Desde mayo de 2025, un paro de labores en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ha puesto sobre la mesa las fallas estructurales en la impartición de justicia. En este análisis, Claudia Morales, Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, expone por qué una reforma judicial no basta para enfrentar el rezago y la precarización en el sistema.
Texto de Claudia Morales 09/07/25
Desde mayo de 2025, un paro de labores en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ha puesto sobre la mesa las fallas estructurales en la impartición de justicia. En este análisis, Claudia Morales, Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, expone por qué una reforma judicial no basta para enfrentar el rezago y la precarización en el sistema.
Desde el 28 de mayo de 2025, personas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) iniciaron un paro de labores con el fin de reclamar mejores condiciones laborales, pero también para denunciar las falencias estructurales que tienen como consecuencia el rezago en la determinación de los asuntos judiciales en la capital del país; algo que no se resuelve con los resultados de la reforma y la elección judicial recientes.
Si bien los consejeros de la Judicatura de la CDMX ordenaron la reanudación inmediata de las actividades para el 7 de julio, podemos revisar parte de las exigencias y de los temas que surgieron como forma de entender las dinámicas en materia de impartición de justicia, a partir de los efectos de la reforma judicial.
En el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se describen los resultados de la labor jurisdiccional tanto a nivel nacional como por entidad federativa. En el caso de la Ciudad de México (CDMX), se cuenta con la siguiente información:
Estos datos contrastan la cantidad de asuntos ingresados (264,177) con los asuntos determinados y/o concluidos (87,821), aclarando que en algunos casos, puede tratarse de asuntos de años previos.
La información anterior podría llevar a afirmaciones respecto a la necesidad de implementar cambios en el poder judicial, lo cual formó parte de los argumentos con los que se impulsó la reforma judicial. Sin embargo, un análisis de esta naturaleza deja por fuera comparaciones necesarias con otras autoridades.
Por ejemplo, en 2023 —mismo año que reporta el censo del INEGI—, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo un presupuesto de más de 25 mil millones, lo cual es mucho más que el presupuesto conjunto del poder judicial y la fiscalía capitalina, siendo que la autoridad policial también es responsable de la prevención de los delitos.
Es precisamente la procuración de justicia, es decir, la investigación y sanción de los delitos, uno de los mayores desafíos en el combate a la impunidad. Al respecto, la estadística en materia de incidencia delictiva, generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que en 2023 se contabilizó un total de 234,474 carpetas de investigación iniciadas.
Este dato, comparado con lo reportado por el INEGI respecto a los 21,209 asuntos en materia penal ingresados, así como con los 2,575 asuntos que se reportan en juzgados o tribunales de enjuiciamiento, indicarían que se estarían determinando apenas entre el 1 % y el 10 % de la totalidad de carpetas existentes.
Además, en días recientes, en el contexto del paro de labores en el TSJ-CDMX, se viralizó un video que mostraba el trato y las condiciones en que trabajan los servicios periciales del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), lo cual aumentó la indignación de la ciudadanía.
En el mismo sentido, personas usuarias de los juzgados familiares, que son la materia con mayor cantidad de trabajo —el INEGI reportó que en la CDMX este tipo de asuntos registra un total de 19,223 sentencias—, llamaron a un pronto arreglo entre Rafael Guerra Álvarez y la base trabajadora del TSJ-CDMX, puesto que el paro representa una afectación a los derechos de grupos como infancias y adolescencias.
Y es que el paro nos revela cómo problemas estructurales en la impartición de justicia no se resuelven con reformas a medias, puesto que se necesita de responsabilidad política y esfuerzos coordinados con la sociedad civil, capacitaciones, inversión en herramientas de gestión, generar procesos sin cargas burocráticas, digitalizar la mayor cantidad de procesos, mejorar las condiciones del personal administrativo y jurisdiccional, y aplicar evaluaciones con la finalidad de crear mecanismos de mejora para las áreas críticas.
Todo lo anterior, sin embargo, ha quedado relegado de la discusión y el debate público; a nivel de solución todo se pretendió resolver con el argumento de que la democratización de la elección de las personas juzgadoras es la panacea que los sistemas de impartición de justicia requieren; solución que deja fuera análisis profundos y a conciencia.
Desde Impunidad Cero, nos sumamos a las voces que exigen mejoras en los sistemas de impartición de justicia, sobre todo a nivel estatal, ya que concentran la mayor cantidad de asuntos en los que las personas requieren especialidad, técnica y conocimiento, no así mecanismos de control político con apariencia de participación democrática. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
