Lo ocurrido en Venezuela exige una postura clara: la intervención estadounidense vulnera principios básicos del derecho internacional, debilita de manera profunda los canales diplomáticos y no garantiza una transición democrática legítima. Desde esta convicción, Este País se pronuncia en favor de la legalidad internacional, de los esfuerzos diplomáticos orientados a la construcción de la paz y de las bases que sostienen el sistema multilateral.

La reinterpretación de una doctrina hemisférica para justificar una captura extraterritorial representa un retroceso grave y reafirma —como ocurrió también con la invasión rusa a Ucrania— que atravesamos una época marcada por la desconfianza y el miedo, en la que el recurso a la fuerza bruta desplaza reglas, acuerdos y mecanismos de negociación multilateral.

Este deterioro del orden multilateral se inscribe, además, en transformaciones estructurales de la economía global. La pérdida de la primacía comercial estadounidense en diversos países —como Brasil, Chile y Perú, cuyo principal socio comercial es hoy China— no justifica respuestas de poder duro ni atajos jurídicos. Insistir en un nacionalismo cerrado supone desconocer una realidad innegable: los intercambios comerciales han sido, durante décadas, uno de los principales motores del orden global.

Una nueva versión sui generis de la Guerra Fría, sustentada en la guerra comercial entre Washington y Pekín, revela el renovado ímpetu neoimperialista de las potencias, mismo que trae funestas consecuencias para los países y las poblaciones donde hoy se dirimen estas tensiones —del Caribe a Europa oriental—. Las acciones emprendidas por el presidente de Estados Unidos no envían un mensaje alentador ni para México, ni para la región, ni para la comunidad internacional.

Los recientes hechos en suelo venezolano exhiben dos elementos centrales. Por un lado, la prepotencia de Estados Unidos al poner en marcha una operación ilegal, inédita por su visibilidad y alcance desde la invasión a Panamá. Por otro, Venezuela —país que posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— evidencia la vulnerabilidad y los costos de sostener un régimen anclado en el caudillismo populista, que ha minado las transformaciones políticas, sociales y económicas reclamadas democráticamente por la sociedad venezolana durante años.

Lejos del discurso que se erige como paladín de la libertad, la extracción forzada del dictador Nicolás Maduro no garantiza, por sí misma, el tránsito hacia una democracia plena.

Desde esta doble constatación —la erosión del orden internacional y el fracaso del autoritarismo interno— Este País defiende el principio de soberanía política como la libre determinación de los pueblos para decidir su forma de gobierno, sin presiones ni intervenciones externas. Con garantías plenas de equidad, transparencia y justicia, el desafío democrático venezolano solo puede resolverse en las urnas; nunca bajo la lógica de un protectorado operado a control remoto desde Washington. La solvencia moral de la oposición venezolana —encabezada por María Corina Machado y el excandidato Edmundo González—, así como la emergencia de nuevos liderazgos, deberá demostrar que una democracia genuina es posible y que solo puede ser conducida por las y los propios venezolanos.

El paradigma del sistema multilateral inaugurado en la posguerra atraviesa hoy una erosión acelerada. Enfrenta el embate de una era iliberal que normaliza la excepción y debilita los mecanismos de rendición de cuentas. México no puede sustraerse a esta realidad. Un Estado capturado por el crimen organizado y el narcotráfico resulta particularmente vulnerable frente a un vecino que adopta decisiones cada vez más personalistas, impredecibles y alejadas del esquema de contrapesos que caracterizó al presidencialismo democrático estadounidense.

Este debate no es ajeno a México. La tradición diplomática mexicana de mediación, diálogo y apego al derecho internacional debe guiar la postura de Estado. El interés nacional exige coherencia con esa tradición, más allá de coyunturas partidistas o alineamientos circunstanciales.

Venezuela permanece atrapada en un laberinto de incertidumbre, donde el petróleo, la geopolítica y la ausencia de una transformación política legítima pueden tener repercusiones profundas para los aliados del Palacio de Miraflores. Sin embargo, el riesgo mayor no es exclusivamente venezolano: reside en la normalización de la intervención como mecanismo legítimo de cambio político en el sistema internacional.

Este País reitera su compromiso con la democracia y convoca a nuevas plumas a participar en una deliberación rigurosa y plural, capaz de observar el paisaje completo de retos y posibilidades, y no únicamente la rama que, sin caer, puede nublar la luz de la razón en el debate público. EP

El análisis independiente necesita apoyo independiente.

Desde hace más de 30 años, en Este País ofrecemos contenido libre y riguroso.

Ayúdanos a sostenerlo.