El INAI se extinguió y sus funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sarah Guarneros, de Impunidad Cero, analiza los cambios, retos y cómo afectarán los derechos de transparencia en México.
Texto de Sarah Guarneros 31/03/25
El INAI se extinguió y sus funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sarah Guarneros, de Impunidad Cero, analiza los cambios, retos y cómo afectarán los derechos de transparencia en México.
El plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones legales por parte del Congreso de la Unión, terminó el pasado 20 de marzo de 2025. A su vez, con 321 votos a favor y 125 en contra, el Senado aprobó la reforma a leyes secundarias en materia de transparencia, formalizando la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el traslado de sus funciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Este cambio da paso a un nuevo modelo que busca garantizar tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales en México. Sin embargo, aún quedan algunos pendientes del INAI, interrogantes sobre el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el proceso de las solicitudes de acceso a la información, los recursos de revisión y, en general, la transparencia en México.
El INAI fue el resultado del esfuerzo de la ciudadanía y la sociedad civil para asegurar el derecho de acceso a la información. Como organismo autónomo, convirtió a México en un referente en materia de transparencia. Su desaparición implica un retroceso preocupante, ya que ahora tanto el acceso a la información como la protección de datos personales quedarán bajo control del propio Gobierno.
Durante más de 20 años, el INAI fortaleció la transparencia mediante capacitaciones, resoluciones y la creación de herramientas digitales como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Su evolución permitió ampliar su alcance, incorporar a más sujetos obligados y reforzar su capacidad para hacer cumplir la ley. Ahora, estas funciones serán distribuidas entre distintas instancias, lo que genera incertidumbre y desconfianza sobre su continuidad.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno creará un órgano administrativo desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo”. Aunque este órgano tendrá ciertas facultades y autonomía para gestionar sus actividades, dependerá de la Secretaría Anticorrupción para la administración de recursos, presupuestos, y estará bajo su supervisión. El esquema completo de autoridades encargadas de garantizar la transparencia es el siguiente.
Todo lo anterior, al ser las funciones asumidas por diferentes instancias de acuerdo al sujeto obligado, representa una transformación profunda en la manera en cómo se gestionará la transparencia en México, una dispersión y un reto para la homogeneidad en el acceso a la información. Este cambio implica que las instituciones deberán adaptarse a nuevas leyes y procedimientos, lo cual podría generar resistencia y dificultades en la implementación, tal como ocurría ya con el INAI, donde se observaban obstáculos para obtener información adecuada y para la correcta aplicación de las leyes locales. Además, no todas las instituciones poseen la misma capacidad técnica y recursos para gestionar eficazmente la transparencia. La coordinación entre entidades será importante para evitar duplicidad o conflictos de competencia. A todo esto se le suma que con la repartición de las responsabilidades, la rendición de cuentas no sería exacta y podría dificultar la identificación de responsables en casos de incumplimiento e irregularidades.
Estas complejidades en la reestructura para poder acceder a nuestro derecho a la información plantean interrogantes importantes, y en particular sobre el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), misma que será absorbida por la Secretaría Anticorrupción, a través del órgano Transparencia para el Pueblo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. Durante 8 años, la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo del INAI, fue la herramienta digital que concentraba toda la información pública de los sujetos obligados en los tres niveles (federal, estatal y municipal). Además, de ser el medio por el que la ciudadanía podía presentar sus solicitudes de acceso a la información.
De acuerdo con las estadísticas publicadas en la página de internet de la Plataforma, desde su creación en 2016 y con fecha de corte al 13 de enero de 2025, se contabilizan 10,233,538 (diez millones, doscientos treinta y tres mil, quinientos treinta y ocho) solicitudes; el 92 % (9,415,563) relacionadas con acceso a la información; y un 8 % (817,975) sobre datos personales. A través de los años y el tipo de solicitudes de acceso a la información se permitió generar investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción relevantes (casos como Odebrecht o la Estafa Maestra T) y funcionando como una herramienta esencial para la sociedad civil en la labor de investigación para temas de derechos humanos, rendición de cuentas, desarrollo de índices para medir la eficacia de las instituciones, entre otras más.
De igual manera, estos datos subrayan la relevancia de la PNT como herramienta central para el ejercicio del derecho a la información en México. No solo facilita la presentación de solicitudes, sino que también ofrece un mecanismo de revisión en caso de respuestas incompletas, incorrectas o inexistentes. La PNT, bajo la supervisión del INAI, ha permitido a la ciudadanía interponer recursos de revisión, garantizando así un proceso transparente y accesible. La pregunta que surge ante esta nueva realidad es ¿cómo se mantendrá esta eficacia y accesibilidad en el nuevo esquema de transparencia?
La reforma menciona que se conservarán los archivos almacenados hasta la publicación de las nuevas leyes, se seguirá alimentando la plataforma y las instituciones tendrán que actualizar su información cada 3 meses. Ante la creación de nuevas instancias, la Secretaría tendrá que adaptar la PNT para tramitar los recursos de revisión y dirigirlos a las nuevas autoridades de transparencia. Mientras tanto, todos los casos pendientes de resolución, que superan los 1,500 según el excomisionado Adrián Alcalá, quedarán suspendidos durante 90 días.
Este nuevo panorama de transparencia en México introduce desafíos significativos. La transición implica una descentralización de los recursos de revisión, que ya no recaerá en una única comisión, sino que serán responsabilidad de cada autoridad de transparencia, según el nivel gubernamental correspondiente. Además, la nueva legislación establece la creación de un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, un mecanismo que, si bien busca proteger intereses superiores, podría convertirse en un obstáculo para el acceso a la información pública si se aplica de manera discrecional.
Para complementar este esquema, se prevé la creación de juzgados y tribunales especializados en transparencia y protección de datos personales en un plazo de 120 días tras la aprobación de la ley. La creación de nuevos órganos judiciales permitirá impugnar las resoluciones de los recursos de revisión a través de juicios de amparo. No obstante, mientras se implementan estos tribunales, los juicios ya en trámite en juzgados de distrito y tribunales de circuito se suspenderán por 180 días, lo que pausará la resolución de casos pendientes.
La efectividad de este nuevo esquema dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar la coordinación, la homogeneidad y la rendición de cuentas, así como de su compromiso para salvaguardar el acceso a la información pública como un derecho fundamental. En este contexto de transformación, la ciudadanía deberá mantenerse vigilante y activa, exigiendo transparencia y participación para asegurar que el legado del INAI no se diluya y que la rendición de cuentas siga siendo un pilar de la democracia mexicana. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
