Entre 2000 y 2025, la política mexicana atravesó un periodo de transformaciones profundas y ambivalentes. Lejos de avanzar en línea recta, el país transitó por una secuencia de aperturas, retrocesos y reajustes que desbordaron las narrativas clásicas de la transición democrática. La alternancia generó expectativas de normalidad; la experiencia posterior, sin embargo, reveló límites persistentes. Con el tiempo, México fue dando forma a un régimen híbrido: competitivo en las urnas, atravesado por la violencia y marcado por la captura del Estado por élites.
En ese trayecto, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador representó un punto de inflexión al reorientar la acción del Estado hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad. Con Claudia Sheinbaum se abre una nueva etapa, definida por la posibilidad de consolidar esa inclusión social y fortalecer las capacidades estatales.
Los siete momentos que siguen permiten recorrer ese proceso y explicar por qué la promesa democrática se frustró temprano —y por qué aún existe margen para corregir su rumbo—.
1. La alternancia y la traición inaugural – 2000
El año 2000 suele narrarse como el inicio exitoso de la transición democrática mexicana. Esa lectura es indulgente y no resiste una mirada crítica. Es cierto: la alternancia abrió una oportunidad histórica real, pero también inauguró una cadena de renuncias políticas que terminaron por vaciar de contenido a la democracia naciente.
La llegada de Vicente Fox a Los Pinos representó la posibilidad de desmontar, desde el poder, los pilares autoritarios del viejo régimen. Fox prometió investigar los crímenes del pasado y reformar a las fuerzas armadas. No hizo ni lo uno ni lo otro. En nombre de una transición sin conflicto, pactó con las viejas élites políticas y económicas. A ello se sumó otra decisión histórica —nunca suficientemente explorada—: el malgasto de la renta petrolera en un contexto de precios excepcionalmente altos, sin traducir ese ingreso en capacidades estatales duraderas.
La presidencia de Fox fue la peor del periodo 2000-2025. Su proyecto fue uno sin memoria, sin justicia y sin sentido histórico. Una enorme traición.
2. El desafuero y la ruptura del pacto democrático – 2004 y 2005
El intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador fue la confirmación de esa traición. El uso de herramientas legales e ilegales para excluir a un adversario competitivo reveló hasta dónde estaban dispuestas a llegar las élites para conservar el poder que, en rigor, no cambió de manos en el año 2000.
El desafuero desmontó un compromiso fundamental: la confianza mínima en que la competencia democrática podía sostenerse sobre reglas aceptadas por todos, incluso cuando el candidato en cuestión provenía de la izquierda y encarnaba un proyecto de nación distinto. Su corolario fue la elección de 2006, atravesada por irregularidades, opacidad y una herida de legitimidad que nunca cerró. Desde entonces, la sospecha se volvió una constante. Aquí —también— hay un gran responsable: Vicente Fox.
3. La guerra contra el narcotráfico como giro de régimen – 2006
La respuesta de Felipe Calderón a la crisis de legitimidad heredada fue recurrir a la fuerza como principio ordenador. El contexto, conviene reconocerlo, no era sencillo. Desde al menos 2005 comenzaban a consolidarse organizaciones criminales cada vez más complejas y mejor armadas, alimentadas por el flujo sostenido de armas provenientes de Estados Unidos tras la flexibilización de su marco legal.
Antes de volverse plenamente visible en las cifras, la violencia ya avanzaba, el control territorial se erosionaba y el Estado comenzaba a perder capacidad de respuesta.
La decisión de militarizar la seguridad pública, sin embargo, produjo un giro de régimen. La guerra contra el narcotráfico alteró de manera duradera la relación entre Estado, violencia y legalidad. Al trasladar tareas de seguridad interna a las fuerzas armadas, se normalizó la excepcionalidad y se difuminó la frontera entre lo extraordinario y lo permanente.
Desde entonces, la seguridad ha dejado de ser un ámbito sectorial para convertirse en el eje estructurante del orden político. La violencia pasó a organizar prioridades públicas y a justificar decisiones excepcionales. El legado del sexenio no fue otro sino la instalación de una lógica en la que gobernar implicó, cada vez más, administrar la excepción. La inercia continúa hasta hoy y ha lacerado todos los ámbitos de la estructura estatal.
4. El Pacto por México: el fin de la política – 2012
El Pacto por México logró coordinación entre fuerzas rivales y una agenda amplia de reformas. Sin embargo, su efecto político más profundo fue el desdibujamiento de las fronteras de la política.
Al confluir PRI, PAN y PRD en un mismo proyecto, el Pacto diluyó las diferencias programáticas y erosionó la identidad de la izquierda partidista. La convergencia, presentada como madurez democrática, fue leída por amplios sectores como una clausura del conflicto y una homogeneización de la oferta política.
En ese vacío, la crítica al sistema encontró un nuevo cauce. Así, el Pacto abrió la puerta a una alternativa que se presentó como exterior al consenso dominante. El desdibujamiento de la izquierda como opción diferenciada facilitó el regreso de Andrés Manuel López Obrador y su tercer —y finalmente exitoso— intento por alcanzar la presidencia.
5. Ayotzinapa y el colapso del relato – 2014
La desaparición de los 43 estudiantes en 2014 marcó un punto de no retorno en la política mexicana. Ayotzinapa significó el colapso del relato reformista que se sostenía desde Los Pinos.
A partir de aquel septiembre gris, el Estado dejó de ser percibido como incompleto o ineficaz para convertirse en estructuralmente sospechoso. La porosidad de la frontera entre Estado y crimen se volvió inocultable, y la distancia entre legalidad y legitimidad se abrió de forma casi irreversible.
Ayotzinapa desarticuló la promesa de modernización sin justicia y convirtió la exigencia de verdad en un límite infranqueable para la política. Es una herida que atraviesa sexenios: se abrió bajo el gobierno de Peña Nieto y persistió bajo el de López Obrador, incapaz de ofrecer la justicia plena que había prometido.
6. El giro histórico – 2018
El triunfo de López Obrador cerró un ciclo de agravios acumulados desde el foxismo, pero abrió otro. El tabasqueño fue un presidente que miró al sur y reorientó la política pública hacia los márgenes históricamente relegados del país. Por primera vez en décadas, el Estado atendió de manera directa dos brechas estructurales —la pobreza masiva y la desigualdad persistente— e incorporó a millones de personas al centro de la política pública.
El enorme avance social, sin embargo, vino acompañado de una erosión importante de las instituciones democráticas. El sexenio concluyó, además, con una pésima decisión: la reforma judicial, cuyo impacto comprometerá el equilibrio del sistema durante décadas. El giro iniciado en 2018 fue profundo; el costo institucional, elevado.
7. El triunfo de Sheinbaum – 2024
El 2024 abre una nueva etapa. Más allá de la continuidad política, este momento representa la posibilidad de una reconciliación duradera con las mayorías. Tras dos décadas marcadas por la fragmentación del poder —que permitió a élites corruptas y actores criminales apropiarse de vacíos de autoridad— el desafío de Sheinbaum consiste en cerrar esos huecos sin volver a erosionar las instituciones democráticas.
La apuesta radica en traducir la legitimidad electoral en capacidades estatales efectivas y en sostener la inclusión social alcanzada. La promesa es clara: que nadie se quede atrás. El desafío consiste en cumplirla sin sacrificar aquello que permite sostenerla en el tiempo. Es un momento que invita a un optimismo cuidadoso. EP
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