La impunidad en México es un problema estructural que afecta la justicia y la seguridad, con el 99 % de los delitos sin castigo y una alta desconfianza en las instituciones. Factores como la corrupción, la falta de recursos y la desigualdad agravan la crisis, perpetuando la violencia y la injusticia. Abordar este problema requiere reformas profundas, fortalecimiento institucional y un compromiso real de autoridades y sociedad civil.
Texto de Catalina Kühne Peimbert 17/03/25
La impunidad en México es un problema estructural que afecta la justicia y la seguridad, con el 99 % de los delitos sin castigo y una alta desconfianza en las instituciones. Factores como la corrupción, la falta de recursos y la desigualdad agravan la crisis, perpetuando la violencia y la injusticia. Abordar este problema requiere reformas profundas, fortalecimiento institucional y un compromiso real de autoridades y sociedad civil.
La impunidad en México representa uno de los mayores desafíos para su sistema de justicia y la cohesión social. Estudios recientes destacan que sólo uno de cada cien delitos cometidos en el país es sancionado, lo que deja al 99 % de los delitos sin resolución ni castigo. En el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2022, México ocupa el lugar 60 entre 69 países evaluados, situándose como uno de los países con niveles de impunidad más altos a nivel global. Además, organismos internacionales como World Justice Project califican al país como uno de los peores en ámbitos clave como ausencia de corrupción, orden y seguridad, y garantía de justicia.
La gravedad de este problema también se evidencia en la percepción ciudadana. Sólo el 11 % de la población confía plenamente en las instituciones de procuración de justicia, como los ministerios públicos y las fiscalías estatales. Esta desconfianza genera un alto nivel de “cifra negra”, es decir, delitos no denunciados, que en México representa el 92.4 % del total de los delitos cometidos. Esto significa que la mayoría de las víctimas opta por no acudir a las autoridades, ya sea por miedo, desconfianza o porque consideran que no obtendrán justicia.
Otro factor que agrava la situación es la falta de recursos en el sistema de justicia. México tiene una proporción de apenas 4 jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio recomendado por la ONU de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. De manera similar, el país cuenta con 1.02 policías por cada mil habitantes, mientras que el estándar mínimo sugerido es de 1.8 policías. Esta insuficiencia de recursos humanos y materiales contribuye a la sobrecarga del sistema judicial y limita su capacidad para resolver casos de manera eficiente.
La crisis estructural de la justicia en México perpetúa desigualdades y genera un impacto significativo en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, las altas tasas de homicidio, con 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes anuales, posicionan al país como uno de los más violentos del mundo. Además, la falta de resolución de estos casos refuerza una sensación de impunidad generalizada que incentiva la repetición de delitos y la descomposición social.
En resumen, las cifras de impunidad en México no sólo reflejan fallas sistémicas, sino también una crisis estructural que afecta el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones. Abordar este problema requiere un enfoque integral que incluya mayores recursos, reformas estructurales y un compromiso decidido por parte de las autoridades y la sociedad civil para garantizar un estado de derecho efectivo y equitativo.
La impunidad se define como la ausencia de castigo para los responsables de delitos o violaciones a derechos humanos. Es un fenómeno multifacético que abarca no sólo el ámbito penal, sino también los terrenos administrativo, civil y disciplinario. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) describe la impunidad como la inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal, civil o administrativa para quienes cometen violaciones, ya que escapan a la investigación, enjuiciamiento y sanciones correspondientes.1 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señala que la impunidad es el resultado de la falta de investigación y persecución penal por parte del Estado, lo que perpetúa las violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.2
En México, la impunidad se puede clasificar en dos grandes tipos según los expertos: impunidad de hecho e impunidad de derecho. La primera ocurre cuando los responsables de un delito o violación no enfrentan consecuencias legales debido a factores extralegales, como corrupción, amenazas o incapacidad institucional. La segunda, impunidad de derecho, se refiere a la ausencia de un marco normativo adecuado o deficiencias en las leyes que dificultan llevar a los perpetradores ante la justicia. Estas dimensiones se entrelazan en contextos donde el sistema de justicia es insuficiente o corrupto, y donde las víctimas enfrentan obstáculos insalvables para acceder a él.
Según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021,3 elaborado por Impunidad Cero, las fiscalías en México enfrentan problemas estructurales que agravan la situación. Sólo 1.04 % de los delitos denunciados fueron esclarecidos en 2020, y las fiscalías estatales tienen capacidades muy desiguales. Por ejemplo, Nuevo León y Yucatán lideran con los mejores índices de desempeño, mientras que Puebla y Morelos figuran entre las más rezagadas. Esto evidencia que la impunidad es particularmente severa en delitos del fuero común, como homicidios, robos y agresiones sexuales, que dependen de las instituciones locales.
El impacto de la impunidad trasciende el ámbito legal. En el caso de los homicidios dolosos y feminicidios, el índice de impunidad acumulada alcanza niveles superiores al 90 % en varias entidades, lo que refleja una grave incapacidad para esclarecer estos crímenes. Además, se calcula que la “cifra negra” de delitos no denunciados supera el 90 %, lo que incrementa la percepción de desconfianza hacia las instituciones de justicia y refuerza la idea de que el sistema es ineficaz o inaccesible para la mayoría de la población.4
Comprender las dimensiones de la impunidad es crucial para diseñar estrategias efectivas que combatan este problema estructural. Requiere fortalecer el marco legal y garantizar la capacidad operativa y la rendición de cuentas de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. Sólo así se podrá avanzar hacia un sistema de justicia que proteja efectivamente los derechos humanos y restablezca la confianza ciudadana.
La impunidad en México tiene sus raíces en una combinación de factores históricos, sociales, económicos e institucionales que perpetúan su existencia y dificultan su erradicación.
La corrupción sistémica es uno de los pilares que sostiene la impunidad en el país. Desde el soborno a funcionarios para evitar sanciones hasta el uso indebido de recursos públicos, estas prácticas minan la confianza ciudadana en las instituciones. Según Transparencia Internacional, México ocupa uno de los lugares más bajos en índices de percepción de corrupción, lo que refleja una profunda raíz del problema. La corrupción no sólo obstruye la impartición de justicia, sino que también desvía recursos esenciales que podrían utilizarse para fortalecer el sistema judicial.
La desigualdad también es un factor clave que contribuye a la impunidad. En un país donde el acceso a la justicia a menudo está condicionado por el nivel socioeconómico, las personas en situación de pobreza enfrentan barreras adicionales. Estas incluyen costos legales elevados, falta de información sobre cómo denunciar y miedo a represalias. Además, la desigualdad se traduce en una brecha de oportunidades que favorece a quienes tienen recursos para influir en las decisiones judiciales, dejando a los sectores más vulnerables en un estado de indefensión. La reciente reforma judicial no presenta ninguna innovación que ataque este problema de raíz.
Las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia también enfrentan retos significativos. La escasez de jueces y ministerios públicos, así como la falta de capacitación y recursos tecnológicos, limita severamente la capacidad del sistema judicial para resolver casos. Por ejemplo, en México hay apenas 4 jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra que está muy por debajo del promedio recomendado por organismos internacionales. A esta situación se suma una carga de trabajo abrumadora para fiscales y jueces, lo que retrasa los procesos legales y afecta su calidad y que se verá afectada por la inexperiencia, en el mejor de los casos, de las nuevas personas encargadas de impartir justicia.
La combinación de estos factores crea un círculo vicioso donde la impunidad alimenta la desconfianza en las instituciones y esta, a su vez, refuerza la falta de denuncias. Según la ENVIPE 2024, en 2023, se denunció el 10.4 % de los delitos. De ellos, el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 68.0 % de los casos. Durante 2023, se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.1 % del total de delitos. En 92.9 % de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Estos factores perpetúan la impunidad y generan un impacto negativo en la seguridad y el desarrollo del país. La falta de sanciones fomenta la repetición de delitos, mientras que la desigualdad y la corrupción erosionan el tejido social. Abordar las causas de la impunidad requiere una intervención integral que contemple reformas estructurales, fortalecimiento institucional y un compromiso genuino de todos los actores involucrados para reconstruir la confianza en el sistema de justicia.
La impunidad tiene repercusiones profundas en el desarrollo social, económico y en el ejercicio de los derechos humanos en México. La ausencia de castigo para los responsables de crímenes y violaciones genera un efecto dominó que afecta la seguridad, la confianza institucional y el bienestar de los ciudadanos.
Estudios económicos demuestran que la impunidad tiene una correlación directa con la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento económico. Según investigaciones de Eva Arceo, el costo de la impunidad en México representa el 0.6 % del PIB anual.5 Esta pérdida incluye factores como la reducción de la inversión extranjera, el incremento en los costos de seguridad privada y las pérdidas asociadas a la corrupción. Además, la relación entre impunidad y crímenes violentos, como el homicidio, tiene un impacto significativo en las actividades productivas. Por ejemplo, el aumento de la tasa de homicidios ha provocado una contracción del 0.25 % en el crecimiento económico anual del país.6
La falta de justicia también afecta la confianza de los inversionistas y ciudadanos en el estado de derecho. En un contexto donde prevalece la corrupción y el incumplimiento de la ley, las empresas enfrentan mayores riesgos, lo que limita su capacidad de generar empleo y fomenta la economía informal. Estas condiciones refuerzan el círculo vicioso entre desigualdad y subdesarrollo.
La impunidad socava también la protección de los derechos humanos, creando un ambiente donde las violaciones se repiten con impunidad y las víctimas carecen de mecanismos efectivos para obtener justicia. Daniel Vázquez, en su estudio sobre impunidad y derechos económicos y sociales, destaca que los países con altos niveles de impunidad tienden a registrar menores niveles de educación, esperanza de vida y acceso a servicios básicos.7 En México, la impunidad también está vinculada a la alta prevalencia de violencia de género, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El impacto en la educación y la salud es particularmente preocupante. Países con niveles bajos de impunidad tienen en promedio 4.7 años más de escolaridad que aquellos con niveles altos. Asimismo, la esperanza de vida en México podría aumentar significativamente si se fortalecieran los mecanismos de justicia. La falta de castigo también perpetúa la discriminación y la marginación de grupos vulnerables, como mujeres, niños y comunidades indígenas.
La impunidad también fragmenta el tejido social. La percepción de injusticia y la desconfianza hacia las instituciones generan un clima de descontento y alienación en las comunidades. Esto puede llevar a un aumento en la participación en actividades ilícitas y en la legitimación de la justicia por mano propia. Además, la impunidad refuerza ciclos de violencia que afectan a generaciones enteras, limitando las oportunidades de desarrollo y reproduciendo las condiciones que perpetúan la pobreza y la desigualdad.
El impacto de la impunidad no es sólo económico o social, sino también profundamente humano. Cada delito no resuelto representa una víctima que no recibe justicia y una familia que vive en el dolor de la incertidumbre. Las estadísticas reflejan que la impunidad es una amenaza directa al bienestar colectivo, pero también resaltan la necesidad urgente de implementar reformas estructurales y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar justicia y equidad en el país.
En este contexto de impunidad en México, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñamos un papel fundamental como catalizadores de cambio y promotores de justicia. Debemos actuar como vigilantes de la rendición de cuentas, investigadoras de casos de corrupción y defensoras de los derechos humanos, desempeñando un rol crucial en la construcción de un estado de derecho más fuerte y equitativo.
El impacto que tengamos como organizaciones, ahora más que nunca, debe trascender la investigación y denuncia para incluir propuestas de políticas y reformas legales para reconfigurar y fortalecer las instituciones de justicia.
También tendremos que desempeñar un rol crucial en el acompañamiento de las víctimas, ofreciendo apoyo legal y emocional para denunciar y posteriormente, enfrentar procesos judiciales, así como alternativas al sistema punitivista a través de la justicia distributiva y la resolución alternativa de controversias.
A pesar de esta contribución significativa, las OSC enfrentamos desafíos importantes, como la limitación de recursos financieros y el riesgo de represalias. Sin embargo, también tenemos oportunidades para fortalecer nuestro impacto mediante la colaboración con organismos internacionales, la tecnología para la transparencia y la movilización de la participación ciudadana.
La lucha contra la impunidad en México requiere un enfoque integral que combine reformas estructurales, fortalecimiento institucional y un cambio cultural que promueva la confianza en el sistema de justicia. Las siguientes estrategias y propuestas son esenciales para abordar este problema crítico y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos:
En resumen, la reducción de la impunidad en México no sólo depende de medidas legales y operativas, sino también de un cambio cultural y social que impulse la confianza en las instituciones y fomente la participación ciudadana. Estas estrategias integrales pueden ser la base para un sistema de justicia más eficiente, equitativo y transparente.
La impunidad en México representa uno de los desafíos más complejos y persistentes para el desarrollo del país. Este fenómeno socava el estado de derecho y afecta profundamente la cohesión social, la confianza ciudadana en las instituciones y el ejercicio pleno de los derechos humanos. A lo largo de este análisis, se han evidenciado las causas estructurales de la impunidad, su impacto en diversos sectores de la sociedad y las estrategias necesarias para combatirla.
La importancia de un enfoque integral no puede ser subestimada. La impunidad es un problema multidimensional que afecta no sólo el ámbito penal, sino también el administrativo, civil y social. Para lograr un cambio significativo, es necesario abordar las raíces del problema, incluyendo la corrupción sistémica, las desigualdades sociales y la falta de educación cívica. Además, se debe fortalecer la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales.
La participación de la sociedad civil es crucial en este esfuerzo. Las OSC visibilizan las deficiencias del sistema y también proponen soluciones concretas y ofrecen acompañamiento a las víctimas. Estas organizaciones actúan como un contrapeso frente a los abusos de poder y promueven la adopción de mejores prácticas a nivel local y nacional.
En el ámbito económico, reducir la impunidad podría tener efectos positivos significativos. La disminución de los costos asociados a la violencia, la corrupción y la ineficiencia institucional podría liberar recursos que se destinen a sectores prioritarios como la educación, la salud y la infraestructura. Asimismo, la confianza en un sistema judicial efectivo podría atraer inversiones extranjeras y fomentar el crecimiento económico sostenible.
En términos de derechos humanos, combatir la impunidad es una obligación moral y legal. Cada caso no resuelto representa una falla del sistema y una negación de justicia para las víctimas y sus familias. Es imperativo garantizar que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes, ya que esto envía un mensaje de tolerancia hacia las agresiones y perpetúa un ciclo de violencia y desamparo.En conclusión, la lucha contra la impunidad es una tarea que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Las reformas legales, la educación cívica, la transparencia institucional y el empoderamiento ciudadano son componentes esenciales para construir un sistema de justicia equitativo y funcional. Sólo con un esfuerzo sostenido y un enfoque integral podrá México avanzar hacia un futuro más justo y seguro, donde el acceso a la justicia sea un derecho garantizado para todos. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
