Francisco Suárez Dávila examina el legado institucional de la Revolución Mexicana y lo contrapone al deterioro democrático, económico y social de la 4T, planteando la urgencia de corregir el rumbo antes de que la crisis se profundice.
Texto de Francisco Suárez Dávila 09/12/25
Francisco Suárez Dávila examina el legado institucional de la Revolución Mexicana y lo contrapone al deterioro democrático, económico y social de la 4T, planteando la urgencia de corregir el rumbo antes de que la crisis se profundice.
Nuestro país presenta un peligroso momento de confrontación y descontento. Para la presidenta Sheinbaum se trata de la primera crisis política a un año de que inició su gobierno. Este “punto de quiebre”, ocurrido entre el 15 y el 20 de noviembre, fue provocado por las manifestaciones de la generación Z, por la reacción a los trágicos asesinatos de Michoacán y por las protestas en torno al tema central de la violencia y la inseguridad que invade al país. Estas expresiones de enojo e inconformidad han sido apoyadas por diferentes grupos y diversas causas: los campesinos, los transportistas, los universitarios, los maestros, los médicos, los militares en retiro, entre otros colectivos.
El problema se ha agravado por las torpes respuestas del gobierno, particularmente en el discurso de la presidenta por el aniversario de la Revolución Mexicana. Lejos de atender los problemas, se ha abocado a descalificar y a buscar culpables. Ha responsabilizado a los partidos políticos de oposición y a quienes favorecen la intervención extranjera, lo que ha creado un ambiente de crispación y polarización, cuando lo que se requiere es la unidad nacional de propósitos.
En este ambiente de lucha mediática por la narrativa, han surgido también, de manera reprobable, opiniones de nuestra historia capturadas y deformadas por diferentes ideologías. Destaco algunos ejemplos:
Sergio Sarmiento —editorialista con cuyas ideas normalmente concuerdo— expresó en su columna: “No hay nada que celebrar ni en la Revolución Mexicana ni en personajes como Villa… La Revolución fue una tragedia que no dejó un legado positivo para México, sino un régimen de partido único y el enriquecimiento personal de un grupo de generales y políticos…”.
Macario Schettino escribió en su artículo “Conspiraciones” —síntesis de su reciente libro—: “Se recordó ayer el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, ese proceso mítico… que interrumpió la construcción de un Estado moderno que había encabezado Díaz por tres décadas”.
Desde otro marco ideológico, la presidenta Sheinbaum recordó que “la Revolución Mexicana es una de las grandes transformaciones del siglo XX, que reivindica derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. La Revolución fue un levantamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz, quien encabezó durante 34 años un régimen de opresión, autoritarismo y privilegios”. Así, reivindica para la 4T ser la heredera y continuadora de esa transformación y fustiga a los conservadores por querer restaurar un neoporfiriato que iguale al neoliberalismo. De igual forma, López Obrador incursionó recientemente en el ruedo del “revisionismo histórico” con su nuevo libro “Grandeza”.
En momentos de crisis surge la pregunta: ¿quiénes somos?, ¿cómo llegamos aquí?, ¿dónde estamos como nación? La historia ofrece respuestas importantes. Destruirla, denostarla o argumentar que tenemos un pasado continuo de fracasos significa hundirnos en la depresión anímica como nación. Me parece que un recorrido objetivo por sus páginas demuestra lo contrario. Ciertamente, como cualquier país, hemos pasado por crisis y malos gobiernos. Sin embargo, nuestra historia refleja en general que somos un gran país, que tenemos legados muy positivos y que podemos aprovechar nuevas oportunidades.
Hemos visto que la Revolución Mexicana tiene impulsores y detractores. Sin duda, fue sangrienta: los combates abarcaron todo el país, cobrándose la vida de un millón de mexicanos, además de miles de heridos y afectados por enfermedades. Pero fue una Revolución vital para la construcción del siglo XX mexicano, además de ser considerada la primera Revolución social del mundo. Sus ideales quedaron plasmados en una Constitución —la de 1917— de vanguardia. En ella se establece como punto fundamental la no reelección presidencial, una de sus grandes banderas. Las otras: la reforma agraria, los derechos laborales básicos, la propiedad del subsuelo que corresponde a la nación, los derechos de salud y educación, y la libertad de creencias, resguardando la herencia liberal del Estado laico.
Destaca, como ejemplar por su amplia participación y discusión, la Convención de Aguascalientes. Surge ahí un líder y uno de los presidentes más importantes de nuestra historia: Venustiano Carranza. El triunfo sobre el Ejército profesional porfirista fue posible por el Ejército del Noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, y por la importante participación militar de la División del Norte de Francisco Villa, ciertamente responsable de muchos crímenes. En el sur, Emiliano Zapata encabezó un importante movimiento social en una zona muy pobre. Después del asesinato de Carranza se da una época de turbulencia por la lucha por el poder entre las facciones revolucionarias. Finalmente, Álvaro Obregón consolida el poder y es asesinado cuando intenta reelegirse.
El gobierno de Plutarco Elías Calles y el periodo de su Maximato fueron responsables de un importante proceso de modernización nacional. Una preocupación fundamental fue el desarrollo de la infraestructura de caminos e irrigación. Para ello se crearon la Comisión Nacional de Irrigación y la de Caminos.
Se funda el Banco de México con una participación importante de Manuel Gómez Morín, años después uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN). Calles designa como secretario de Hacienda a uno de los grandes titulares de ese ramo, Alberto J. Pani, quien plantea la política hacendaria del nuevo régimen. Esto implicó nivelar los presupuestos, eliminar el déficit fiscal y reorganizar el sistema bancario. Se crea la Comisión Nacional Bancaria, y una reorganización fiscal que incluye el establecimiento del impuesto sobre la renta. Con la Primera Convención Hacendaria se configura un primer sistema para otorgar atribuciones fiscales a estados y municipios.
Para apoyar al campo se crea el Banco de Crédito Agrícola, y para la infraestructura, Banobras, dando origen a la banca de desarrollo. Se constituye un Ejército profesional, moderno e institucional, con el impulso del general Joaquín Amaro. También se da forma política al movimiento revolucionario mediante la creación de un verdadero partido político: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que se transformaría después en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, más tarde, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En su integración orgánica se sumaron los tres principales agentes revolucionarios —trabajadores, campesinos y burocracia—, dándoles estructura organizativa. En 1943 se integraría al partido el sector popular, conformando así la familia revolucionaria.
Estas acciones, por sí mismas, acreditan las aportaciones históricas de Calles y del movimiento surgido de la Revolución. La Constitución no quedó en letra muerta. Con el secretario de Educación, José Vasconcelos, se emprendió una gran cruzada para alfabetizar al país. Vale la pena subrayar que este desarrollo institucional fue posible gracias a los cuadros emanados del sistema educativo nacional, de la Universidad Nacional y de su gran Escuela Nacional Preparatoria. Esta formó una generación de profesionistas de altísimo nivel y compromiso —ingenieros, abogados, agrónomos, médicos, arquitectos, contadores— que dieron sustento a las instituciones.
El gobierno del general Lázaro Cárdenas representa el programa de gobierno más eficaz para la aplicación de los preceptos de la Constitución de 1917. Le da, además, plena vigencia al programa de la propia Revolución.
Un primer aspecto es el impulso que dio a la reforma agraria a lo largo del país y la creación de ejidos y comunidades. En apoyo de este proceso creó el Banco de Crédito Ejidal, junto con el impulso al de Crédito Agrícola. El segundo aspecto es la aplicación del principio de que el subsuelo pertenece a la nación, a través de la expropiación petrolera. Esto se volvió todavía más necesario por la rebeldía de las compañías petroleras a acatar el fallo de la Suprema Corte.
Cárdenas llevó una delicada negociación con el gobierno norteamericano, que se facilitó por la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. En apoyo de la expropiación creó Pemex, bajo una administración competente y profesional. Asimismo, en materia energética creó la Comisión Federal de Electricidad. El tercer aspecto fue dar vigencia a los principios constitucionales y a la Ley Federal del Trabajo en defensa de los trabajadores y de su derecho de huelga.
Estas son las reformas sociales más conocidas, pero hay que destacar que, en un sentido amplio, aplicó políticas similares a las del New Deal que estaba instrumentando el mandatario estadounidense Franklin D. Roosevelt. El presidente Cárdenas, a través de su ministro de Hacienda, Eduardo Suárez, aplicó políticas de naturaleza keynesiana para terminar de salir de la Gran Depresión. Esto implicó un programa activo de inversiones en obra pública, irrigación y energía.
Contra la opinión conservadora de algunos miembros del Consejo del Banco de México, incurrió en cierto grado de financiamiento deficitario con recursos del propio Banco de México, dentro de un límite establecido, lo que implicó reformas a su ley. También se avanzó en el proceso de industrialización con un crecimiento acelerado.
El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho debió enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. De inicio, tuvo que hacer frente al ambiente de polarización provocado por las políticas sociales de Cárdenas y por la muy competida elección presidencial. Para ello convocó a un gobierno y a un gabinete de Unidad Nacional con los mejores y más competentes funcionarios.
Desde luego, impulsó y apoyó la creación de las grandes instituciones que surgieron de la guerra: la ONU y el sistema económico de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Profundizó, junto con el secretario Suárez, la “estrategia desarrollista”, que implicaba dar un fuerte apoyo al proceso de industrialización. Dadas las limitaciones que imponía Estados Unidos a la exportación de productos que requería para su esfuerzo de guerra, así como la demanda de otros bienes, estableció una política de sustitución de importaciones y de impulso a las exportaciones.
Adicionalmente, se suscribió un primer acuerdo de trabajo agrícola con el vecino del norte, el Programa de Braceros, y se formalizó un primer acuerdo comercial. En apoyo de esta política se fortaleció un brazo muy eficaz: la Nacional Financiera (Nafinsa), que además de otorgar financiamiento aportó capital para la creación de empresas básicas como Altos Hornos, Cobre de México, Guanos y Fertilizantes, entre otras.
El mandatario mexicano de origen poblano necesitó también atender los obstáculos que impedían el acceso al necesario crédito externo. Se alcanzó un acuerdo sobre la indemnización de las compañías petroleras y se firmó un primer acuerdo exitoso con los acreedores extranjeros de deuda, heredada del porfiriato, que se logró en condiciones muy favorables en 1942.
Al mismo tiempo, dentro de este vigoroso programa de formación institucional, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ofrecer asistencia y generar ahorro. Bajo la dirección de Jaime Torres Bodet, titular de la SEP y después director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se dio un gran impulso a la educación, a la cultura y a la defensa y promoción del acervo cultural nacional.
El proceso de industrialización fue una de las políticas de mayor interés para Miguel Alemán, el primer presidente civil después de la Revolución. Para ello fomentó relaciones muy importantes con el sector privado. El resultado fue un crecimiento anual de 6%, de los más altos del mundo y rebasado solo por Japón. El presidente Alemán siempre dio un gran impulso al turismo, logrando los cimientos de una política pública que consolidaría, décadas más tarde, “la industria sin chimeneas”, uno de los pilares de la generación de divisas para el país.
El siguiente presidente, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), considerado el Ejecutivo más austero en su ejercicio de gobierno, continuó con las mismas políticas desarrollistas e industrializadoras. Tuvo que hacer frente a situaciones de expansión y contracción en la economía mundial vinculadas con la Guerra de Corea en 1950-1953. El ministro de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, promovió la creación de un fondo para la pequeña y mediana industria en Nafinsa. Se creó una Ley de Fomento Industrial, pero se buscó deliberadamente un crecimiento balanceado entre industria y agricultura.
En 1954 se realizó una exitosa devaluación, acompañada de un eficaz programa de ajuste económico apoyado por el FMI. Con ello se pudieron mantener tasas de crecimiento de 6 por ciento.
En este periodo, bajo las presidencias de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y con Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda, se desarrolló uno de los periodos de política económica más exitosos de nuestra historia: el llamado desarrollo estabilizador de 1958-1970. Este produjo un crecimiento anual de 6% y, después de la exitosa devaluación de 1954 y su programa de ajuste, permitió alcanzar una estabilidad de precios de alrededor de 2%. Se realizó una reforma fiscal para simplificar el impuesto sobre la renta y eliminar el impuesto sobre herencias.
Se dio un espectacular desarrollo del sistema bancario con las financieras. Con el Banco de México se estableció un original programa de asignación selectiva de crédito, canalizando parte del ahorro bancario hacia los objetivos del desarrollo nacional. Para ello se creó también una batería de fondos de fomento, como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fomex para las exportaciones y, para el turismo, Fonatur, con el inicio del proyecto de Cancún. También se fundaron el Banco Nacional Agropecuario y la Aseguradora Agrícola Ganadera, instituciones necesarias que después serían eliminadas. Fue una época de gran cooperación continental bajo el espíritu de la Alianza para el Progreso, enarbolada por el presidente estadounidense John F. Kennedy. Se creó además el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dentro del éxito, el desarrollo estabilizador comenzó a mostrar señales de agotamiento. Sus críticos argumentaron que se había agotado el efecto de la política de sustitución de importaciones y que debía darse un mayor impulso a las exportaciones, cuyo insuficiente dinamismo representaba un “cuello de botella”. El mercado interno comenzaba a mostrar limitaciones por la desigualdad en el ingreso. Era necesario impulsar no solo la agricultura moderna, sino también la de temporal y, en general, una mayor apertura de la economía y mayor competencia interna. Aunque se había mantenido un moderado déficit fiscal, la deuda externa había aumentado.
El presidente Luis Echeverría estaba consciente de que el desarrollo estabilizador se estaba agotando. Promovió el concepto de “desarrollo compartido”. Esto significó aumentar el gasto público en forma descontrolada y expandir el tamaño del Estado, que llegó a tener 1,200 entidades públicas. Hubo una sostenida creación institucional. Se creó una para promover las exportaciones (IMCE), otra para el desarrollo tecnológico (Conacyt). Fundó el Infonavit. El gobierno entró en un círculo vicioso: aumentó el déficit fiscal, la inflación, el desequilibrio de la balanza de pagos y la salida de capitales. Finalmente, ocurrió la devaluación traumática de 1976.
José López Portillo inició su gobierno en medio de un gran auge petrolero, con colas de banqueros ofreciendo dinero. Para “administrar la riqueza petrolera”, formuló un plan sofisticado de desarrollo industrial y creó varios polos de crecimiento: Lázaro Cárdenas, Altamira, Coatzacoalcos y Salina Cruz. Desarrolló la industria siderúrgica, la petroquímica y la de bienes de capital. El país llegó a crecer al 8 por ciento.
Desafortunadamente, por factores internacionales, cayó el precio del petróleo y aumentaron las tasas de interés. No se hicieron los ajustes necesarios. El gobierno recurrió a un elevado déficit fiscal y a una deuda monumental. Los mercados lo percibieron: se cerró el crédito y hubo que solicitar un apoyo financiero internacional. Como último recurso, cometió el error de nacionalizar la banca, lo cual agravó el problema.
El presidente Miguel de la Madrid, ante la crisis de deuda y las exigencias de los acreedores, inició el primer gran programa de reformas estructurales. Una de ellas fue reducir la obesidad del Estado mexicano. Esto requirió un amplio programa de privatizaciones y un programa de ajuste fiscal. El otro eje fue la apertura de la economía, que eventualmente condujo al ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Con su destacado secretario, Jesús Silva Herzog, logró un acuerdo internacional que permitió reestructurar los pagos de la deuda y recibir dinero fresco. El problema de la deuda era mundial, pero México llevó la vanguardia en las negociaciones y en las políticas que debían adoptarse.
El presidente Carlos Salinas de Gortari intensificó aún más las reformas estructurales del sector público. Para continuar la apertura comercial logró un gran cambio institucional mediante un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que alentaría un “boom” de exportaciones y de inversión extranjera. Decidió asimismo reprivatizar la banca nacionalizada. La operación se ejecutó muy mal y generó un grupo de financieros especuladores, así como un “boom” no fiscal, pero sí de expansión irresponsable del crédito. Esto produjo un fuerte desequilibrio de balanza de pagos. Como amortiguadores se emitieron más instrumentos de deuda, los tesobonos. Se dio una devaluación mal ejecutada, con un aumento brutal en las tasas de interés, y se produjo un serio problema con una banca quebrada.
El presidente Ernesto Zedillo, quien llegó al poder tras el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, era un excelente economista que conocía muy bien el problema. Adoptó un conjunto de medidas necesarias, incluido un rescate bancario. Obtuvo un programa masivo de apoyos del presidente Bill Clinton y logró estabilizar la economía. Promovió un sistema de pensiones —las Afores— para generar ahorro. Aprovechó el TLCAN. En las elecciones presidenciales, el PRI perdió; Zedillo reconoció la derrota y permitió una transición ordenada del gobierno. Desde 1997,el gobierno encabezado por el presidente Zedillo era ya el primer gobierno dividido en la historia contemporánea de México, al no tener mayoría la bancada oficial del PRI.
En el 2000 se produjo la alternancia política con el presidente Vicente Fox. Continuó con gran ahínco las reformas neoliberales, con el apoyo de su secretario de Hacienda, Francisco Gil, egresado de la Universidad de Chicago. Mantuvo rigurosamente el equilibrio fiscal y la inflación baja. Se inició entonces un largo periodo de crecimiento mediocre de 2%, aunque con estabilidad: el “estancamiento estabilizador”. El presidente Felipe Calderón, después de una competida elección presidencial que puso a prueba el andamiaje electoral y judicial del país, daría continuidad a las mismas políticas, con los mismos resultados.
Enrique Peña Nieto, líder carismático, regresó al PRI al poder. Intentó un paquete de reformas de gran aliento para abrir algunos procesos de Pemex a la inversión privada —por ejemplo, la exploración y explotación de yacimientos marítimos—, así como una reforma educativa con evaluación de profesores y escuelas. No se explicaron adecuadamente y hubo resistencias. Lamentablemente, la corrupción se desbordó en los altos niveles de la administración pública. Varios gobernadores estuvieron involucrados; alrededor de diez fueron encarcelados o son prófugos, emplazados a juicio. Esto desprestigió mucho al PRI.
López Obrador, líder populista y carismático, explotó muy bien las deficiencias del gobierno: la corrupción, la falta de contacto de las élites con el pueblo, la desigualdad y el mediocre crecimiento. Ganó las elecciones. Se inició una nueva etapa en la historia de México.
| Evaluación de la Revolución y sus gobiernos 1. La Revolución Mexicana es considerada la primera revolución social del siglo. 2. Se plasmó en una Constitución —la de 1917— de vanguardia, fruto de una verdadera Convención Constituyente —la de Aguascalientes. 3. Venustiano Carranza, artífice de la Constitución y de los primeros años de gobierno del régimen de la Revolución, fue un muy buen presidente que ofreció, más que un ejercicio de gobierno, la plataforma legal del Estado para el México del siglo XX. 4. El presidente Cárdenas fue quien mayor esfuerzo hizo para traducir los preceptos de la Constitución en programas de gobierno: reforma agraria, propiedad del subsuelo, políticas sociales. 5. El presidente Calles y el “Maximato” que dominó conformaron uno de los periodos de más importantes creaciones institucionales, que deben considerarse legado del nuevo régimen: creación del Banco de México; reorganización de un sistema bancario desquiciado; primeros bancos de desarrollo —Banco de Crédito Agrícola y Banobras—; Comisión Nacional Bancaria. 6. Organización de un Ejército profesional e institucional impulsado por el general Amaro. 7. No se produjo la militarización ni los golpes de Estado que ocurrieron en América Latina. México se consolidó como un epicentro de refugiados políticos de Iberoamérica, como el exilio republicano español y diversos exiliados latinoamericanos. 8. Régimen de estabilidad política a partir del gobierno de Obregón. 9. Transformación de un movimiento y de diferentes facciones en un partido institucional que agrupó a los tres principales sectores. 10. Gobiernos con gabinetes meritocráticos, con personas de probada experiencia en los sectores a su cargo: Hacienda, Obras Públicas, Educación, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, Irrigación, entre otras dependencias públicas. 11. Gran labor educativa: Secretaría de Educación, cruzada vasconcelista, Torres Bodet. Impulso a la prestigiada UNAM con grandes rectores y creación del Instituto Politécnico Nacional. 12. Gran tarea y creación de elementos de un Estado de bienestar social: IMSS, ISSSTE, Seguro Popular; en vivienda, el Infonavit y los fondos de vivienda. 13. Prioridad presupuestaria asignada al desarrollo de la infraestructura de obras públicas y comunicaciones: carreteras, puertos, aeropuertos, obras de irrigación, electricidad, gran cuerpo de ingenieros. 14. Continuos ajustes ante cambios en las circunstancias y ante nuevos problemas: movimientos pendulares en los sexenios, movilidad social y política. 15. Política exterior prestigiada y activa, con participaciones destacadas como el célebre Tratado de Tlatelolco contra el uso de armas nucleares, además de diversas iniciativas como la pacificación de América Central o la Cumbre Iberoamericana. El mérito de dos premios Nobel —Alfonso García Robles y Octavio Paz—, ambos miembros del Servicio Exterior Mexicano, además de la trayectoria profesional de cada uno, es señal del peso de la diplomacia de México. 16. Constantes reformas políticas y electorales: contribución de Jesús Reyes Heroles —representación proporcional y reconocimiento del papel de las minorías—; instituciones para la credibilidad de los procesos electorales: INE y Trife. 17. Política de apoyo al campo: instituciones como Banrural, bancos agrícolas, aseguradora, Conasupo, precios de garantía. 18. Bajo la estrategia desarrollista se dio el periodo de crecimiento más rápido de nuestra historia: 6% anual de 1935 a 1970. |
Las características del nuevo gobierno de la 4T se identifican por sus “slogans”: “primero los pobres”, “combate a la corrupción”, “separar el poder político del económico”, “austeridad republicana”, “amor con amor se paga”. No se cumplió ninguno. Entre los colaboradores, prevaleció la consigna de “lealtad sobre experiencia y competencia”. Su gabinete es el menos competente de la historia de México.
Lanza los programas llamados del Bienestar, fundamentalmente transferencias directas de dinero en efectivo que sirven para moderar la pobreza y generar 30 millones de beneficiarios, con lo cual tiene los votos para ganar elecciones: apoyos a adultos mayores, becas Benito Juárez para estudiantes, “Sembrando Vida”, apoyo al campo y deforestación, entre otros. Pero no da los medios para superar la pobreza. Ha generado un serio deterioro de la calidad de la educación, del acceso a la salud y a las medicinas, suprimiendo el Seguro Popular.
Impulsa un programa de desarrollo regional con apoyos al sureste: el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Todos fracasan, con sobrecostos y subsidios. La inversión pública es baja y mal asignada. Involucra al Ejército en la ejecución de estos proyectos, convirtiéndolo en una “secretaría de Obras Públicas”. En cambio, cancela el gran proyecto del aeropuerto de Texcoco —que hubiera sido uno de los grandes aeropuertos del mundo, posiblemente mejor que el nuevo aeropuerto de Estambul— y lo reemplaza por el incomunicado AIFA. El crecimiento es de menos de 1% durante el sexenio, uno de los más bajos de nuestra historia reciente. Al principio mantiene un déficit fiscal razonable, inferior al 3% del PIB, pero con la alta prioridad de ganar elecciones lo eleva a un desequilibrio del 6%, con elevada deuda.
Poco a poco se hace claro que su objetivo principal es conservar y aumentar su poder. Es un gobierno populista autoritario: quiere socavar o destruir la democracia, eliminando la división de poderes y todos los contrapesos. Por ello quiere destruir el Poder Judicial, que lo contuvo durante un tiempo; cooptar al INE y al Tribunal Electoral; y lograr una mayoría calificada que permita reformas constitucionales sin límite.
Sus grandes problemas son que permite una corrupción desbordada, ejemplificada en el mayor contrabando de la historia, el “huachicol fiscal”. Según pruebas que han aparecido, parecen estar involucrados familiares y su brazo derecho, Adán Augusto López. En las altas esferas de Morena no hay austeridad. Su problema mayor es que su teoría de “abrazos y no balazos” permitió un crecimiento desbordado del crimen organizado, que llega a capturar zonas del país y procesos electorales, en amplia complicidad con funcionarios públicos de todos los niveles.
Los niveles de violencia alcanzan cifras históricas en términos de muertes y desaparecidos, más que en la guerra de Ucrania e incluso más que en países en guerra o con dictaduras. Esto provoca un amplio rechazo.
El “segundo piso de la 4T”, en su nombre, expresa la deseada continuidad. Hay algunos cambios obligados por las circunstancias: la eficacia de Omar García Harfuch en el combate al crimen organizado, con gran presión norteamericana; cierta mejoría en la capacidad técnica de algunos miembros del gabinete; la necesidad de una consolidación fiscal; y una relación de diálogo y no confrontación con Donald Trump. Por lo demás, subsisten los graves problemas que están brotando por todas partes, que tienen al gobierno en una situación de crisis y, al país, al borde de la ingobernabilidad. Esto debe obligarnos a realizar cambios fundamentales en las políticas y en las personas que las aplican, a reconstruir valiosas instituciones ahora destruidas y a convocar a la unidad nacional, y no a la confrontación.
De lo escrito anteriormente puede hacerse un contraste entre el legado y los avances derivados de la Revolución de 1910 y la destrucción y regresión derivadas de la 4T. Ciertamente, entre el periodo de 1910 a 2018 hay claroscuros y crisis, pero también un periodo de progreso, creación institucional y resultados positivos demostrables.
Frente a la actual situación de “estancamiento crónico”, se dio, bajo el desarrollismo, un periodo de crecimiento acelerado durante más de tres décadas, con un crecimiento anual de 6%.
Frente a la marcha hacia el autoritarismo y la destrucción de la democracia —la eliminación de los contrapesos de la división de poderes—, se generó un proceso, no concluido, de transición a la democracia con instituciones electorales confiables.
Frente a un gobierno que pierde la capacidad de administrar, con colaboradores designados por “lealtad y no competencia” y que permite corrupción desbordada, se conformaron gobiernos con los mejores expertos en cada ramo, como obras públicas, Hacienda, educación y medicina.
Frente a la política de “bienestar”, basada en dádivas para mitigar la pobreza sin dar los medios para superarla y teniendo como principal objetivo captar votos, tuvo lugar la construcción de una política social verdadera, con desarrollo institucional en educación, salud y empleo, para superar la pobreza en todas sus expresiones.
Frente a un Ejército desviado de sus funciones hacia actividades empresariales que pueden corromperlo, hubo la formación de un Ejército profesional e institucional que, a diferencia de otros países, no realizó golpes de Estado.
Frente a la total tolerancia —“abrazos y no balazos”— y la complicidad con un crimen organizado desbordado, hubo un razonable ejercicio de la autoridad y control de la inseguridad.
Frente a la ausencia o carencia de una política exterior y un autoimpuesto “aislacionismo”, se generó una política de relaciones exteriores digna y prestigiada, sustentada en un servicio exterior de carrera.
Frente a un clima de confrontación y polarización, gobiernos como el de Ávila Camacho promovieron la unidad nacional.
La tarea de la presidenta Claudia Sheinbaum es la de actuar para corregir el rumbo: recuperar la senda hacia la democracia con contrapesos; acelerar el desarrollo incluyente, con crecimiento e inversión; aprovechar los retos externos para el fortalecimiento interno de nuestra economía; reconstruir instituciones; y formular una política educativa que prepare a nuestra juventud para la era digital. Debe atender muchos otros temas de trascendencia, como recuperar el Estado de derecho, la paz y la seguridad, y con ello, la confianza.
O se aprovecha la crisis para hacer los cambios de política necesarios —como en otras etapas de nuestra historia— o se derrumba el “segundo piso” (como el Metro), porque se debilitaron sus pilares fundamentales: la estabilidad, la confianza y la capacidad de incluir a todos. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
