Es casi seguro que el 1° de octubre de 2024 México será gobernado por una mujer. Las mujeres pudimos votar por vez primera en una elección federal en 1955. Si tomamos en cuenta que México se constituyó como nación en 1810, podríamos decir que tuvieron que pasar 145 años para que los derechos políticos de las mujeres fueran reconocidos, y 69 años más para que todas las condiciones se prestarán para llevar a una mujer a un proceso electoral como el que ahora se disputa. Es decir, en total se necesitaron 214 años para que las mujeres se convirtieran en una opción política para ser las presidentas del país.

Pero, ¿realmente será un logró de los movimientos de mujeres, de los derechos humanos, de los feminismos, el que una mujer tenga el puesto más importante del país? Aunque parezca una pregunta que se responde con sí o no, hay una serie de matices que es necesario visibilizar y complejizar para entender la trascendencia de este momento histórico  —para bien o para mal— en nuestro país.

Histórica, política y socialmente México es profundamente machista. Ha habido resistencia, pero al mismo tiempo se ha obligado a reconocer que las mujeres somos personas iguales a los hombres. El reconocimiento legal de este hecho se dio el 14 de noviembre de 1974, cuando la Cámara de Diputados aprobó, con el visto bueno del presidente Luis Echeverría, dos reformas sumamente importantes al Artículo 4° constitucional que reconocían la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, así como la autonomía y libertad reproductiva de las personas.

Los motivos que obligaron tanto al presidente como al Congreso de la Unión a dar esos pasos podrían resumirse en dos: la explosión demográfica que el país estaba enfrentando, y que México sería la sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por la Organización de las Naciones Unidas.

A 50 años de este suceso tan relevante, la situación de las mujeres en nuestro país es complicada. Hemos logrado avances para eliminar, del ordenamiento legal, normas que perpetuaban nuestra condición de desigualdad, como la eliminación del delito de adulterio o las causales de divorcio. Se ha obligado a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres con medidas como la paridad política. Pero también, a raíz de las terribles situaciones de discriminación y violencias cotidianas de las que hemos sido objeto, se han tenido que promulgar leyes para visibilizar estas situaciones, como la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, o la creación del tipo penal del feminicidio.

Aun así, esto no ha sido suficiente para garantizar la igualdad, un derecho que es nuestro y que merecemos. Aunque el aborto sigue siendo un crimen en 32 códigos penales del país, se ha logrado que en 11 estados se hayan reformado para despenalizar parcialmente el derecho al aborto hasta la semana 12, y en Sinaloa hasta la 13. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el delito de aborto voluntario en Coahuila, que es el único estado en el cual ninguna mujer o persona con posibilidad de gestar es criminalizada por abortar. 

Tampoco existe un sistema nacional de cuidados, en un país donde, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Cuidados de 2022, el 75.1 % de personas de 15 años y más que brindan cuidados son mujeres, y de este porcentaje el 86.9 % son las cuidadoras principales.

Las políticas públicas y programas que a nivel nacional se han implementado para erradicar la violencia contra las mujeres parecen no estar teniendo el efecto deseado. En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 se hace la dolorosa y frustrante afirmación de que ha habido un aumento de 4 puntos porcentuales en la violencia total contra nosotras a lo largo de la vida, en comparación con la encuesta de 2016.

Antes de las espantosas acciones del gobierno, ya sabíamos que habíamos superado la cifra de 100 mil personas desaparecidas, las cuales en su mayoría son buscadas por mujeres: sus madres, hermanas, primas, tías, abuelas, esposas. Y de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en este primer trimestre del año se han abierto 184 carpetas de investigación por feminicidios.

A lo anterior podríamos añadir la discriminación y violencia laboral, escolar, obstétrica, política, familiar; la violencia ejercida contra mujeres migrantes, niñas y adolescentes, indígenas, mujeres con discapacidades, mujeres racializadas, lesbianas, bisexuales y mujeres trans; la desatención a las adultas mayores; el olvido en el que se tiene a las mujeres privadas de su libertad, quienes están ahí, esperando una condena, en prisión preventiva o quizás siendo acusadas de delitos que no cometieron; las trabajadoras sexuales, a las cuales no se les reconocen sus derechos. Seguramente este listado no hace justicia ni revela todas las experiencias de discriminación y violencia a las que nos enfrentamos en el día a día.

Este es el país al que la primera presidenta de México llegará. Y llegue quien llegue —y nos guste o no—, hay un mensaje simbólico y poderoso detrás de ello, porque confirmará que las mujeres podemos acceder a esos puestos de toma de decisión.

En una conferencia, la doctora Hortensia Moreno mencionó que para ella —haciendo una paráfrasis de sus palabras— la igualdad es que las mujeres tengamos la misma oportunidad de hacer las cosas que los hombres han hecho, y eso incluye que podamos equivocarnos. Y es cierto: desde que las mujeres han incursionado en la política, sus acciones han sido puestas bajo la lupa a tal grado que parecería que no tienen derecho a equivocarse. Esto no debe confundirse con la evaluación a la que debería estar expuesta toda la clase política, sin importar su género, por hacer uso del poder para sus agendas personales y pisotear los derechos del pueblo.

Por ello, a la pregunta que se formuló varios párrafos arriba podríamos contestar que sí. Sí es un logró que una mujer llegue a ser presidenta de México, pero no por eso su figura tendrá que ser intocable ante las críticas y demandas de la sociedad. Sin embargo, todo lo que expresemos sobre ella tendrá que basarse en su desempeñó y capacidad para atender el cargo, y no justificarlo o criticarlo simplemente porque es mujer.

Las elecciones nos están permitiendo observar que el machismo, la xenofobia y el racismo siguen arraigados en nuestra sociedad. Hemos visto muchas notas de prensa, escuchado comentarios donde se critica la manera en que las candidatas se visten, se peinan, se maquillan, o se fijan en sus emociones, o falta de ellas, para juzgarlas. Esta situación muy pocas veces la han experimentado los hombres en la política. Y no es un comentario nuevo: basta recordar que cuando se discutía si las mujeres teníamos derecho a votar o no, se argumentaba que carecíamos de criterio para tomar decisiones políticas a causa de una presunta “sensibilidad” femenina. Así que la tarea de este sexenio para todes, pero particularmente para quienes tenemos espacios de opinión en medios de comunicación, es elevar la discusión, la crítica sobre el trabajo y desempeño de la mujer en el cargo, y no caer en el discurso fácil de evaluar su mandato, positiva o negativamente, solo por ser mujer.

Aquí entramos en otra arena compleja para las luchas feministas y de mujeres, porque, aunque tenga el liderazgo, una mujer en el Palacio Nacional no significa que vaya a tener una agenda feminista e incluso de derechos humanos. Hay que quitarnos esa venda de los ojos —la cual ya debería estar en el suelo si nos hemos dado a la tarea de observar si las mujeres en los puestos políticos han abrazado nuestras agendas. La amarga realidad es que no. Algunas han utilizado nuestros posicionamientos políticos para llegar a donde están, pero luego tienen que cumplir con la disciplina partidista que, en muchas ocasiones, no tiene como prioridad crear un país más justo e igualitario para todas, todos y todes.

Si Xóchitl Gálvez llega a la presidencia, su agenda está comprometida con el conservadurismo y las oligarquías del país. A ella le interesan las clases altas, los empresarios. La clase trabajadora, las mujeres y otras personas no son ni serán los detonantes de sus políticas para mejorar la vida en México. De ella no espero nada positivo, pero sí veo muchos retrocesos en temas de derechos laborales, y ni pensar en la necesaria reforma fiscal.

Si llega Claudia Sheinbaum, sus compromisos son dar continuidad al gobierno y proyecto de AMLO, y no lo digo para reforzar la idea de que Claudia funge como su hija y sigue las órdenes de su padre. No; esto lo digo desde la óptica de la disciplina partidista y desde la convicción que tiene al proyecto cuatroteísta. Sin embargo, ella ha mencionado en diversos espacios que es una mujer de izquierda y desde esa posición política esperaría que su agenda ponga al pueblo como prioridad: a las mujeres, a todas las que nombré anteriormente, a la clase trabajadora, a los derechos humanos, al medio ambiente. Se ha dicho demócrata, y si lo es, dejaría esa absurda venganza que han emprendido contra la SCJN, y se enfocaría en crear una verdadera reforma judicial estatal y federal que no tenga como objetivo desarticular al Poder Judicial de la Federación, pues su independencia es fundamental para seguir siendo una democracia.

Sin embargo, quiero ser franca con ustedes: no tengo expectativas específicas por el hecho de que una mujer sea la presidenta del país. Ser mujer no es garantía de ser demócrata, de estar a favor de los derechos humanos, de la izquierda, de los feminismos, y aunque reconozco el poderoso simbolismo que representaría, también tengo claro que su mandato será severamente juzgado por las razones equivocadas, es decir, por su género y no por sus agendas, que es lo que debería importar. Una pequeña esperanza que tengo es que, por ese poder simbólico, sí cambie aunque sea un poco la cultura machista mexicana, y que para las futuras generaciones signifique algo positivo. Pero trato de ser moderada con mis esperanzas y expectativas.

Ojalá que la mujer que tenga la banda presidencial sea consciente del poder que estará en sus manos y lo use para bien, al igual que lo esperaría del hombre que quiere ser presidente del país. EP

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