El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, conocida como Protecting the American People Against Invasion. Esta orden permite hacer detenciones sin audiencia, argumentando amenazas a la Seguridad Nacional estadounidense. Además, elimina los fondos federales para las ciudades santuario, endurece sanciones migratorias y promueve el reclutamiento masivo de agentes federales en Immigration & Customs Enforcement (ICE) y Customs & Border Protection (CBP).
Es interesante ver cómo las principales ciudades y estados donde han ocurrido las redadas más intensas son, en especial, demócratas. Se reforzaron también las operaciones que parten de la Operación Safeguard, aprobada el 21 de enero, que busca arrestar migrantes en las zonas urbanas de las “ciudades santuario”, como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Denver y Filadelfia. Llama la atención que al hacer uso de agentes federales, Trump manda un mensaje a los gobernadores y alcaldes demócratas. Claramente quiere enfatizar que los gobernantes demócratas no son eficientes para frenar la “invasión” de migrantes no solo mexicanos sino, sobre todo, morenos. Estas redadas representan una guerra cultural: al no ser de tez blanca, no tienen derecho a estar en Estados Unidos.
A diferencia de administraciones anteriores, es la primera vez que todas las agencias migratorias y de seguridad cruzan información sobre las personas que ingresan a territorio estadounidense en todas las bases de datos de los departamentos gubernamentales. Nunca antes lo habían hecho. Esto les permite llegar a personas específicas, sabiendo dónde viven, trabajan y cómo se mueven. El ideólogo de estas políticas es Stephen Miller, quien convenció a Trump de manejar el tema migratorio como un asunto de Seguridad Nacional. Estableció cuotas de hasta 3 mil arrestos diarios y al menos un millón de deportaciones al año, alcanzables mediante redadas agresivas en los centros de trabajo, hogares y espacios públicos como parques, iglesias, escuelas y supermercados. Para Miller, el ideal de deportaciones por año sería de dos millones. Esto, sin duda, ha ocasionado un ambiente de miedo y terror, ante el que muchas personas prefieren no salir de sus casas y no ir a trabajar. Muchos otros han optado por autodeportarse dado el riesgo de caer ante los agentes federales y dado el miedo a la violencia o a sufrir la ruptura o separación de sus familias.

De enero a la fecha, ha habido un gran cambio en la dinámica migratoria. Al principio de la nueva administración los agentes federales no sabían con qué presupuesto podrían operar y no tenían recursos. Actualmente, les asignaron 186 mil millones de dólares para todas las agencias: una suma realmente enorme, que les permite cumplir las metas propuestas. Las redadas comenzaron en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami y Newark, con 956 personas detenidas en un solo día. En California, los arrestos en oficinas del ICE aumentaron de 12 mil en enero a 24 mil en mayo de 2025. Las detenciones de personas sin antecedentes criminales aumentaron significativamente: pasaron del 21 % al 47 % en junio, cuando ocurrieron las grandes protestas y marchas en contra de las políticas de Trump. Estas cifras indican que muchas personas fueron arrestadas simplemente por su situación migratoria. Un informe del consulado mexicano en Los Ángeles confirmó que la mayoría de los detenidos eran residentes desde hace muchos años; es decir, desde diez y hasta veinte años o más, con múltiples vínculos familiares y muchos con hijos nacidos allá, lo que los convierte en ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
Ahora bien, ¿cómo están operando las agencias? ICE, por ejemplo, ha incrementado su capacidad de detención a través de la construcción de campamentos temporales y el uso de instalaciones militares. Han implementado, además, incentivos económicos para recontratar a agentes retirados mediante bonos de hasta 50 mil dólares. Las personas que no son deportadas inmediatamente son encarceladas en espacios donde se violan todos sus derechos, como ha sucedido con los prisioneros enviados a la base de Guantánamo, en Cuba.
Las redadas están sucediendo a pesar de las advertencias sobre los costos y riesgos para el sector agrícola, hospitalario y de servicios. Como ha sucedido desde la pandemia de COVID-19, los trabajadores de estos tres sectores son considerados esenciales. Se sabe que de cumplir con lo planteado por Miller como objetivo, la salida de 8.3 millones de inmigrantes podría ocasionar una caída del PIB de EUA en más de 0.4 puntos porcentuales desde 2025 hasta 2028. Desde finales de mayo, los empresarios, especialmente del sector agrícola, presionaron a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para que convenciera a Trump de frenar las redadas y deportaciones por los futuros daños a la economía estadounidense. Los trabajadores blancos no están dispuestos a realizar estas labores, y menos por los bajos salarios que reciben los migrantes en los campos agrícolas. El presidente decidió entonces que solo se deportarían a personas sin documentos y con antecedentes criminales, y trató de convencer a Miller de hacerlo así. Esto, sin embargo, no se ha cumplido: hay múltiples casos de personas arrestadas y deportadas únicamente por el color de su piel. La comunidad mexicana en EUA y los defensores de derechos humanos denunciaron que muchas de las redadas y arrestos se realizaron con base únicamente en la apariencia física y sin ninguna orden de detención. 

Como primera repercusión, vimos que en Los Ángeles, desde el pasado 6 de junio, se desataron protestas masivas por las redadas de ICE, ante lo que el gobierno federal respondió mandando más de 4,100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para contenerlas. Ante las presiones y amenazas de Trump de continuar con las redadas, el gobernador de California, Gavin Newsom, respondió al negarse a entregar los impuestos federales correspondientes, sabiendo que solo ese estado representa la quinta economía del mundo. Por supuesto que Newsom es uno de los demócratas con más fuerza hoy y un posible candidato para la próxima elección presidencial de 2028. Trump lo acusa de no cumplir con la nueva política migratoria ni con las detenciones requeridas y de no saber poner orden en su estado. De ahí que haya tenido que mandar a los agentes federales para acabar con las protestas. Recordemos que, desde 2018, California se considera un estado santuario, aunque Trump y Miller lo desconozcan. Esto es, indudablemente, una forma de desacreditar las políticas de los estados demócratas sabiendo que les resta solo año y medio antes de las elecciones de medio término en las que pueden perder la mayoría en el Congreso. 

A pesar de lo anterior y aunque Trump busca exhibir resultados y eficiencia a través de redadas espectaculares, el número de deportaciones sigue siendo inferior al de administraciones anteriores; no obstante, como mencionamos, hasta ahora se asignaron los recursos suficientes para que se lleven a cabo. Esto apenas ha comenzado y aún no sabemos hasta dónde puede llegar. Por lo pronto, las tensiones aumentaron entre el gobierno federal y los gobiernos locales que, en cambio, defienden políticas de integración y confianza comunitaria. Esto generará una confrontación constitucional con fuertes implicaciones legales y políticas. Por un lado, Trump quiere cumplir a su base MAGA (Make America Great Again) las promesas de campaña y dar golpes espectaculares que tengan un fuerte impacto mediático. Por otra parte, ha comenzado una confrontación abierta entre demócratas y republicanos. Las consecuencias para la economía estadounidense podrían ser devastadoras. Sin embargo, lo más grave que representan estas redadas es la guerra contra quienes no son blancos, la guerra de discriminación y racismo que es cada vez más evidente y profunda en el país vecino. 

No hay duda de que con Trump seguirán las detenciones agresivas, las tensiones entre poderes y las repercusiones económicas y sociales significativas. Aunque la narrativa del orden y la seguridad ha impulsado su legitimidad política, al menos en una parte de su población, la evidencia demuestra que ha generado más miedo y desconfianza, sin aumentar proporcionalmente las deportaciones. Se refuerza la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma migratoria integral que claramente no se dará en esta administración republicana, pero que es cada vez más inminente. EP

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