Brechas digitales: nuevas amenazas a los derechos

Luna Mancini, abogada y defensora de derechos humanos, analiza las implicaciones éticas de la brecha digital en México.

Texto de 02/08/21

Luna Mancini, abogada y defensora de derechos humanos, analiza las implicaciones éticas de la brecha digital en México.

Internet y las herramientas digitales se han vuelto imprescindibles y, a la vez, son una amenaza para ejercer derechos. 

En cualquier ámbito social, el potencial democrático de ciertas herramientas se puede medir con base en el grado de participación que proporcionan al individuo. La pandemia ha visibilizado tanto las ventajas de la digitalización, como la acentuación de desigualdades estructurales o históricas y el riesgo de exclusión social, política y económica que surge entre quienes pueden adaptarse al mundo digital y los que carecen de esa posibilidad. 

El nivel de estudios, la ocupación, la edad o el género, son algunos de los factores que determinan la brecha de competencias digitales. Y es que la digitalización es desigual ante contextos desiguales. El potencial democratizador de las herramientas digitales desaparece, si no se visibilizan y protegen los derechos de los colectivos en situación de vulnerabilidad o desventaja, como pueden ser las personas con menor educación, mayor edad, en situación de discapacidad, con bajos ingresos o que viven en núcleos de población rural o de tamaño reducido. 

“El potencial democratizador de las herramientas digitales desaparece, si no se visibilizan y protegen los derechos de los colectivos en situación de vulnerabilidad o desventaja”.

Derechos, mercado y desigualdades digitales

Los vínculos e interrelaciones entre el derecho y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abarcan ámbitos muy diversos que impactan en la vida cotidiana de las personas. Desde hace una década, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a Internet como un derecho humano, exigiendo a los países facilitar un servicio accesible y asequible para todos y anunciando como prioridad el garantizar el acceso a nuevas tecnologías. 

Sin embargo, las actividades de la industria tecnológica y su injerencia a nivel global, sin normas que protejan los derechos de las personas, provoca altas concentraciones de riqueza y brechas de desigualdad. En continentes con economías emergentes, la creciente inversión en infraestructura tecnológica por parte de compañías extranjeras, aunque permite contar con mayores servicios, conectividad e innovación (en función de las posibilidades de acceso a tecnología e Internet), aumenta la disparidad interna de las personas en esos territorios. 

En un contexto en el que las empresas de telecomunicaciones buscan el rápido crecimiento en los grandes mercados, la conectividad digital en países en vías de desarrollo se ve limitada por factores relacionados con las capacidades de infraestructura y servicios básicos (como una red eléctrica confiable). Por ejemplo, en América Latina y el Caribe más de un tercio de los hogares no cuenta con conexión a Internet. Cerca de 200 millones de personas carecen de acceso a infraestructura digital básica y la asequibilidad o el elevado coste de los dispositivos móviles y la conectividad en relación con los ingresos de las personas, así como la debilidad en la infraestructura de telecomunicaciones provoca ineficiencias en la prestación de servicios digitales a sectores enteros de la población. 

La limitada competencia en el mercado de las telecomunicaciones, con estructuras regulatorias complejas, las altas tarifas de instalación y los elevados gastos de operación y mantenimiento de las redes en la región, desincentivan las inversiones y el desarrollo digital que se requieren. Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), en el último año, en regiones como Asia y Europa se dio un crecimiento de entre 49 y 59% en el mercado de cómputo de entrada y el resto se invirtió en herramientas más avanzadas que sirvieron para incidir en la crisis pandémica. Mientras que en Latinoamérica, el 93% de la inversión fue de cómputo de entrada, es decir, de tecnología relacionada con actividades de consumo.

Brechas y exclusión digital en México

Adaptarse a la digitalización supone una gran oportunidad para países, personas y empresas, pero puede convertirse en un importante factor de riesgo para alcanzar la igualdad si no se garantiza la no discriminación en el acceso y el uso de las TIC. La tecnología permite simplificar los procesos pero, sin parámetros apropiados, puede afectar a ciertos sectores de la población. La exclusión digital es un problema multidimensional en el que se deben contemplar factores y brechas de acceso, de habilidades o de uso

La inequidad en el acceso a los servicios digitales en México y la brecha derivada de cómo la población los utiliza también se evidenció con la pandemia. Las personas de mayor edad se están enfrentando a una progresiva discriminación ante servicios que ya no pueden realizarse en forma presencial. La falta de acceso a equipos eficaces y los problemas de conectividad y velocidad, así como sus altos costos, limitan la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, y generan obstáculos para la educación y el acceso al aprendizaje, comercio electrónico y finanzas.  

“La falta de acceso a equipos eficaces y los problemas de conectividad y velocidad, así como sus altos costos, limitan la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que sólo el 44.2% de los hogares dispone de una computadora y únicamente el 60.6% tiene conexión fija a Internet. Existen grandes diferencias de acceso entre zonas del país: las personas usuarias en áreas urbanas llegan al 78.3%, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4%. Diferencias evidentes si se observa el uso por regiones de la república. Por ejemplo, en Chiapas sólo el 45.9% de la población tiene acceso a Internet, mientras que en Nuevo León cuenta con 84.5%. 

El acceso a los recursos no es igualitario principalmente por factores socioeconómicos. Aunque el 96% de los mexicanos cuenta con teléfonos inteligentes, el acceso a servicios y herramientas digitales es muy desigual. De 126 millones de líneas móviles con acceso a internet, 103.9 millones son de prepago y un 25% de ese total recarga menos de 50 pesos al mes. Con esa suma, se accede a un promedio de 120 MB lo que limita el acceso a servicios digitales, según datos de la Asociación de Internet MX. 

El hecho de que no todas las personas estén conectadas de la misma manera, impide tener el mismo desarrollo y habilidades digitales ante el trabajo remoto, la educación en línea, la salud digital o el comercio electrónico. De lo que se pueden derivar múltiples afectaciones a otros derechos (como la libertad de expresión sin censura, el acceso a la información…), lo que amplía la brecha digital social (que implica tener mayor o menores probabilidades de acceder a las TIC, según los distintos estratos socioeconómicos).

Revolución digital e implicaciones éticas 

La creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular más rápidamente y con mayor capacidad de difusión, ha transformado las sociedades modernas en sociedades de la información. Sin embargo, la revolución en las tecnologías de la información no garantiza la transferencia de conocimiento, sólo la facilita. Puede suceder que el desarrollo de tecnologías converja con el analfabetismo funcional propio del siglo XXI, que comporta que muchos individuos no sepan analizar y seleccionar entre la enorme masa de información que reciben continuamente y, de esta manera, se dejen manipular (pensamiento único).

La simple dotación de tecnologías, la mejora del acceso y la calidad de los servicios, aunque facilita el acceso a la digitalización, no garantiza la igualdad de oportunidades, si no se cuenta con las habilidades y conocimientos para aprovechar los derechos digitales. La mayor causa de exclusión de la población de las herramientas tecnológicas es la falta de conocimiento y educación que, a su vez, deriva en formas de exclusión de otros derechos sociales, laborales o financieros, al limitar la participación y privar del acceso a servicios que se vuelven esenciales en el contexto actual.

Con la revolución digital las sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de adaptarse y avanzar hacia la construcción de políticas y herramientas que permitan contar con personas capaces de utilizar la información a su alcance para su propio beneficio. Es decir, el concepto pluralista de sociedad del conocimiento va más allá de la sociedad de la información, ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sostenible. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística según el Informe Mundial de la UNESCO.

Las instituciones, estructuras y convenciones que rigen el sistema global precisan esquemas de funcionamiento alternativos para adaptarse a la construcción de sociedades del conocimiento a partir de las TIC. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando impacta en los derechos de las personas o colectivos. Los avances tecnológicos deben surgir desde y para la propia comunidad, modificando la forma de comprender y aplicar el derecho, para que las personas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. 

“Los avances tecnológicos deben surgir desde y para la propia comunidad, modificando la forma de comprender y aplicar el derecho, para que las personas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad”.

Alcances y propuestas

Aunque las empresas no son sujetos de obligaciones de derechos humanos en el plano internacional y no existe tratado que garantice el acceso a Internet, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU busca promover la divulgación y aplicación efectiva y global de sus Principios Rectores. En estos se establecen criterios de responsabilidad que las empresas deberían asumir (para identificar, prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos) y deberes a los Estados de establecer normas que protejan los derechos y orienten sus políticas públicas a garantizar condiciones de acceso a los servicios digitales sin discriminación. 

Pese a los avances alcanzados en la última década, la región latinoamericana continúa rezagada frente a economías europeas o de Asia central. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU emitió el Informe Especial: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, que establece cinco líneas de acción para los países de la región: 

  • Construir una sociedad digital inclusiva
  • Impulsar una transformación digital productiva 
  • Promover la confianza y la seguridad digitales
  • Fortalecer la cooperación digital regional
  • Repensar el modelo de gobernanza digital

La protección de los derechos debe ir más allá de las reglas de mercado buscando garantizar, además de una mejor red, habilidades y conocimientos, para evitar perpetuar las desigualdades sociales en el espacio virtual. En México, el alcance digital se ha construido mal y pobremente y las amenazas a la neutralidad de la red y los peligros ante políticas de vigilancia y recolección de datos biométricos de forma masiva, son una realidad. La perspectiva de interseccionalidad debe servir para generar formas sustentables e igualitarias que permitan la emancipación de las personas, a partir de:

  • Reducir costes y mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios públicos y privados.
  • Incentivar el uso orgánico de la tecnología, automatizando los procesos a partir de las necesidades concretas de los colectivos o grupos en situación de desventaja.
  • Implementar tecnología incluyente, sistémica y sostenible en el tiempo, que permita su mejora a futuro.

Medir la calidad, la eficiencia y la legitimidad de las decisiones públicas sobre las opciones tecnológicas, a partir de metodologías y herramientas participativas que no beneficien sólo a sectores ya privilegiados. EP

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