprar su comida. Cuando al 85% de quienes visitamos CU-UNAM todos los días no nos enfrentamos a infraestructura deficiente que vuelva nuestro camino a las aulas toda una travesía, llena de carros avanzando a altas velocidades y cruces inseguros o inexistentes. 

“La psicología ambiental lo ha dicho desde hace ya varias décadas: las condiciones del ambiente pueden facilitar, en gran medida, los cambios en la conducta”.

La respuesta se encuentra en construir las condiciones que amplíen las posibilidades a aquellos más vulnerables. La psicología ambiental lo ha dicho desde hace ya varias décadas: las condiciones del ambiente pueden facilitar, en gran medida, los cambios en la conducta. En este sentido, varias encuestas han revelado que la mayoría de los automovilistas dejarían el carro si hubiera más opciones baratas, seguras, eficientes, cómodas y rápidas de transporte. Sin embargo, no se ven obligadas a hacerlo porque su condición económica les permite seguir utilizando el carro. Imaginemos el potencial que tienen las calles de nuestra universidad para brindar un espacio incluyente, accesible y usable para todas y todos, en donde al 85% que no usamos carro nos devuelvan el pedazo que nos corresponde del pastel que es nuestro campus universitario.

Es verdad que los países en desarrollo experimentan una alta inmadurez institucional y democracias jóvenes, lo que se traduce en deficiencias en la asignación del presupuesto y de prioridades. El politólogo de la Universidad de Cambridge, David Runciman, plantea en su libro Política (2014) una pregunta básica: ¿cuál es la diferencia de vivir en Siria o Dinamarca? El contexto histórico en el cual escribió el libro se sitúa en una Siria que vivía una gran incertidumbre política en medio de una guerra civil religiosa y por el control de sus recursos naturales. En contraste, Dinamarca era y sigue siendo un ejemplo de orden institucional, y políticas públicas sociales envidiables, aunque empresas danesas transnacionales hagan lo que quieran con los recursos naturales en países con vacíos legales en sus regulaciones ambientales. Esta circunstancia toma especial relevancia cuando comenzamos a sufrir las consecuencias de las transformaciones al sistema de soporte vital que soporta a toda la biósfera (Folke et al. 2021).  De acuerdo con un artículo publicado en The Economist aproximadamente el 10% de las corporaciones mundiales genera el 80% de todas las ganancias a nivel mundial; una gran desproporción que explica por qué las emisiones de carbono están tan concentradas en el último decil de la población mundial.

“Es necesario cuestionar privilegios y reconocer la influencia social que tienen nuestros comportamientos cotidianos sobre nuestra comunidad; diversos estudios han descrito cómo las decisiones individuales pueden tener un efecto importante en las decisiones de las personas que nos rodean y con las que compartimos esta ciudad”.

Es claro que las emisiones a la atmósfera no son una responsabilidad uniforme para la humanidad. ¿Qué les toca a aquellos que tienen la solvencia económica para elegir entre envases reciclables y de unicel, o entre usar bicicleta y carro? Es necesario cuestionar privilegios y reconocer la influencia social que tienen nuestros comportamientos cotidianos sobre nuestra comunidad; diversos estudios han descrito cómo las decisiones individuales pueden tener un efecto importante en las decisiones de las personas que nos rodean y con las que compartimos esta ciudad. Es necesario reconocer que ocupan una posición cómoda que la mayoría de las personas no ocupan, y deben estar dispuestos a ceder comodidad a cambio del bien común. Esto no significa que la empleadora no deba viajar nunca más o que se cierren todos los carriles para carros en Ciudad Universitaria. Significa que el bien común amplía posibilidades presentes y futuras para todas y todos. 

¿Qué les toca a quienes ven sus libertades de elección reducidas? ¿Qué les toca a ambos grupos? Es necesario hacerles saber a los tomadores de decisiones el alto costo político de sus (in)acciones. 

Hemos hablado de las relaciones diferenciales de poder e (in)justicia ambiental entre personas, países e instituciones. Sin embargo, no hay que olvidar que estas relaciones de privilegio y poder también se replican entre empresas y corporaciones. En un estudio hecho por investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo (2019), se describe cómo un número pequeño de compañías controla la producción de recursos por sectores primarios:  el 80% de la producción planetaria de pesticidas lo controlan sólo cuatro empresas en el mundo, mientras que otras cinco compañías controlan cerca de 90% de la producción mundial de aceite de palma. Claramente el dominio de unas cuantas corporaciones transnacionales representa una amenaza directa para la sostenibilidad del planeta, económica y natural. Son ellos quienes determinan y fijan precios bajos en el mercado global, evitando sistemáticamente la diversidad y auge de nuevas de empresas y proveedores, aniquilando la competencia y la oferta de calidad al consumidor. 

Nuevas prácticas mercadológicas sostenibles e innovadoras son necesarias, donde las empresas transnacionales sean líderes de una gestión corporativa de la biósfera y tomen la iniciativa de administrar los recursos de otra manera. El cambio sería radical y producirían para el bien común.

Es claro que todos los ejemplos descritos indican que nuestra especie es una impulsora que está minando el sistema de soporte vital de la biósfera. También existe la evidencia de que no todos los seres humanos tenemos la misma responsabilidad sobre la fuerza que representa este impulso, de ahí las injusticias ambientales. Desde los países desarrollados, ciudades, instituciones y personas que ejercen su poder desde su privilegio, hasta las corporaciones que determinan dinámicas negativas para la sostenibilidad del planeta; todos representan una gran oportunidad para transitar hacia el diseño de políticas públicas influyentes en nuestro bienestar y nuestra viabilidad como especie en el planeta. Sobre todo, diseñar en función de los ecosistemas y la disminución de las desigualdades, para que las personas como Tere y las próximas generaciones gocen del derecho humano al medio ambiente sano, asequible y duradero. EP


Bibliografía

Bruckner, Benedikt et al. 2021. “Impacts of Poverty Alleviation on National and Global Carbon Emissions”. EnerarXiv. https://www.enerarxiv.org/page/thesis.html?id=3160.

Folke, Carl et al. 2019. “Transnational corporations and the challenge of biosphere stewardship”. Nature Ecology & Evolution 2019 3:10 3(10): 1396–1403. https://www.nature.com/articles/s41559-019-0978-z (el 26 de abril de 2022).

———. 2021. “Our future in the Anthropocene biosphere”. Ambio 50(4): 834–69. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-8 (el 14 de junio de 2021).

González, Luis et al. 2012. “Reporte especial sobre el derecho a la movilidad en la Ciudad de México, Comisión de derechos humanos del Distrito Federal”.

Runciman, David. 2014. Politics. ed. Turner. España: Profile Books.
Wooldridge, Adrian. 2016. “The rise of the superstars”. The Economist 420(9007): 1–16. https://www.economist.com/special-report/2016/09/15/the-rise-of-the-superstars (el 28 de abril de 2022).

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