El 1º de enero de 1995 entró en vigor una reforma constitucional de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial Federal. A partir de ella, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó de ser un tribunal de casación —es decir, un órgano de última instancia encargado de revisar las sentencias de tribunales inferiores únicamente para verificar si la ley había sido correctamente aplicada, sin facultades para reexaminar los hechos del caso— y se convirtió en un auténtico Tribunal Constitucional. Su función principal pasó a ser la protección de los derechos fundamentales de la población y la interpretación última de la Constitución, con el mandato de garantizar su supremacía frente a leyes y actos de autoridad que pudieran contravenirla. Asimismo, se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), con excepción de la SCJN y del Tribunal Electoral, así como el órgano de instrumentación de la carrera judicial.

Conviene recordar que tanto la SCJN como el CJF fueron presididos por la misma persona, el ministro presidente de la Corte, que, en los hechos, terminó por generar una subordinación del órgano de gobierno del Poder Judicial a los designios de su presidente, reproduciendo dentro del ámbito jurisdiccional las prácticas propias de una cultura presidencialista y concentradora del poder, históricamente arraigada en la historia de México. Este diseño propició abusos, excesos y distorsiones en las prácticas administrativas de los impartidores de justicia federal, lo que fue sin duda material para justificar una reforma judicial orientada a suprimir —o al menos mitigar— tales vicios.

Sin embargo, las arbitrariedades judiciales, las distorsiones administrativas cometidas por jueces e incluso el escandaloso nepotismo dentro del PJF, son insuficientes para olvidar que ese diseño institucional —hoy en proceso de extinción— también trajo importantes beneficios para la ciudadanía, al contar con jueces profesionalizados y razonablemente independientes. Gracias a este modelo, la población pudo impugnar omisiones de las autoridades, como la falta de abastecimiento de medicamentos, la negativa a brindar atención médica o la denegación del acceso a la educación básica para un menor de edad. Asimismo, posibilitó la revisión judicial de actos concretos que pudieran calificarse como arbitrarios o injustos.

Como ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, la SCJN emitió sentencias que resaltaron la importancia de investigar de oficio y de forma inmediata cualquier denuncia de tortura, así como la exclusión de las pruebas obtenidas mediante tales prácticas. También, en casos de patria potestad, la Corte determinó que los jueces deben analizar los casos con perspectiva de género, considerando la violencia familiar y la asimetría de poder entre los cónyuges. Por su parte, la Primera Sala resolvió que las autoridades ministeriales están obligadas a preservar las evidencias de violación sexual, solicitar peritajes para determinar si la víctima enfrentó un contexto de violencia, investigar las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género y detonar todas las líneas de investigación posibles para concluir si se trató o no de un feminicidio.

Pero no solo eso. En materia política, las minorías parlamentarias contaron con mecanismos de control para acudir ante la SCJN a ejercer acciones de inconstitucionalidad: procedimientos de revisión sobre las determinaciones de las mayorías parlamentarias, con el fin de invalidar normas generales que se presumieran contrarias a la Constitución. Por su parte, los distintos órdenes de gobierno dispusieron de las denominadas controversias constitucionales, útiles para dirimir quién tenía la competencia para actuar en un área específica. Ambas figuras jurídicas buscaron garantizar la supremacía de la Constitución y propiciar una resolución judicial adecuada en los conflictos entre mayorías y minorías parlamentarias, entre poderes públicos o entre órdenes de gobierno.

Lo cierto es que los políticos mexicanos de todas las tendencias aprendieron a interactuar con las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Las utilizaron como herramientas para defender sus intereses con argumentos jurídicos, y, al interponerlas, también buscaron influir en las decisiones del gobierno y mantener el equilibrio de poderes, muy a menudo con motivaciones políticas y partidistas, sí, pero siempre acatando el resultado emitido por la SCJN, aun cuando les fuera adverso.

Este modelo, arraigado en la cultura política y jurídica del país, empezó a romperse el 5 de febrero de 2024 —fecha del aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917—, cuando el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó 20 iniciativas de reformas a la Constitución, entre ellas una relativa al método de designación de los juzgadores en el país, para que fueran electos por el voto popular. La columna argumentativa para sustentar la supuesta pertinencia de la reforma fue tan sencilla como falsa: se dijo que había demasiada corrupción en el Poder Judicial, por lo tanto, era necesario que el pueblo eligiera a sus juzgadores. Este sofisma supone que transitar por un proceso electoral convierte a los corruptos en virtuosos, y olvida que, si el supuesto fuera cierto, ningún alcalde, diputado, senador, gobernador o presidente podría corromperse.

Confieso que, al igual que muchos mexicanos, fallé en el pronóstico de lo que sucedería. Pensé que esa reforma al Poder Judicial no prosperaría; que el desatino era de tal magnitud que no encontraría eco entre los votantes, y que Morena y sus aliados tampoco conseguirían las mayorías calificadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, ni la mayoría necesaria en los 32 congresos locales, para echar a andar ese despropósito. Fue un tremendo error, porque después de las elecciones de junio de 2024, Morena y sus partidos satélites alcanzaron la mayoría parlamentaria en 22 congresos locales, un número superior a los 17 requeridos para reformar la Constitución. También obtuvieron más de las dos terceras partes de los espacios legislativos en la Cámara de Diputados y se quedaron a cuatro de conseguir la mayoría calificada en el Senado. Antes de que se instalara la nueva legislatura, dos senadores que fueron electos por la oposición se sumaron a las filas de la coalición gobernante, por lo que obtener los dos votos restantes era sólo cuestión de tiempo, y como era de esperarse, los consiguieron.

La avalancha de votos a favor de los candidatos de la coalición gobernante para los cargos legislativos en disputa, así como las defecciones opositoras, provocaron que aquello que en febrero de 2024 parecía improbable comenzara, en septiembre de ese mismo año, a convertirse en una realidad. Morena y sus aliados pudieron modificar la Constitución a su antojo, sin que nadie estuviera en posibilidad de oponerse desde la legalidad vigente.

Cabe destacar que el ahora expresidente López Obrador, en el “mejor” estilo de la época del autoritarismo priista, dio una orden a los legisladores de la mayoría en el Congreso —misma que hizo pública— e indicó que la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial no podía sufrir cambios o, recordando sus propias palabras, “no le podían mover ni una sola coma”. Sobra decir que los legisladores, actuando también como en aquellos días en que se hablaba sin sustento fáctico de división de poderes en México, se limitaron a levantar la mano y a desempeñar el papel de comparsas de un cambio constitucional que se decidió fuera del Congreso e inmediatamente después de las elecciones de junio de 2024; un cambio en el que se olvidó que los jueces no son representantes populares, sino profesionales del derecho encargados de dirimir conflictos conforme a normas jurídicas.

En esas circunstancias, la forma de designación de los jueces mexicanos cambió: ahora la totalidad será electa mediante el sufragio ciudadano, lo que implicó eliminar la carrera judicial para sustituirla por una carrera política. Los juzgadores electos deberán desempeñarse en el lugar en el que se postularon, sin posibilidad de cambiar de adscripción, como sí ocurría bajo el esquema judicial anterior. Se redujo el número de integrantes de la SCJN de once a nueve; se suprimieron las dos Salas especializadas por materia, por lo que ahora sesionará únicamente en Pleno; además, los nuevos ministros durarán doce años en el cargo, en lugar de quince.

Por otra parte, también como resultado de esta reforma, se creó un Tribunal de “Disciplina Judicial”, que sustituirá —en lo referente a la materia disciplinaria— al actual CJF. Se prevé, al menos en teoría, que este nuevo órgano cuente con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones. Su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen “con ética, profesionalismo y respeto a la ley”. Sin embargo, sus decisiones serán definitivas e inatacables, lo que implica que no podrán ser impugnadas ni interpuestas mediante juicio de amparo.

Las objeciones y preocupaciones no se centran únicamente en las funciones que tendrá este ente jurisdiccional —funciones que, por cierto, no tienen comparación con ningún otro tribunal en el mundo y que, personalmente, considero muy probablemente alterarán la impartición de justicia—, sino también en las personas que lo integrarán. Los antecedentes de los ganadores, con vínculos probados con el partido en el poder y con integrantes del grupo gobernante, generan certezas de que este Tribunal se convertirá en un instrumento para presionar a jueces y magistrados que no dicten sus sentencias conforme a los intereses del gobierno. Esto, en mi opinión, pone en riesgo la imparcialidad y la independencia judicial, ya que los integrantes del Tribunal podrán valorar el contenido de los fallos y, si concluyen que alguno no responde a un supuesto sentido de justicia popular, estarán facultados para sancionar, suspender o incluso destituir al juzgador “revoltoso”.

Respecto de las previsiones normativas para el proceso electoral en materia judicial, cabe destacar que el financiamiento de las campañas de los candidatos no provino del erario público, como ocurre en las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo. Cada persona que se postuló para ocupar un cargo en la judicatura tuvo que cubrir por cuenta propia los costos de su campaña, con un tope de gastos muy limitado. No obstante, en los hechos, hubo candidatos —principalmente quienes aspiraban a un lugar en la SCJN— que rebasaron ampliamente los límites establecidos.

La nueva legislación también dispuso que ninguno de los poderes públicos, los partidos políticos ni los particulares podían apoyar a los candidatos. Pero esas disposiciones pronto se convirtieron en un mal augurio, porque dos o tres semanas antes del proceso electoral comenzaron a circular millones de folletos —a los que la picaresca popular bautizó como “acordeones”, en alusión a las notas que usan los malos estudiantes para copiar en los exámenes—, en los que se indicaban los números de los candidatos por los cuales había que votar “para que siguiera la transformación, ahora en el Poder Judicial”.

No sobra recordar que, hasta el momento, no se sabe oficialmente cuánto costaron esos folletos ni quién o quiénes los financiaron; aunque, gracias a diversas investigaciones periodísticas, sí se conoce cómo fueron distribuidos. Se documentó que funcionarios públicos de los poderes ejecutivos —federal y locales—, así como miembros de los partidos integrantes de la coalición gobernante, y en Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano, acudieron directamente a las casas de beneficiarios de programas sociales —que, como se sabe, suman millones— para entregar los folletos y así evitar que los potenciales votantes “se equivocaran” a la hora de elegir a los jueces que, supuestamente, van a “transformar” la justicia en el país.

Y la estrategia les funcionó, porque alrededor del 70 % de los sufragios emitidos repitieron el esquema planteado en esos acordeones. Haciendo gala de que se ha perdido todo sentido del pudor político, la reaparición pública del expresidente López Obrador —votando con su propio acordeón en mano— fue el sello distintivo de una operación política cínicamente concebida y ejecutada. El descaro con el que Morena y sus aliados tomaron por asalto el Poder Judicial —el único que no controlaban y que les significaba un contrapeso— fue descomunal. Ahí están las coincidencias entre los acordeones y los resultados, en una clara muestra de inducción del voto, para acreditarlo.

Por otro lado, contrariamente a lo que el gobierno y sus propagandistas esgrimieron durante las semanas posteriores a la elección —y aún hoy—, la votación judicial no entusiasmó a nadie: participó apenas el 13 % del electorado. De entre quienes votaron, aproximadamente tres millones de personas —es decir, el 23 %— anularon su voto o dejaron los recuadros en blanco. La gran mayoría de los potenciales votantes, el 87 % del electorado, simplemente no se interesó en participar. En ese sentido, la elección fue también un rotundo fracaso.

Así lo reconoció incluso la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que si bien destacó que la jornada se desarrolló en un clima de tranquilidad, también subrayó con preocupación el bajo nivel de participación ciudadana: “[…] la participación para la elección fue de aproximadamente 13 por ciento (de la lista nacional de electores), uno de los niveles más bajos de participación de la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.

Ese grupo de observadores, integrado por 16 personas de 10 nacionalidades, recomendó evaluar si el modelo de selección de autoridades judiciales por la vía electoral —sin precedentes a nivel mundial— contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia o si, por el contrario, termina debilitando la transparencia, la imparcialidad, la eficacia y la independencia del Poder Judicial. En realidad, los integrantes de la misión de la OEA fueron políticamente correctos, porque ni la reforma ni su ejecución están destinadas a fortalecer la administración de justicia en el país.

Los miembros de la misión también precisaron que las “lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo”. Al final del reporte, de 37 cuartillas, se concluye de forma contundente: “La misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.

Ahora bien, ¿cuáles serán los efectos previsibles de la reforma judicial? Creo que no se necesita ser adivino para advertir que la injerencia de la coalición política gobernante en la integración del nuevo Poder Judicial acabará con la independencia de los juzgadores; no sólo de los nueve que integran la SCJN, sino de todos aquellos que llegaron al cargo bajo esquemas de manipulación y voto inducido.

Pero no sólo eso, porque con el paso del tiempo habremos de saber, con mayores niveles de certeza, cuántos de los juzgadores que fueron electos responden, en el ámbito penal, a los intereses de la delincuencia organizada, tan poderosa y con cada vez mayor influencia en los ámbitos político, administrativo, económico y social de nuestro país. También habremos de advertir si esos mismos jueces —que deberán permanecer en el lugar en el que fueron electos durante todo el período de su encargo— resistirán las dádivas, los intentos de extorsión y las presiones intimidatorias que ejercerán sobre ellos los grupos delincuenciales. Asimismo, sabremos cuál será el nivel de influencia de los caciques regionales y de los poderes económicos sobre los nuevos jueces y magistrados en los ámbitos mercantil, familiar y civil.

Otro factor que incidirá en el desempeño de los nuevos jueces es que será muy complicado que accedan a una pensión jubilatoria desempeñando las tareas jurisdiccionales. Primero, porque no tendrán la certeza de contar con los apoyos políticos necesarios para volver a integrar las listas y salir “sorteados” para contender de nuevo; además, al haberse legitimado el uso de los acordeones, aun estando en las listas es factible que no reciban el respaldo de los votantes, simplemente por no estar señalados por quienes, en el futuro, vayan a desempeñar la función de “acordeonistas”, esa nueva, vergonzosa y legalizada forma de inducción del voto. De forma que, ante la imposibilidad de contar con una pensión jubilatoria, se añade un factor más de riesgo frente a las probables ofertas para corromperse.

No obstante, lo que parece más riesgoso de esta reforma es que, como ocurrió antaño en nuestro país, el Poder Ejecutivo volvió a alcanzar una preponderancia sobre el Poder Judicial. Con la nueva forma de integración de este último, se rompió de nuevo el precario equilibrio que existía, y ahora, en los hechos, tenemos un sistema que permite la intromisión de los poderes políticos y de los poderes fácticos en la designación de los distintos tipos de juzgadores. Me pregunto, de manera retórica: ¿qué va a pasar cuando una ley aprobada por los Congresos federal y/o locales vulnere la Constitución?

Con preocupación advierto que no habrá un órgano que pueda determinar que esas normas son contrarias a la máxima ley. En consecuencia, quienes las impugnen difícilmente recibirán la protección de la nueva justicia mexicana, por lo que se vislumbra un escenario en el que los gobernados podemos quedar sujetos a la arbitrariedad, la discrecionalidad o, de plano, al abuso que las autoridades ejecutivas y legislativas podrán plasmar en las leyes. Un poder absoluto, sin contrapesos, capaz de hacer lo que quiera, no le resulta benéfico a nadie, ni siquiera a quienes lo ejercen. Lamentablemente, hacia allá se encamina la sociedad mexicana.

Si las distorsiones en el ejercicio del poder se normalizan —como todo parece indicar que ya ocurre—, viviremos en el régimen del atropello. Y no creo que los manidos intentos de justificación —ésos que repiten que en la época del neoliberalismo estábamos peor; que Salinas mentía; que Fox fue un traidor a la democracia; que Calderón tuvo la culpa de la guerra contra el narco; que Peña Nieto fue un corrupto y un frívolo; que García Luna estaba aliado con narcotraficantes, y todo lo que se repite desde el poder hasta la saciedad— sean suficientes para alegar en defensa de lo que ocurre en la actualidad. Esas aseveraciones pueden ser ciertas —personalmente creo que sí—, pero de ninguna manera justifican la destrucción institucional ni su sustitución por esquemas que enaltecen el vasallaje, promueven el abuso y los excesos, y dejan de tener a la Constitución como el referente jurídico y político.

Mal están y estarán las cosas en México si dejamos de tener presente que los derechos no son concesiones de los poderosos, y que los instrumentos para dotarlos de eficacia están en los órganos de justicia, no en las dádivas de los gobernantes en turno. La reforma judicial que se implementó en México —tan mal diseñada, procesada de manera arbitraria, basada en buenos deseos cuando no en pura y dura demagogia— no va a servir para sostener, con el paso del tiempo, que por elegir a los jueces ahora tendremos una justicia cercana a la gente; tampoco servirá para acabar con la corrupción judicial ni para resolver las carencias de los justiciables que acuden a los tribunales. Lo único que se hizo fue cambiar a los titulares de los órganos de justicia para sustituirlos por incondicionales de este gobierno.

No habrá justicia para el pueblo si tampoco existe un Estado de Derecho sustentado en una auténtica división de poderes y en tribunales cuya independencia esté garantizada tanto en los hechos como en la propia Constitución. Con el derrumbe de la independencia judicial —que ya ocurrió—, lo único seguro es que se ahondará la crisis de justicia que vive el país, y más temprano que tarde comenzaremos a sentir sus efectos perniciosos. En algunos años, cuando esos efectos se hayan agudizado, será necesario volver a revisar al Poder Judicial, y seguramente tendrá lugar una nueva reforma que corrija los despropósitos que hoy son norma vigente. Pero mientras eso sucede, la sociedad mexicana será testigo de cómo crecen y se multiplican los problemas en juzgados y tribunales.

México ha entrado de lleno en un proceso de autocratización, y habrá que revertirlo. Otra vez. EP

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