Según el Censo de Población y Vivienda de 2020, la población de 0 a 17 años representaba la tercera parte del total en México: más de 38 millones de personas (INEGI, 2024). Se trata de una proporción significativa que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene derecho a vivir, desarrollarse en armonía, participar en las decisiones que le afectan, no ser discriminada y ser prioridad en las políticas públicas. Pero, ¿qué lugar ocupó este grupo en la agenda del expresidente Andrés Manuel López Obrador?
Sin pretender abarcar todas las acciones del Estado en materia de infancia, aquí se revisan tres medidas de gran impacto —en salud, educación y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)— que permiten reflexionar sobre las posibilidades reales de que México ofrezca mejores condiciones de vida a su población más joven.

El sistema de salud

A nivel mundial, México llegó a ser un referente en materia de vacunación. Un artículo publicado en 2015 por una revista médica argentina, titulado “Historia y avances de la vacunación en México”, concluía:

En materia de vacunación, la vasta historia con la que cuenta México lo ha transformado en un país pionero en la producción local de vacunas y en la implementación de uno de los programas de vacunación más completos, con cobertura frente a 15 enfermedades prevenibles (…) Las últimas encuestas establecen que las acciones implementadas por el Consejo Nacional de Vacunación han permitido una mejoría en las tasas de protección de vacunales individuales y del esquema completo, si bien la cobertura de las diferentes vacunas continúa siendo insuficiente, a excepción de la BCG. (LatinComm, 2015, p.8)

Desde la década de 1990 el sarampión dejó de existir en nuestro país y desgraciadamente en 2019 apareció un nuevo brote. De hecho, a partir de este año la aplicación de todas las vacunas se desplomó. (Sotomayor 2023)

Desgraciadamente, durante la administración 2018-2024 se redujo significativamente el número de biológicos aplicados y la capacidad para suministrar suficientes vacunas. En 2021, después de la pandemia, “México fue uno de los 20 países con mayor número de niñas y niños con dosis cero, es decir, sin una sola vacuna” (Sotomayor, 2023). Si en el pasado la cobertura de vacunación infantil fue superior al 90 %, durante la administración del presidente López Obrador descendió hasta el 60 % o menos en algunas regiones (Fuentes, 2024).

Si bien el Programa de Vacunación Universal logró erradicar la poliomielitis, la difteria, el sarampión y el tétanos neonatal, además de controlar la tos ferina y las formas graves de tuberculosis (LatinComm, 2015, p. 8), el Pacto por la Primera Infancia advierte que en los últimos años ha disminuido la capacidad de este programa. La propia ENSANUT (2022c) muestra que sólo cuatro de cada diez niñas y niños menores de un año contaban con su esquema completo, y apenas una cuarta parte de quienes tienen dos años. Para el investigador Alberto Sotomayor:

El detrimento observado ha significado un retroceso acumulado del 41 % en un periodo de tiempo tan corto (2018-2022), lo que se traduce desafortunadamente en cientos de miles de niñas y niños sin inmunizar y el riesgo de sufrir graves afectaciones a su salud y bienestar e incluso el incremento de la mortalidad infantil.(Sotomayor, 2023, p. 12)

Como se puede ver, la ausencia de vacunas dejó en alto riesgo de adquirir enfermedades graves a una proporción muy importante de niñas y niños. Resulta preocupante que, en este mismo contexto, aumentara significativamente la proporción de niñas, niños y adolescentes sin acceso a servicios de salud, pues en 2018 era del 14 % y, para 2020, de más de la cuarta parte de esta población: 27.5 % (CONEVAL y UNICEF, 2021).

Queda claro que se violentó el derecho a la salud, base del primer principio de la Convención sobre los Derechos del Niño, al poner en riesgo la vida y la supervivencia, sin las cuales resulta imposible ejercer los demás derechos.

El sistema educativo

No podemos hablar de la educación en México sin referirnos al duro golpe que recibió todo el sistema —y, con él, la población estudiantil— durante el aislamiento social provocado por la pandemia de COVID-19.

De los 33.6 millones de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, 738.4 mil no concluyeron sus estudios: 98,200 en preescolar; 146,100 en primaria; 219,200 en secundaria; 181,300 en educación media superior y 89,900 en superior. Esto representa el 2.2 % del total de estudiantes. En la siguiente gráfica, el INEGI muestra los principales motivos del abandono escolar.

En el siguiente ciclo escolar, 2020-2021, no se inscribieron 5.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es decir, cerca de 10 de cada 100 (INEGI, 2022b).

Durante este periodo, un número importante de centros educativos fue vandalizado, y fue necesario implementar medidas que permitieran continuar con la enseñanza a la población infantil y adolescente. Los resultados dependieron en gran medida del acceso a las nuevas tecnologías, lo que incrementó las diferencias entre quienes contaban con recursos y servicio de internet y quienes no.

A pesar del rezago educativo evidenciado en todas las pruebas estandarizadas, de la desigualdad para continuar los estudios antes, durante y después del cierre de las escuelas, del incremento del abandono escolar y del trabajo infantil, el 28 de febrero de 2022 la Secretaría de Educación Pública canceló el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que ofrecía alimentos y horas extra de aprendizaje —a través de actividades educativas, artísticas y deportivas— a 3.6 millones de niñas y niños en los municipios más pobres del país (Animal Político, 2022).

El programa fue sustituido por uno nuevo, denominado La Escuela es Nuestra, que permitió utilizar los mismos recursos para la adecuación e infraestructura de las escuelas, sin un incremento del gasto público. Llama la atención la cancelación de un programa tan exitoso, avalado por diversas evaluaciones que así lo demuestran. Veamos únicamente dos.

La Evaluación del Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, realizada por UNICEF, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Salud Pública (2018), encontró que los alimentos proporcionados eran, para más de la mitad de las y los estudiantes (66 %), los primeros que consumían en el día. Concluyó que este servicio representaba una gran oportunidad para mejorar la salud y la nutrición infantil mediante la promoción de hábitos saludables y la prevención del sobrepeso y la obesidad. La evaluación también señaló que ofrecer alimentos contribuía a disminuir el abandono escolar y que, al involucrar a madres y padres, garantizaba la sostenibilidad del programa y fortalecía una red de confianza comunitaria.

Por otro lado, el CONEVAL evaluó principalmente el impacto académico del programa y encontró que, a nivel primaria, disminuyeron significativamente las tasas de repetición y rezago educativo, sobre todo en las escuelas ubicadas en localidades de alta marginación. En secundaria, se redujo el número de estudiantes con el nivel más bajo en Matemáticas y aumentó el de quienes alcanzaron el nivel más alto. Esta evaluación también observó que la mejora en el aprendizaje estaba relacionada con el servicio de alimentación, en el que participaban un coordinador, personal docente y directivo con remuneración o compensación salarial.

En las escuelas donde se promovieron la convivencia, la prevención de la violencia y la participación social, también mejoró el desempeño en Matemáticas. Además, se consideró que el PETC podía contribuir a mejorar las condiciones laborales de madres y padres, así como los ingresos del hogar. El estudio destacó como un resultado positivo adicional el que las madres contaran con mayor disponibilidad de tiempo, al ser ellas quienes, tradicionalmente, enfrentan relaciones de poder asimétricas que las llevan a interrumpir sus trayectorias escolares y profesionales para asumir roles de cuidado familiar (CONEVAL-UNICEF, 2018, p. 54).

El PETC ofrecía mucho de lo que hacía falta desde antes de la pandemia: cuidados, alimentos nutritivos para quienes más los necesitaban, actividades físicas y artísticas. De esta forma, contribuía a enfrentar el sobrepeso y la obesidad, favorecía la convivencia pacífica, reducía el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasaban frente a pantallas y mejoraba el nivel educativo. Su éxito fue tal que pasó de las 500 escuelas con las que inició a más de 25 000 en los municipios más pobres del país durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo que sorprende tras su cierre fue la ausencia de una reacción social de resistencia y de algún costo político. Únicamente la organización Mexicanos Primero presentó y ganó diversos amparos que ordenaban garantizar recursos para el programa, pero la Secretaría de Educación Pública no los atendió (Animal Político, 2022).

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

A pesar de la relevancia del SIPINNA para el diseño de políticas públicas dirigidas a la niñez y para orientar la labor de los sistemas estatales y municipales, y pese a que el Presidente de la República funge como su titular, Andrés Manuel López Obrador estuvo ausente de todos sus eventos a lo largo de su mandato. En febrero de 2021, renunció el primer secretario ejecutivo, Ricardo Bucio, y nunca fue sustituido. Posteriormente, el 18 de abril de 2023, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó la iniciativa presidencial de “simplificación orgánica” para trasladar el SIPINNA al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el argumento de “eficientar los recursos públicos” (Rangel, 2023).

Afortunadamente, este hecho sí provocó la movilización de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de la niñez, así como de exmiembros del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y de diputadas y diputados. Entre los principales cuestionamientos a la iniciativa presidencial se señaló que, al trasladar el SIPINNA al DIF, el Sistema dejaría de estar bajo la Secretaría de Gobernación y pasaría a depender de la Secretaría de Salud, lo que le impediría coordinar la política nacional con secretarios y secretarias de Estado y demás funcionarios del gobierno federal. No se trataba, pues, de una simple reubicación administrativa, sino del desmantelamiento del Sistema, al anular su capacidad de operación política.

La resistencia social y legislativa logró que la iniciativa no se sometiera a votación en la Cámara de Diputados (Rangel, 2023). Ya en la nueva administración, la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo evitó el traslado del SIPINNA al DIF, sino que además nombró a una secretaria ejecutiva.

Con lo aquí expuesto, puede afirmarse que la población de 0 a 17 años en México no fue importante ni prioritaria durante el periodo 2018-2024, pese al mandato constitucional que establece su protección preferente.

Hablemos de dinero

Si comparamos la cobertura de los programas de transferencias para personas de 65 años y más con la de las becas Benito Juárez, según los datos de la ENSANUT 2021, se evidencia la ausencia del principio del interés superior de la niñez establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2020, el Programa de Adultos Mayores alcanzó a más de la mitad de los hogares en todas las regiones del país. En contraste, las becas Benito Juárez sólo beneficiaron a una tercera parte de los estudiantes en la Zona Pacífico Sur —la de mayor cobertura— y a menos del 10 % en la Zona Pacífico-Centro, donde la proporción de niñas, niños y adolescentes beneficiados fue la más baja.

De hecho, puede plantearse la hipótesis de que la reducción en la vacunación, la eliminación del PETC y el intento de trasladar el SIPINNA al Sistema DIF respondieron al propósito de redirigir sus fondos hacia proyectos políticamente más redituables. Por ejemplo, en 2022 el presupuesto destinado a vacunación se redujo en 75 %, mediante un recorte de 22,730 millones de pesos. Asimismo, los recursos del PETC, que antes se administraban a través de la Secretaría de Educación Pública, fueron transferidos al programa La Escuela es Nuestra, bajo la Secretaría de Bienestar. Llama la atención que la dispersión de estos recursos se realizara directamente a los comités de madres y padres de familia, sin la participación de autoridades educativas ni docentes (Rodríguez, 2022).

El recorte al Programa de Vacunación, según Mario Luis Fuentes, “se debe, en primerísimo lugar, a la reducción del presupuesto para la salud pública” (Fuentes, 2024). No parece que el gobierno haya considerado el gasto público destinado a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes como una inversión —tal como lo han señalado diversos organismos internacionales—, pues dicha inversión puede traducirse en un mejor desempeño escolar, en la reducción del gasto público en asistencia social, en mayores posibilidades de acceso a empleos e ingresos dignos y en la ruptura del ciclo de pobreza intergeneracional (Villa, Beltrán y Mondragón, 2022).

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, que destinan alrededor del 5 % de su PIB a la inversión en la infancia, México apenas alcanza el 3.3 por ciento. Aunque durante la administración de López Obrador el gasto social aumentó considerablemente, los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes disminuyeron en términos relativos. Según un análisis de UNICEF:

Los recursos para la protección social de la infancia y adolescencia reflejan una pérdida de representatividad dentro del presupuesto: entre 2012 y 2023 pasaron de representar el 2.6 % del gasto social total a 0.7 % en 2023 (UNICEF, 2024, p. 9).

Es evidente que estos recortes no responden a la falta de recursos, sino a las prioridades del gobierno. El colectivo de organizaciones que impulsa la iniciativa Compromiso por la Niñez, #SuFuturoEsHOY advierte que, a diferencia del presupuesto destinado a niñas, niños y adolescentes, los recursos asignados a las instituciones encargadas de la Defensa Nacional crecieron más de 100 % en términos reales.

Resulta también revelador el contraste entre el incremento del 42 % real al presupuesto del Sistema DIF en 2023 y la reducción de casi la mitad del programa de Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que financia a las Procuradurías de Protección (UNICEF, 2024). Estas procuradurías tienen entre sus funciones determinar medidas de protección, elaborar y coordinar planes de restitución de derechos, asesorar y representar a menores de 18 años en procedimientos jurisdiccionales y administrativos, además de supervisar los Centros de Asistencia Social y llevar un registro sobre ellos.

Los recursos de los que disponen nunca han sido suficientes, por lo que su recorte resulta incomprensible. Para que cumplan cabalmente con sus responsabilidades, deberían contar con financiamiento suficiente y con un rango jerárquico elevado, fuera del DIF y dentro de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, lo que permitiría coordinar de manera efectiva a las distintas instancias del Estado y garantizar la implementación de los planes de restitución integrales. Asimismo, sería fundamental dotarlas de recursos para establecer oficinas de la Procuraduría de Protección en instancias estratégicas, como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Conclusiones

En el breve recorrido por algunas de las medidas del Estado durante el sexenio 2018–2024, quedó claro que la población menor de edad —aquella que aún no puede ejercer el derecho al voto— no fue prioritaria. Por el contrario, los programas que en otros periodos habían favorecido a niñas, niños y adolescentes fueron eliminados o reducidos, sin importar los resultados positivos que hubiesen mostrado. Con ello, se violó el principio constitucional de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, así como el principio del interés superior de la niñez.

Resulta sorprendente la facilidad con que se desmantelaron o minimizaron los programas y el propio SIPINNA. Esto no habría sido posible sin la indiferencia social ante la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de quienes tienen entre 0 y 17 años. En gran parte de la sociedad mexicana persiste una visión cultural que concibe la niñez como un asunto exclusivamente familiar, donde hijas e hijos son considerados propiedad de sus madres, padres o tutores, más que titulares de derechos.

Esa percepción explica, en buena medida, la ausencia de resistencia social o de costo político ante decisiones gubernamentales que afectaron a este grupo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador comprendió bien esa realidad y actuó en consecuencia; y nosotros también pudimos constatarlo con claridad.

Ante esta realidad, es indispensable que la sociedad transite hacia una relación distinta con niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos y entendiendo que el Estado es su principal garante. Tanto ellos como las personas adultas debemos exigir a las autoridades las acciones necesarias para generar las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos, lo que incluye demandar los recursos suficientes para hacerlo posible.

Al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado mexicano asumió la obligación de adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención” (CDN, art. 4).

Tenemos, por tanto, el reto de pensar y construir, junto con niñas, niños y adolescentes, las instancias del Estado y las comunidades necesarias para garantizarles una vida digna: libre de violencia y discriminación, con acceso a una alimentación adecuada, aprendizajes significativos, tiempo y espacios para el juego y el deporte, descanso suficiente y, en suma, la posibilidad de vivir felices la mayor parte del tiempo. EP