Debates y peligros para México

En la discusión pública, tanto nacional como internacional, estamos viviendo intensos debates. Por un lado, el protagonizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y el expresidente Zedillo –focalizado en la reforma judicial y el contraste entre las dos visiones de país de dichos actores políticos–; y, por otro, entre CSP y Trump –versado en los aranceles y las continuas agresiones del mandatario a nuestra nación–. La tensión y preocupación que se extienden por México sugieren que todos queremos que al país y a su gobierno les vaya bien. En el marco internacional, la presidenta ha actuado con prudencia y diálogo, no a través de la confrontación; sin engancharse en las provocaciones de las “mañaneras trumpianas”, intentando fijar apropiadamente sus “líneas rojas” y, en consecuencia, gozando de un 80 % de popularidad, contra el 40 % que tiene Trump.

Sin embargo, el riesgo de dicha popularidad es encerrar en una narrativa conveniente al régimen morenista que excluya las amenazas y errores que podía cometer esta administración; mismos que deben señalarse como una advertencia. Insisto: todos queremos que al país y a su gobierno les vaya bien. Algunas de las voces más calificadas de México han alertado hacia el gran error histórico, las enormes deficiencias operativas y de concepto, de la anunciada reforma judicial –que significa la destrucción en la práctica del Poder Judicial–. Como el Congreso es “una oficialía de partes” del Ejecutivo, se elimina la división de poderes y los contrapesos, esenciales para la democracia e, inclusive, para que funcione un gobierno. Este artículo crítico tiene, entonces, tres objetivos: el primero es señalar algunas condiciones históricas que nos trajeron hasta aquí; el segundo es puntuar algunos errores y virtudes de la administración obradorista que fundan el llamado “segundo piso de la transformación”; y, el tercero, es tejer una serie de elementos que CSP debe advertir para que su gobierno se sostenga y signifique crecimiento genuino para México. 

¿Cómo llegamos aquí? La perspectiva histórica 

Los dos materiales que el expresidente Ernesto Zedillo publicó en Nexos y Letras Libres causaron revuelo. Sus críticas, que se sostienen en argumentos sólidos, enfrentaron una agresiva respuesta por parte de la presidenta. Sin embargo, Zedillo no es el único que ha subrayado los peligros de ciertas estrategias políticas del Ejecutivo. Así lo han hecho Enrique Krauze, Aguilar Camín y Federico Reyes Heroles –por mencionar algunos–, quienes han expresado una válida inquietud: ¿estamos en un contexto de transformación o de destrucción nacional?

De no responder con prudencia y asertividad esta cuestión, nos enfrentaremos al colapso del segundo piso de la transformación, tal como le sucedió al Transporte Colectivo Metro cuando CSP era Jefa de gobierno de la Ciudad de México. La pregunta recae en si esta administración tiene cimientos sólidos sobre los cuales sustentarse y sostenerse. En muchas áreas álgidas, la respuesta parece ser negativa. En procesos como estos conviene revisar el pasado: ¿qué sucedió y cómo se salió adelante? De ahí que los comentarios de Zedillo –quien heredó problemas enormes que enfrentó su administración– sean pertinentes. 

La tarea urgente es revisar en nuestros ciclos históricos de avances y crisis, corrección y ajustes, qué se debe seguir para comenzar la labor de reconstrucción nacional. Si nos concentramos en el último medio siglo de evolución, considero que podemos identificar cuatro procesos o ciclos de “destrucción”, en los que encontramos algunos símiles con nuestra situación actual:

1) La Primera Destrucción (1ªD) provocada por los gobiernos populistas de Echeverría y López Portillo –conocidas como la “docena trágica”–, que con irresponsabilidad fiscal, la nacionalización bancaria, entre otras políticas, destruyeron 40 años de crecimiento acelerado, detonaron la traumática devaluación de 1976 y la gran crisis de la deuda de 1982.

2) En 1994 ocurre la Segunda Destrucción (2ªD) con la crisis bancaria nacional y de deuda global, llamada la “Crisis del Tequila”, y el mayor rescate financiero de la historia, hasta ese momento, otorgado por el gobierno del expresidente Clinton.

3) La Tercera Destrucción (3ªD) sucede en el cambio de milenio. Después de otro período de saneamiento financiero, en pleno neoliberalismo de estabilidad sin crecimiento, a la Gran Recesión de 2008, un proceso de avances democráticos con alternancia hacia gobiernos mediocres, sobreviene un período de corrupción generalizada con Peña, partidos tradicionales desprestigiados, lo cual provoca una reacción popular que derivó en el gobierno del presidente López Obrador, mismo que inicia con una muy mal manejada pandemia del COVID-19.

4) Así surge la 4T que, incluso con sus aciertos, ha resultado en una destrucción de instituciones y, en suma, de la gobernanza y gobernabilidad nacional. Ésta podría, tal cual está llevado el proyecto de nación, convertirse en la Cuarta Destrucción  (4ªD).

Los frágiles cimientos del Segundo Piso de la Transformación: aciertos y errores de López Obrador 

Nuestro tiempo se encara con una “especie política” en expansión: los líderes populistas. Andrés Manuel López Obrador participa de esta oleada, encarnando las virtudes y defectos de tal clase de liderazgo. El expresidente entendió bien el malestar y la indignación popular ante la corrupción extendida; el sufrimiento generalizado de la pobreza y la desigualdad endémica; y el agotamiento de un modelo de desarrollo neoliberal, orientado a las exportaciones, pero sin crecimiento. Su Cuarta Transformación, en consecuencia, descansa en varios slogans: “primero los pobres”, “la austeridad republicana”, la “lucha contra la corrupción” y “la honestidad valiente”. En Identidades asesinas, el autor, Amin Maalouf, sostiene que en las lógicas grupales estrictamente identitarias se extiende, rápidamente, una mortífera noción de nosotros contra ustedes; donde “ustedes” son todos aquellos que no pertenecen al grupo y “nosotros” tenemos la excepcionalidad de reaccionar hasta las últimas consecuencias frente a una amenaza al grupo. Siguiendo ese argumento, Morena se convirtió en una congregación de poder político que descansa sobre valores identitarios y excluyentes de todo desacuerdo, apostando por garantizar los votos y su permanencia en el poder; una austeridad supuesta que vulnera instituciones y programas sociales; y una noción de “los de afuera en contra de nosotros” que permite ofrecer datos dudosos a la ciudadanía en la rendición de cuentas. 

Es necesario conceder que, en la práctica, López Obrador sí adoptó algunas políticas correctas: aumentos al muy rezagado salario mínimo; aplicó fielmente sus muy criticadas “políticas neoliberales”: finanzas públicas sanas con bajo déficit (3 % del PIB) y deuda (inferior al 50 % del PIB). Sin embargo, el último año –en que “echó el gato a retozar”– se despidió de la presidencia con gasto y deuda desbordado para ganar las elecciones siguientes. Impulsó el T-MEC, aún contra Trump, a quien le guardó gran obsecuencia, enviando tropas a la frontera para frenar la migración. Impulsó una política social ampliando los antiguos programas priístas de “Oportunidades” y “Progresa” a través de transferencias en efectivo; el apoyo clientelar del “Bienestar” a millones de familias que sirvió para ganar votos y elecciones, y consolidar la base de su movimiento.

A partir de estos logros, promovió –con otras políticas cuestionables– un proceso destructivo que se evidencia a continuación:

1) Su manejo de la pandemia de COVID-19 mostró poca capacidad de control y garantía del bienestar a los mexicanos. Para 2021, México era el cuarto país con más defunciones por la enfermedad –288,464– y en la última actualización de la Dirección de Datos de Epidemiología, las muertes aumentaron a 334,336 personas. Asimismo, en el proceso de restauración, AMLO hizo un débil uso de las políticas contracíclicas, es decir, de políticas compensatorias para amortiguar el efecto del COVID-19, sobre empleos, empresas y producción.

2) Desmanteló el sistema de salud. Primero, sustituyó al Seguro Popular por el fracasado Insabi. Además, redujo la cobertura de vacunación para millones de niños y, en suma, el gasto en salud. Misma suerte sufrió el sistema educativo: la Nueva Escuela Mexicana resultó ser de ínfima calidad, con miles de deserciones; asimismo, redujo el recurso destinado a la educación. Con la orientación de los programas sociales, palió la pobreza con dádivas sin otorgar medios reales para salir de ella.

3) La inversión pública se redujo a uno de sus niveles históricamente más bajos, con enorme dispendio y poca asertividad en su asignación. Hay varios ejemplos de estos desatinos administrativos: “una refinería que no refina” (que costó US$20,000 millones); canceló un aeropuerto de clase mundial en Texcoco, con millones desperdiciados; un Tren Maya que destruyó la ecología de una de nuestras grandes reservas selváticas y que, además, está sin pasajeros; una línea aérea, Mexicana, que no transporta; un “nuevo” aeropuerto incomunicado –el Felipe Ángeles–; gigantescos subsidios a una empresa, Pemex, quebrada, “tonel” inagotable de subsidios que, con su enorme deuda, paraliza a la industria por falta de pago a proveedores.

4) Esto se traduce en un crecimiento promedio anual inferior al 1 % durante su sexenio: el más bajo en los últimos 40 años. Incluso el gobierno del criticado Ernesto Zedillo logró un mayor crecimiento en su último año que el registrado en todo el sexenio de Andrés Manuel.

5) Militarizó a México, un país que había sido ejemplo en América Latina por contar con fuerzas armadas institucionales, sujetas al control civil. Les concedió funciones que se apartan de su mandato constitucional. Convirtió a la Sedena y a la Marina en entidades parcialmente dedicadas a obras públicas, asignando a muchos militares labores de construcción que tradicionalmente han correspondido a trabajadores civiles como los maestros albañiles y otros oficios esenciales. Actualmente, la milicia construye y opera ferrocarriles, caminos, hoteles, aeropuertos, una aerolínea (Mexicana) y aduanas. Este proceso ha ampliado significativamente su presencia en áreas económicas y administrativas, lo cual plantea el riesgo de una cooptación institucional, con antecedentes preocupantes en otros países de la región. Esto ha generado cuestionamientos sobre la exposición de las fuerzas armadas a posibles escándalos y actos de corrupción, que podrían afectar su prestigio ganado a lo largo de décadas. Además, se les otorgó el control de la Policía Federal Civil, transformada en una Guardia Nacional de carácter predominantemente militar. Esta fuerza opera bajo el “manto encubridor de la seguridad nacional”, con un presupuesto elevado, muchas veces exento de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, alejadas de su función original, las fuerzas armadas no han logrado recuperar el control de diversas regiones del país donde persiste una fuerte presencia del crimen organizado.

6) La política de “abrazos y no balazos” ha mostrado limitaciones ante la expansión territorial del crimen organizado. El aumento sostenido en el número de homicidios y personas desaparecidas evidencia los retos de una estrategia de seguridad que no ha logrado contener la violencia ni garantizar condiciones mínimas de paz para la población.

7) No logró erradicar la corrupción ni la impunidad, ni modificar de fondo la relación entre poder político y económico —en sus vertientes legal e ilegal—; en muchos casos, se ha señalado simplemente un relevo de actores. Casos como los de Segalmex, Birmex y ciertas administraciones estatales y municipales han suscitado señalamientos públicos y dudas sobre la rendición de cuentas al interior del propio partido gobernante.

8) Impulsó una centralización del poder que debilitó a diversas instituciones construidas a lo largo de décadas, especialmente algunos organismos constitucionales autónomos. Entre ellos, el sistema de acceso a la información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica, los reguladores del sector energético y de telecomunicaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido ampliamente cuestionada por su falta de actuación pública. A la par, el Congreso ha sido percibido por amplios sectores como subordinado al Poder Ejecutivo.

9) La política exterior experimentó una marcada transformación, con menor presencia en foros multilaterales como el G-20 o la ONU, así como tensiones diplomáticas con países como España y Perú. Se redujeron recursos a la red consular y se designaron embajadores no residentes en naciones clave. Diversos analistas han señalado una postura ambigua frente a Estados Unidos, en especial durante la administración de Donald Trump.

10) La política de austeridad aplicada por el gobierno federal ha sido criticada por su impacto en la capacidad operativa de la administración pública, particularmente por la salida de cuadros técnicos especializados. Esta política ha generado debates sobre su efectividad para fortalecer al Estado. En paralelo, se ha cuestionado el uso de programas sociales como posibles mecanismos de clientelismo electoral y su papel en negociaciones políticas con grupos de presión, como la CNTE.

11) Sus mayores violaciones se encuentran en los ataques al Poder Judicial y al ejemplar y probado sistema electoral. Fue un ataque sistemático. Intentó cubrir las vacantes de la Suprema Corte con personas afines, como sus tres ministras propuestas, una de ellas señalada por haber plagiado su tesis profesional de derecho. Indujo al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, a extender su mandato dos años de forma inconstitucional; al no lograrlo, lo retiró antes de tiempo e incorporó a su equipo para operar la reforma judicial. Se aseguró el control de los principales cargos del sistema electoral, incluyendo las presidencias del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, con el 52 % de los votos, obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (74 %) y en el Senado, con lo que impulsó reformas constitucionales clave.
El 1º de septiembre de 2024, en su último acto de gobierno, López Obrador envió al Congreso la controvertida Reforma al Poder Judicial para que los más de 3,000 jueces y magistrados sean electos por voto popular. Previamente, había presentado otra reforma sobre la llamada “supremacía constitucional”, que establece que ninguna autoridad puede rechazar una modificación constitucional aprobada por el Congreso con mayoría calificada. Aún así, la Corte logró frenar la reforma judicial con ocho votos, resistiendo con una mayoría mínima, dado que el presidente contaba ya con tres ministras afines. Posteriormente, la deserción de un ministro permitió avanzar dicha reforma y eliminar esta última barrera institucional. Asimismo, mantener la prisión preventiva oficiosa —violatoria de derechos humanos fundamentales— representa otro retroceso importante.

Todo lo anterior evidencia el profundo deterioro institucional provocado por la llamada “4T”, cuyo impacto tomará años revertir y deja una pesada herencia a quien asuma el relevo. Esto consolida al actual como uno de los gobiernos más ineficaces de nuestra historia reciente, sostenido por uno de los gabinetes con menor experiencia técnica y operativa acreditada.

Dos proyectos de nación en tensión 

El expresidente Zedillo se atrevió a criticar lo que muchos analistas, de toda inspiración política, sostenían: la reforma judicial elimina la división de poderes y el principal contrapeso constitucional al Ejecutivo que es un elemento esencial de la democracia. Esto implica pasar de un sistema democrático a otro autoritario. La despiadada reacción de la presidenta, me parece, dio las mejores pruebas de la hipótesis de Zedillo. No mostró la ecuanimidad que mostró con Trump, sugiriendo que la crítica atinaba a puntos importantes, despertando la agresividad oficialista. 

Quizá lo más interesante aquí es observar cómo, sin obviar que ninguna administración es perfecta y que los errores gubernamentales pasan en cada sexenio, las apuestas de Zedillo delinearon un proyecto de nación distinto al morenista. Y una comparación de esta índole, más que ser apologética de uno u otro mandatario, sirve para tomar elementos que apunten a un proyecto de reconstrucción. En primer lugar, Zedillo fortaleció al INE como gran árbitro y organizador de las elecciones, proveyéndoles con los recursos necesarios para su correcta función. Dio a los partidos políticos los medios financieros y el acceso a medios para establecer un campo más parejo. Hizo la importante reforma para que el Jefe de gobierno del entonces D.F. fuera electo. Bajo este nuevo sistema electoral, en 1996, la izquierda ganó la elección del D.F. con Cuauhtémoc Cárdenas. En la siguiente elección legislativa, por primera vez en la historia, el PRI, su partido, quedó en minoría: en el año 2000 se dio por primera vez la alternancia en la presidencia. Las reformas se demostraron con los resultados. ¡Morena debe en buena medida su ascenso al poder a estas reformas y debería protegerlas!

A cuatro días de su gobierno, Zedillo hizo una verdadera reforma judicial en 1994, transformando la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, árbitro en conflictos entre poderes y con autonomía presupuestal. Redujo el número de jueces de 26 a un grupo manejable de 11; y su periodo de mandato vitalicio se redujo a 15 años. Los jueces serían electos por el Senado de una terna propuesta por el Ejecutivo, bajo reglas estrictas de idoneidad. También creó el Consejo de la Judicatura para operar y supervisar el financiamiento del Poder Judicial.

Una de las grandes sombras del gobierno de Zedillo fue la severa crisis bancaria nacional de 1994, heredada del sexenio de Salinas, que tuvo fuertes repercusiones en los mercados internacionales. El rescate financiero, conocido como Fobaproa, implicó un costo altísimo para el erario. Si bien la intervención del Estado para evitar el colapso del sistema bancario era necesaria, hubo abusos y pérdidas considerables. Resulta relevante señalar que en esta operación también participaron personajes que hoy militan en Morena: una actual diputada fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y otros legisladores votaron a favor del rescate. Incluso algunos empresarios afines al oficialismo se beneficiaron de aquel proceso. Curiosamente, ellos no protestan.

En este ejercicio de comparación es pertinente hacer la suma entre las pérdidas y costos del Fobaproa, y las fallidas obras morenistas como el desperdicio de lo invertido en el aeropuerto de Texcoco, Dos Bocas, el Tren Maya y Mexicana: parece que nos enfrentamos a catástrofes similares. 

Con diversas estrategias, durante el sexenio de Zedillo se superó la crisis. En el último año de su gobierno, la economía creció 6 %, cifra equivalente a todo el sexenio de AMLO. Aprovechando el TLCAN, hubo un auge exportador. Se implementaron reformas económicas, el Programa de Apoyo Social “Progresa” y la reforma al sistema de Afores para darle un carácter tripartito, en el que no solo participara el gobierno. En ese contexto, se generó mucho más ahorro que el costo del Fobaproa, lo que sirvió para realizar inversiones.

En ese marco, y considerando que ambas administraciones enfrentaron crisis heredadas, vemos que la apuesta de Zedillo se guiaba bajo un precepto de construcción, mientras que la reacción del “segundo piso” de la transformación profundiza los daños. Esta es una coyuntura irrepetible donde se definirá, verdaderamente y no sólo en lo discursivo, el proyecto de nación de CSP, tal como ocurrió en el sexenio de Zedillo.

Riesgos de colapso en el Segundo Piso de la Transformación

Actuar sobre los factores de riesgo y prevenir una crisis seria —como las de 1976, 1982 y 1994— son los verdaderos retos de la presidenta. La aparente estrategia de desviar la atención y crear distractores mediante proezas mediáticas dirigidas a hostigar, descalificar e incluso calumniar cualquier crítica resulta inoperante. También es un desperdicio de recursos dedicarse a defenderse frente a las, muchas veces absurdas, acusaciones del presidente Trump. Lo que debe hacer es plantearse y enfrentar los problemas graves que afectan al país con realismo, objetividad y sin ocultamientos ni mentiras, además de fortalecer nuestra unidad nacional y nuestra frágil economía.

Debe reconocérsele a CSP varios méritos fundamentales: ha reaccionado con serenidad y diálogo, no confrontación, ante las amenazas de Trump; ha reconocido la necesidad de mantener finanzas públicas y financieras sanas; ha promovido la profundización de la integración de América del Norte y propuesto el Plan México para impulsar la economía nacional. Son buenas intenciones, pero en general carecen ahora de los recursos financieros y la capacidad administrativa para ejecutarlas.

¿Cuáles deberían ser sus verdaderas preocupaciones y mayores riesgos?

Son cinco principales:

1. La economía mexicana, afectada por factores internos y externos, enfrenta un serio riesgo de desaceleración o, incluso, de recesión, con un crecimiento estimado —según los principales expertos independientes— cercano al 0 % o incluso negativo para 2025. Sin embargo, debe mantener el compromiso de consolidación fiscal, que implica reducir el déficit en 2 puntos porcentuales del PIB (de aproximadamente 6 % a 4 %), lo cual supone recortes de gasto que acentúan la desaceleración. Carece de espacio fiscal y sufre un peligroso sobreendeudamiento.
Además, enfrenta varias “bombas de tiempo”: la quiebra y el insostenible apoyo a Pemex; el inexorable aumento de las pensiones y del servicio de la deuda; y la caída de las participaciones de los estados y municipios. Se enfrenta al dilema entre mantener sus programas sociales y los proyectos emblemáticos heredados (y propios), o recortar aún más los gastos esenciales y la inversión en educación, salud, seguridad, infraestructura y energía. Existe un serio problema de falta de recursos en los municipios.
La economía está estancada, el gobierno debe continuar con la consolidación fiscal y carece de recursos para estimularla.

2. Otro factor de riesgo son las políticas del presidente Trump, especialmente las arancelarias proteccionistas que, pese a algunas ofertas de moderación, continúan afectando el crecimiento de nuestra economía. Actualmente, los aranceles pueden generar presiones inflacionarias y, sobre todo, crean un ambiente de gran incertidumbre que afecta las inversiones nacionales y extranjeras. Se ha iniciado una nueva fase de acciones contra complicidades de funcionarios de Morena y existe el riesgo de ataques militares selectivos. ¡No ayudan los antecedentes del nuevo embajador! Si esto es tener buenas relaciones con el presidente Trump, ¿qué pasaría si fueran malas?

3. Aunque ha habido cambios de tendencia en materia de seguridad y violencia, el crimen organizado mantiene el control sobre parte del territorio y se diversifica hacia una amplia gama de sectores y actividades. Es necesario desmilitarizar al país. Se requiere una Policía Civil Federal —que sustituya a la Guardia Nacional— y policías locales capacitadas y con recursos suficientes para enfrentar este grave problema de inseguridad. Es imprescindible recuperar el territorio nacional.

4-5. Los factores que más contribuyen al ambiente de incertidumbre son la necesidad de mantener un verdadero Estado de derecho y la reforma judicial. Esta última impacta de manera aún más negativa que la cancelación del aeropuerto de Texcoco por parte de AMLO; puede marcar, desde su inicio, un signo negativo para el gobierno y frenar las inversiones privadas. Es claro que será un fracaso y un grave retroceso histórico.
Se trata de la elección de 3,000 magistrados, un proceso difícil de operar con los recursos limitados del INE y una selección muy defectuosa de candidatos, carentes de las necesarias calificaciones y experiencia jurídica propias de una carrera profesional. Como ya se observa, los candidatos serán determinados por la maquinaria de Morena en los tres niveles de gobierno, por grupos de interés y, como se ha visto, incluso por el crimen organizado.
Se estima que la participación espontánea será baja; sin embargo, para “legitimar” el proceso podría haber una gran y costosa movilización del aparato político de Morena, que votaría por los candidatos que determinen sus liderazgos. A diferencia del proceso electoral previo, los votos no serán contados por ciudadanos en las casillas, sino en el aparato central electoral, ya capturado por Morena, lo que le resta credibilidad.
Esto nos deja sin un Poder Judicial eficaz en los niveles más demandados: a nivel local, la justicia cotidiana para los más pobres, que se pretende proteger. Reconstruir el sistema judicial, ya de por sí deficiente, tomará años. El costo social y económico será inmenso, y el costo histórico para el gobierno, irremediable. Un país no puede operar sin Estado de derecho, certidumbre jurídica ni confianza de los inversionistas. Se generará un sistema judicial paralelo y costoso, accesible solo para los privilegiados, mediante arbitrajes y otros subterfugios.
Todo lo anterior contradice, de manera irreparable, varios slogans morenistas, como el principio de “primero los pobres”.

La reconstrucción del desarrollo nacional con una nueva visión: el verdadero reto de la presidenta Sheinbaum

No se trata de un segundo piso, sino de una nueva vía firme sobre el suelo, bien trazada y de alta velocidad. Será necesario definir algunas acciones de alto impacto que cambien la percepción del gobierno. Esto dará resultados inmediatos si se logran superar las inercias y los obstáculos.

1. La primera, que podría tener resultados casi milagrosos, sería cancelar o diferir la reforma judicial por dos años, para diseñar una nueva que incluya una judicatura de alta calidad, con énfasis en el nivel local; no solo jueces, sino también Ministerios Públicos, fiscales y policías, bajo la supervisión de una gran comisión de expertos. Se debe descartar, desde luego, que la selección sea por elección popular, y en su lugar crear una carrera judicial profesional. Esto cambiaría la visión del gobierno e iniciaría una época de inversiones.

2. Realizar una evaluación cuidadosa de los proyectos vigentes y cancelar ocurrencias nuevas —como los trenes de pasajeros—, además de acotar o cancelar proyectos antiguos, como la Refinería de Dos Bocas, Mexicana de Aviación, entre otros.

3. Redefinir estructuralmente a Pemex y a la CFE, bajo la rectoría del Estado, pero abordando sus principales defectos y haciendo lo necesario para lograr su autosuficiencia financiera, evitando que se conviertan en un tonel sin fondo de apoyos estatales.

4. Actuar con toda la fuerza del Estado para atacar la corrupción donde se encuentre, por ejemplo en Segalmex y Birmex; destituir y procesar a las autoridades locales corruptas o en abierta complicidad con el narcotráfico (en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Chiapas). Poner fin a la impunidad propia de los “morenistas”.

5. Remover a funcionarios incompetentes y premiar la competencia y la experiencia. En áreas donde se ha mantenido un servicio civil profesional —como en Hacienda o Banco de México— las cosas funcionan razonablemente. Sin embargo, el Servicio Exterior está destruido, sin recursos, y las principales plazas de embajadores están ocupadas por “fantasmas y floreros”. El Estado mexicano, debido a una austeridad mal entendida y peor ejecutada, ha perdido su capacidad de administrar y gobernar.

6. Implementar una verdadera política social que incluya un sistema de salud universal y una educación de calidad en todos los niveles, adaptada a la era digital. Establecer un programa integral de capacitación laboral y un seguro de desempleo. Fomentar la creación de institutos tecnológicos, en lugar de universidades “patito”, para brindar mejores oportunidades a los jóvenes. Diseñar un sistema de ingreso básico con reglas claras y evaluación basada en resultados, que sustituya los múltiples programas clientelares dispersos con fines electorales. Probablemente, esto requerirá una reforma fiscal bien diseñada, equilibrada y negociada, además de un auténtico federalismo fiscal que garantice recursos suficientes para los municipios.

7. Fortalecer un sistema financiero incluyente, impulsando la actual banca del “subdesarrollo fantasma” (NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS) para que pueda diseñar verdaderos programas sectoriales, regionales y proyectos de inversión. Al mismo tiempo, fomentar que la banca privada, que hoy genera enormes utilidades gracias a los altos márgenes del crédito al consumo, adopte políticas generales que apoyen las prioridades nacionales, algunas contenidas en el Plan México, y que vayan más allá del apoyo a las MiPyMEs, la agricultura y la infraestructura.

8. Continuar reforzando la política de Seguridad Nacional que ya ha comenzado a dar resultados. Reconstruir la Guardia Nacional como Policía Federal Nacional bajo mando civil, como parte de una Secretaría de Seguridad eficaz. Desmilitarizar al país y devolver al Ejército sus funciones constitucionales, retirándolo de tareas civiles como la vigilancia de puertos, aeropuertos, vías de comunicación, trenes, aerolíneas, obra pública y aduanas. Su función primordial debe ser el control y defensa del territorio nacional.

9. Fortalecer la Cancillería removiendo a embajadores incompetentes en los principales países, y sustituyéndolos por profesionales de prestigio, experiencia y del Servicio Exterior. Configurar una relación con Estados Unidos que fortalezca la integración de América del Norte, mediante el restablecimiento de la Subsecretaría para América del Norte, la revitalización del NADBANK y la creación de un Secretariado Técnico del T-MEC; esta es la mejor estrategia para hacer frente al reto chino. Paralelamente, implementar una política cuidadosa de diversificación, con un acuerdo renovado con la Unión Europea, que implique rehacer la relación con España y recomponer los vínculos con América Latina. Fortalecer las relaciones con países asiáticos como Japón, Corea, India y, de manera cuidadosa, con China.

10. Reforzar el Plan México mediante un Acuerdo Nacional que reúna a los principales actores para acelerar el crecimiento, sustentado en un Programa Nacional de Inversiones y un gabinete de unidad nacional integrado por los mejores mexicanos, similar al del presidente Ávila Camacho.

Señora presidenta: 

Si continúa por la vía del segundo piso de la Cuarta Transformación, tarde o temprano se enfrentará al colapso, a una crisis multidimensional y recibirá el juicio más negativo de la historia. Lo más pertinente, en cambio, es asumir la tarea de reconstruir al país y sus instituciones con una visión de largo plazo. De todas estas sugerencias, lo más urgente es cancelar la reforma judicial y los proyectos poco efectivos; apostar por una verdadera política social, no electoral, con una estrategia basada en el Plan México, pero con recursos y aterrizaje institucional. Es imprescindible concentrar energía y recursos en impulsar el desarrollo y el crecimiento, fomentando la unidad de los mexicanos, no su polarización. Solo así se podrá iniciar una nueva era de progreso sin precedentes. Las crisis son también oportunidades. EP

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