El hecho de que México va a tener una mujer presidenta es un símbolo profundamente poderoso para las mujeres; es fruto de nuestras luchas en todo el mundo y consecuencia también de la fuerza de los movimientos feministas. Negar eso es un sinsentido y es injusto para las miles de luchadoras sociales por la igualdad.

Millones de mujeres en el mundo y en México siguen enfrentando rechazo para acceder a derechos debido a que muchos siguen pensando que existen tareas exclusivas para los hombres y que las mujeres no pueden ejercer responsabilidades de liderazgo o cargos públicos. El que haya una mujer presidenta cambia esa percepción por encima de discursos o campañas. Ver a mujeres haciéndose cargo de importantes responsabilidades es la mejor manera de cambiar esas narrativas. Una mujer presidenta representa, por sí solo, que se abran oportunidades para muchísimas más en diferentes ámbitos y entornos.

Al mismo tiempo, es fundamental recordar lo que el feminismo lleva diciendo durante décadas: no todas las mujeres somos iguales. Ese planteamiento no solo se refiere a la diversidad en un sentido positivo y amplio, sino también a la necesidad de reconocer que los problemas que las mujeres enfrentan están determinados por una serie de condiciones específicas y estructurales. Las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes, las mujeres en regiones de riesgo por la crisis climática, las mujeres estudiantes universitarias, las mujeres víctimas de la violencia del crimen organizado, todas nosotras tenemos necesidades diferentes, determinadas por nuestro contexto, nuestra identidad y también por nuestra clase social. Reconocer esas diferencias obliga a reconocer las propuestas que cada uno de esos sectores tiene para atender dichos problemas; esos son los intereses diferenciados, los medios que las mujeres en su diversidad han definido como formas para afrontar esas necesidades. Esta claridad es lo que el feminismo ha denominado como el “enfoque interseccional”.

La enorme capacidad del movimiento feminista para poner sobre la mesa de la discusión las desigualdades provocadas por el sistema patriarcal es lo que hace posible que hoy llegue una mujer a la presidencia. Pero eso no es suficiente, porque la lucha feminista de izquierda no es solo contra el patriarcado, sino contra todas las estructuras de dominación: es contra el capitalismo y el colonialismo. Es necesario, entonces, un análisis con un enfoque de izquierda, donde el proyecto de país que representa cada una de las candidatas se vuelve relevante.

Por esta razón, si la candidata de la alianza Fuerza y Coalición por México, Xóchitl Gálvez, ganara las elecciones, su triunfo podría representar un retroceso para las agendas del feminismo de izquierda. Basta con revisar las propuestas que ella misma presenta en la plataforma del INE ante la sección “Propuesta en materia de género o del grupo en situación de discriminación que representa”. Todas sus propuestas tienen un enfoque asistencialista, que no reconoce la agencia de las mujeres y apenas las ve como una población vulnerable. Si profundizamos más sobre los otros temas de la agenda feminista vinculadas a un análisis interseccional, podemos concluir con facilidad que el proyecto de gobierno que Xóchitl Gálvez plantea está basado en los intereses de quienes se han opuesto y confrontado de manera directa a las diversas agendas feministas.

Por otro lado, ¿podríamos esperar que una presidenta como Claudia Sheinbaum represente los intereses de la agenda feminista o de las mujeres que luchan —por ejemplo, de las mujeres indígenas en defensa de sus derechos colectivos a la libre determinación, a la autonomía y al territorio? Yo creo que no. Solo las mujeres indígenas pueden representarse a sí mismas, como ocurre con cualquiera de los sectores.

Me parece importante para este análisis reiterar que los diferentes sujetos políticos tienen agendas diferenciadas y sus propios intereses. Es así que quisiera preguntar: ¿los partidos políticos de izquierda pueden tener los mismos intereses que los movimientos sociales? ¿Pueden las agendas político-electorales representar los intereses de los movimientos sociales? Yo creo que eso no es posible en su totalidad.

Si bien los partidos de izquierda deberían representar valores y posturas de gobierno que expresaran las claves ideológicas emanadas de los movimientos sociales, es fundamental reconocer que estos son sujetos políticos distintos en un contexto determinado. Y eso lo hemos podido atestiguar en los gobiernos progresistas: la primera tarea de un gobierno de izquierda es generar las condiciones para mantenerse en el gobierno; eso implica negociar con los poderes fácticos existentes, es decir, se trata de establecer acuerdos con aquellos que pueden ser adversarios de los movimientos sociales.

Por lo tanto, es fundamental recuperar el valor de los movimientos sociales como un motor indispensable para las grandes transformaciones sociales. Son sujetos políticos insustituibles con agendas transformadoras por naturaleza. Los movimientos sociales —como los feminismos— son las expresiones colectivas de las grandes contradicciones sistémicas de la sociedad. Son una manifestación viva y activa de la necesidad de mirar las limitaciones estructurales que mantienen la desigualdad social para corregir dichas condiciones políticas.

La lucha política para transformar las sociedades y lograr condiciones de justicia, dignidad e igualdad es un proceso colectivo, masivo y de largo aliento. Por ejemplo, no podríamos comprender las grandes conquistas populares expresadas en la Constitución, como la gratuidad de la educación, los derechos laborales o la propiedad social de la tierra, si no fuera por la enorme participación durante la revolución mexicana, por los idearios políticos expresados en el zapatismo, el villismo y el magonismo. De la misma manera, esas conquistas no podrían existir como tales si no fuera por los constituyentes que las plasmaron en el texto constitucional.

Lo mismo podemos mencionar con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La revuelta latinoamericana de los años 90, sumada al levantamiento zapatista del EZLN, proporcionó las condiciones para la elaboración de los acuerdos de San Andrés y el derecho internacional que reconoce dichos triunfos. Plasmar esos derechos en la Constitución no depende de la buena voluntad de las personas legisladoras, sino de la fuerza de un movimiento indígena que continúa ganando batallas en tribunales y poniendo el cuerpo en la defensa de sus territorios.

Por estas razones, un gobierno de izquierda no puede concebir a los movimientos sociales como sus adversarios, sino que, bajo un ideario democrático y progresista, estos son un sujeto político indispensable para empujar a la sociedad a la izquierda. Una sociedad que expresa la conflictividad social en el espacio público, en las calles, en los grandes palacios legislativos y en las mesas de debate televisadas es una sociedad democrática. Que eso ocurra debería ser de interés de una mujer presidenta de izquierda.

Sería un error esperar de brazos cruzados que el gobierno represente en general los intereses de los movimientos sociales o pensar que una mujer presidenta, solo porque es mujer velará necesariamente por los intereses de las mujeres pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, o de las mujeres jóvenes. Es importante reconocer que la tarea de gobernar implica establecer acuerdos con todos los actores que integran al país, y frente a esa responsabilidad es importante que los movimientos sociales mantengamos una perspectiva crítica para exigir al gobierno el coraje para enfrentarse a los poderes fácticos.

Reconocer las limitaciones de la democracia y la lucha electoral no puede traducirse en resignación o legitimación de las incongruencias de los gobiernos de izquierda. Es una tarea de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada mantener una perspectiva crítica, sistémica, estructural y rigurosa. Toca reconocer las diversas agendas de los múltiples sujetos políticos y seguir empujando con todas nuestras fuerzas el escenario político hacia la izquierda.

Es así que las agendas de las mujeres pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas y de las mujeres jóvenes son diversas. No dependen de un reconocimiento de ellas en tanto que población vulnerable, marginalizada o victimizada. Lo que se esperaría de una presidenta de izquierda es el reconocimiento de esas mujeres en su colectividad como entes políticos y sujetos de derechos.

Quizá uno de los retos más difíciles ante el próximo gobierno será fortalecer la lucha contra la militarización, a la par que se construye un enfoque creativo y esperanzador contra la violencia y los grupos del crimen organizado que controlan territorios enteros. Pero esa es y seguirá siendo una tarea de los movimientos sociales.

Hoy nuestro deber es reconocer que los procesos de cambio no van en una sola dirección. Se necesitan sujetos políticos y colectivos capaces de construir agendas propias y de imaginar el país que queremos desde las trincheras de la sociedad civil. Solo el pueblo representa al pueblo; solo los movimientos sociales representan a los movimientos sociales.

Recordemos siempre que el problema no son las personas, sino las instituciones y las estructuras que mantienen la desigualdad. Entonces, las grandes respuestas no están en la asignación de “buenas personas” a puestos del servicio público; son las movilizaciones masivas en las calles las que mueven el mundo hacia la izquierda. EP

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