Las largas filas para llenar tambos y cubetas de agua en las pipas, los anaqueles de tiendas de autoservicio sin garrafones y los reclamos a las autoridades por la falta de este líquido fueron imágenes que centraron los reflectores en Monterrey, Nuevo León; una de las ciudades y centros industriales más importantes del país.

Las semanas en las que esta ciudad padeció el desabasto de agua reavivaron el debate sobre la necesidad de hacer un mejor uso del agua. Una vez más circularon los encabezados en los medios que alertaban de la llamada “crisis del agua”, los efectos de la sequía, así como los bajos niveles de las presas. ¿El problema de fondo es la falta de este recurso o su distribución?

En México 76% del agua se utiliza en la agricultura; 14 %, en el abastecimiento público que se distribuye a través de las redes de agua potable para las casas, industrias, y todos los que estén conectados. Mientras que 5% se destina a las termoeléctricas para la generación de electricidad y otro 5% para la industria —que abarca sectores como minería, construcción e industrias manufactureras— actividades para las que se obtiene este recurso directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país, señalan datos de 2018 publicados en la última edición de las Estadísticas del Agua, una publicación que realizan en conjunto Conagua y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El agua, además de ser un recurso muy importante para sobrevivir, es un bien empleado para el desarrollo de otros productos, cuya producción requiere de grandes volúmenes. Tan sólo para producir un vaso de cerveza de 250 mililitros se requieren 75 litros de agua, mientras que una copa de vino necesita de 120 litros, de acuerdo con cálculos del INEGI.

Este líquido es la materia prima para muchos productos, por lo que la industria tiene permisos para el uso de este recurso. Hasta 2020, la Conagua registró 560,201 concesiones para la explotación de aguas subterráneas, superficiales, descarga de aguas residuales, así como la extracción de materiales para particulares. 

Estas concesiones permiten el aprovechamiento de 89,547.8 hectómetros cúbicos (hm³) al año de agua. Un hectómetro cúbico representa un millón de metros cúbicos, para dimensionar esta cantidad al Estadio Azteca le caben 1.8 millones de metros cúbicos de agua —según cálculos propios hechos con datos de Conagua¹—, con lo que el volumen concesionado a empresas equivale a llenar alrededor de 49 veces el coloso de Santa Úrsula.

Del total de volumen concesionado a empresas, el 75.7% corresponde al sector agrícola, 14.7% al abastecimiento público, 5% a la industria y 4.6% se utiliza para la generación de energía eléctrica, esto de acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) con corte al 2020.

Hasta 2018 los estados que concentran el mayor volumen de agua concesionada a particulares son Sinaloa con 9,570 hectómetros cúbicos y Sonora con 7,309 hectómetros cúbicos, debido a sus grandes superficies de riego; seguidos de Veracruz con 5,822, Michoacán 5,485, Chihuahua 5,40, detalla la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su informe Estadísticas del Agua 2019. 

¿Quiénes son los dueños del agua?

La Ley de Aguas Nacionales, publicada en 1992, permitió el uso de este recurso a particulares con lo que 3,304 usuarios privados concentran las concesiones para extraer un millón de metros cúbicos o más al año. Empresas como Altos Hornos de México, Iberdrola, Grupo Modelo, Constellation Brands, Volkswagen, Lala, Coca Cola y Danone son algunas de las empresas que tienen concesiones para el aprovechamiento y ,en algunos casos, la extracción de agua, según la investigación titulada Los millonarios del agua.

El estudio, realizado por los académicos Wilfrido Gómez-Arias y Andrea Moctezuma, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analizó los datos del 2020 el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) —que contiene información sobre las concesiones—, identificó que de los 3,304 usuarios privados que concentran las concesiones, 966 corresponden a empresas tanto de energía eléctrica como cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras, que explotan 5,805 hectómetros cúbicos al año (hm³/año); 1,537 son personas físicas dueñas de concesiones por 2,547 hm³/año de agua y 801 asociaciones civiles que tienen concesionados 4 856 hm³/año.

La investigación señala que desde 1993 hasta enero de 2020 la Conagua otorgó en todo el país un total de 514,684 títulos y permisos, repartidos entre 361,600 usuarios. No obstante, el pasado 2 de agosto del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Conagua no otorgará más concesiones de agua, en especial, en el norte del país; en aquella ocasión reconoció que “la crisis del agua” no se resolverá si continúan otorgando concesiones para la explotación de este recurso. Aseguró que su gobierno analiza si se debe reformar la Ley de aguas Nacionales, a fin de evitar la corrupción en la entrega de estos permisos. 

Patricia Ávila, investigadora del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, comentó que la Ley General de Aguas se publicó en un contexto en el que cambió la estructura económica del país en la que se buscaba dar certeza jurídica a la inversión privada, por lo que se requería un andamiaje legal e institucional para garantizar la propiedad privada de los recursos para incentivar la inversión. 

“Se construyó un marco jurídico en los años 90 para garantizar que el capital trasnacional pudiera invertir en la minería, en el sector inmobiliario, la agroindustria, en muchos sectores de la economía, para que tuvieran la certeza, vía concesiones de agua, de usar este recurso para poder funcionar”, mencionó.

Para la académica, la llamada “crisis del agua” no es un problema de falta de este recurso, sino de su administración y que muy pocos concentran grandes volúmenes de este recurso; así como de las malas prácticas respecto a su utilización que afectan el acceso a la población a este líquido.

Falta mayor vigilancia, refirió, de la Conagua para verificar que las empresas estén utilizando el volumen indicado en la concesión; destacó que el presupuesto de este organismo cada vez es menor, lo cual se traduce en menor número de inspectores. 

El presupuesto para la Conagua pasó de 62 mil 15.7 millones de pesos en 2012, a 33 mil 916.3 millones de pesos en 2022, una reducción de casi la mitad, según el análisis Evolución del Gasto en Materia Hídrica 2012-2022, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 

Ley de Aguas Nacionales “atorada”

El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4º constitucional en la que se reconoce el derecho humano al agua y se estableció un plazo de 360 días al Congreso de la Unión para emitir una nueva Ley General de Aguas que garantizara este derecho.

Desde aquella publicación han pasado 10 años, en los que ha habido varias iniciativas que han tratado de establecer la privatización del agua en aspectos como los servicios de distribución de agua potable. Uno de esos intentos fue la llamada Ley Korenfeld de 2015, impulsada por el entonces titular de la Conagua, David Korenfeld, la cual planteaba la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la construcción y la concesión de grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica. 

Este proyecto fue desechado por la Cámara de Diputados. Además, organizaciones de la sociedad civil pidieron que se eliminara el proyecto tras la renuncia de David Korenfeld por usar un helicóptero de la Conagua con fines personales.

Desde la ciudadanía se impulsó una legislación que garantizara este derecho humano: la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas presentada por la organización Agua para Todxs, Agua para la Vida, presentada ante el Congreso el 4 de febrero de 20020, respaldada por 200 mil firmas. Sin embargo, aún no ha sido aprobada. 

José Luis García Bello, integrante de Agua para Todxs, Agua para la Vida, comentó que actualmente la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas se encuentra en discusión en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados; consideró que hay “muchos intereses” que “atoran” su avance. 

“Monterrey tuvo los reflectores, pero, así como se vivió esa situación hay muchos municipios que están en esa misma situación de escasez, porque la lógica actual es el agua como mercancía. Con esta iniciativa ciudadana de ley, que está atorada en el Congreso, se regresa al agua, su identidad de bien común cultural y sujeto de derechos”. 

Enfatizó que “no es sequía, sino saqueo”, por lo que se requiere de un marco normativo justo que vigile el uso, aprovechamiento, distribución del agua y que se evite su contaminación. De lo contrario seguiremos con el “fantasma de que el agua se acaba porque somos muchos”.  

María Eugenia Ochoa, integrante de Agua para Todxs, Agua para la Vida, enfatizó que hay intereses económicos de empresas a las que les conviene que la administración del agua continúe operando como hasta ahora, por lo que desde la sociedad civil es necesario continuar presionando para la aprobación de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. 

“Las Cámaras, de senadores y diputados, no son un ente homogéneo, con legisladores de diferentes estados en los que hay presencia de actores económicos —incluso transnacionales— con intereses muy fuertes. No sólo es disposición del presidente de la República, es un entramado muy complejo a diferentes niveles; tenemos que presionar desde diferentes espacios”.

La también miembro de la Asamblea Social del Agua, destacó que la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, propone ordenar la diversidad en la administración de este recurso en los estados del país ya que los organismos operadores de agua están regulados por los municipios y pueden ser concesionados a particulares. Estos organismos se encargan del suministro de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Es necesario, dijo, respetar el ciclo del agua, no sólo su distribución sino también cuidar que no se destruyan las fuentes de generación de este recurso como los ríos, con la contaminación o la destrucción de los bosques; por lo que se requiere de una visión integral. 

“Debe haber un nuevo ordenamiento del agua, una gestión integral: donde se ponen los flujos del agua, la captación, los nuevos centros urbanos, las industrias, las cerveceras. Se requiere repensar todo el ciclo del agua”.

Más inversión en tecnología

Para Eduardo Vázquez, director ejecutivo del Fondo de Agua de la Ciudad de México, una de las principales lecciones que dejó la “crisis” que se vivió en Monterrey por la falta de agua es la necesidad de invertir en tecnología que contribuya a una mejor gestión de los recursos hídricos.

Mejores sistemas de riego y de captación de agua de lluvia son algunas de las tecnologías que se requieren implementar para administrar el agua en temporada de sequías y no esperar a la llegada de las lluvias para que la población tenga acceso a este recurso. Las fugas en las tuberías es otro aspecto que debe revisarse, ya que una gran parte de este líquido se pierde por estos desperfectos. 

“Es necesario una perspectiva de largo plazo que incluya la inversión en tecnologías. Por ejemplo, en el campo se necesitan de sistemas que hagan un uso más eficiente del agua para evitar su desperdicio mediante la tecnificación del riego, desarrollar las capacidades de los agricultores, así como la reconversión de cultivos; mientras que en las ciudades los sistemas de captación de agua de lluvia son una gran opción”. Los efectos del cambio climático hacen que las sequías sean más intensas y la temporada de lluvias se retrase cada vez más. Una mejor distribución de los recursos, un marco jurídico que vigile el aprovechamiento de las empresas de los recursos hídricos es necesario para evitar escenarios de escasez como los que se visibilizó en Monterrey. EP

1. En una conferencia de prensa de 2017, el entonces titular de Conagua mencionó que 3 millones 272 mil metros cúbicos equivale a llenar el Estadio Azteca 1.8 veces, por lo tanto equivale a 1.8 millones de metros cúbicos. [↩]

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.