En últimas fechas, pese a la amplia creencia de que se trata de una problemática exclusiva de países musulmanes o la India, los ataques con ácido se han posicionado como un tema de conversación recurrente en nuestro país, debido al alza en su denuncia. De acuerdo con ONU Mujeres, estos ataques suponen “arrojar ácido a una víctima, generalmente a la cara, con premeditación”.

Alrededor del mundo, los ataques con ácido afectan en mayor proporción a las mujeres. Según la organización sin fines de lucro Acid Survivors Trust International (ASTI), más del 80% de las 1,500 agresiones estimadas anualmente van dirigidas a este sector y 60% no son reportadas. Sin embargo, en Reino Unido, donde se encuentra la sede de esta organización, a diferencia de la mayoría de los países, los hombres constituyen el grupo más afectado. Cifras correspondientes a 2016 establecen que en Londres se utilizaron sustancias corrosivas en 454 delitos; mientras que India tenía un aproximado de 300 ataques registrados, pero ya que muchos no suelen denunciarse, las proyecciones indican que el número real rondó los 1,000 ataques.

En el caso de países en desarrollo la carencia de cifras oficiales representa uno de los principales problemas para dimensionar la magnitud de la problemática que representan los ataque con ácido. Ejemplo de lo anterior es la República Islámica de Irán, donde se consideran estos casos como un grave problema, pero no cuenta con un acceso facilitado a cifras oficiales. En la República Islámica de Afganistán, la complicación en torno a la estadística de estos casos radica en la falta de denuncia; la Comisión Independiente de Derechos Humanos tiene una estimación superior a los 2,500. Por su parte, Colombia se presenta como un caso sorpresivo, por la alta cantidad de ataques per cápita, con unos 100 al año en una población cercana a los 48 millones de personas.

La posesión desde el poder y el castigo

“Creo que el mensaje que el agresor busca dar, al menos en los ataques que yo he encontrado de otras víctimas, va hacia el mismo punto: ‘si no eres mía, no vas a ser de nadie’, ‘se te acabó la belleza’. Son comentarios que van referidos a la belleza, personalidad e identidad”, cuenta Ana Helena Saldaña, quien la noche del 12 de noviembre de 2018 fue atacada con ácido en la entrada de su casa, en Ciudad de México (CDMX). Desde entonces, se convirtió en un referente nacional de las implicaciones de estos ataques, y ha mantenido una participación activa en la generación de redes de apoyo para víctimas similares y en el planteamiento de modificaciones a la ley.

Mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera los ataques con ácido como una forma “devastadora” de violencia de género, Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) resalta que son “agresiones con una altísima carga simbólica” que buscan lograr una marca de por vida, al “dejar el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio”. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) las quemaduras no fatales representan una de las causas principales de morbilidad, las quemaduras químicas producen una destrucción de tejidos que es posible que se extienda lentamente en el organismo durante horas y pueden ser ocasionadas por ácidos o bases fuertes.

“Estos ataques van de la mano con la violencia tan normalizada en contra de las mujeres que se vive en nuestro país, sumada a la impunidad del Estado”, afirma Ximena Canseco, cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, organización civil que lleva como nombre el de una de las víctimas registradas en el país, particularmente en el Estado de México (Edomex). Ella se ha encargado de llevar un registro nacional de víctimas, hasta el momento contabiliza 23 casos. Para la demarcación de los perfiles y conceptualización, toma en como referentes bibliográficos a Rita Segato y Marcela Lagarde.

Ximena añade el acondicionamiento de estos ataques como “un mecanismo para las mujeres que se salen del rol asignado”. Dentro de su investigación ha sido patente que la mitad de las afectadas tenía una relación sentimental con los agresores e incluso algunas de ellas habían planteado una ruptura previa al ataque, por lo que las identifica como sobrevivientes de violencias antecedentes. “Decimos que uno de los momentos más críticos y más peligrosos para las mujeres es cuando plantean su ruptura con el agresor”, señala. 

“Para mí, no alcanzan las palabras para describir la sensación tan horrible de ácido en el cuerpo… es vivir el infierno. Yo considero que sobreviví porque Dios es grande; a mí me intentaron matar, ni siquiera intentaron agredirme y darme una lección machista, sino que me intentaron matar: eso me lo dijo quien me vació el ácido”, detalla María Elena Ríos, saxofonista de Oaxaca, quien fue atacada en septiembre de 2019. “No sólo quemaron mi piel, la deformaron y eso implica procedimientos quirúrgicos y mucha paciencia. Son recuperaciones largas y complejas; en el aspecto emocional ni se diga, todavía despierto asustada”, relata sobre su día a día, sabiendo que un quinto implicado en su caso actualmente está prófugo de la justicia.

Violencia en crecimiento

La preocupación en torno a los ataques con ácido en contra de mujeres en México parte de los escasos registros existentes, pese a ello, su ejecución muestra un crecimiento en los últimos años. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, en voz de Ximena Canseco, de las más de 20 mujeres conocidas que han sido víctimas de estas agresiones desde 2001, cuatro se han registrado en lo que va del año: dos en Coahuila, una en Veracruz y otra en Puebla; la última fue torturada con ácido antes de ser víctima de feminicidio. Lo anterior representa un aumento superior al 30% del registro correspondiente a 2020. 

Canseco sostiene que no son casos aislados o excepcionales, sino el resultado de una serie de factores como el machismo, la misoginia y la impunidad; además, subraya la desinformación y la falta de sistematización de los casos como otros aspectos adversos. Hace casi dos años, dice, le inquietó la falsa versión de que sólo eran cuatro víctimas a nivel nacional, cuando su conteo era de 13.

“A mí me decían que no se podía cambiar la ley sólo por mí, porque yo era la única mujer atacada con ácido; era algo que me parecía absurdo en un país de más de 20 millones de personas. No había registros ni ningún tipo de control al respecto”, comenta Ana Helena sobre lo que implicó el inicio de su proceso legal, tras aquella noche de 2018. A partir de ahí explica su motivación para buscar visibilidad mediática de lo que le había ocurrido y reconoce que ello le permitió correr con ciertas ventajas en la forma en la que fue tratada por las autoridades. “No es algo que me enorgullezca o me guste presumir, porque sé que no es el caso de la mayoría”, agrega. 

La exposición mediática intencional a la que se sometió y en la que se propuso mostrar el estado real de su rostro —alejada del maquillaje o peinados que pudieran distraer la atención de su objetivo—, la llevó a conocer a otras víctimas de ataques con ácido y comprobar que no era el único caso. Pese a ello y ante la falta de medidas efectivas para garantizar su seguridad, hace casi dos años no vive en México: se encuentra protegida en otro país, por lo que ha frenado el tratamiento médico de  los daños permanentes que debe atender. 

¿Un marco legal sin justicia?

En México, los ataques con ácido no están considerados como un delito en el Código Penal Federal, pero de manera local hay leyes que contemplan estas conductas. En el caso de CDMX, cuando Ana Helena comenzó su proceso legal, su ataque fue clasificado como “lesiones que sanan entre 15 y 60 días”, por la falta de normatividad específica. Sin embargo, desde enero de 2020 existen penas en el Artículo 130 del Código Penal local que establecen entre seis y ocho años de prisión para la persona responsable de ocasionar la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, una enfermedad incurable o una deformidad; los años se incrementan cuando existe el uso de ácidos o  sustancias corrosivas.

En el caso del Edomex, la norma correspondiente se encuentra en el Artículo 238 de su Código Penal; contempla penas de cinco a diez años de prisión y de 100 a 200 días multa por lesiones producidas de manera dolosa, mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas. En Oaxaca, la pena va de 20 a 30 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, a quien deje lesiones en el cuerpo de una mujer por razón de género, usando cualquier tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva. Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo y San Luis Potosí también contemplan en su legislación local el castigo a ataques que incluyan ácidos o sustancias corrosivas.

El 8 de marzo pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados avaló el uso de sustancias corrosivas o tóxicas como delito de violencia física; la reforma al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca establecer como violencia física los actos que se comentan en contra de mujeres como los ataques con ácido. 

“Jurídicamente hablando, María Elena es víctima de la violencia más extrema que hay en materia de género; estoy muy sorprendida porque el grado de intimidación, revictimización y de omisiones que ha tenido son un equivalente a tortura”, sostiene la doctora Diana Cristal González Obregón, asesora jurídica privada de la saxofonista, quien lamenta que el planteamiento de justicia no esté ligado a la completa reparación del daño. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las medidas de reparación se agrupan en cinco dimensiones: restitución, rehabilitación, indemnización por los daños, garantías de no repetición y medidas de satisfacción. 

Como experta en la materia, la Dra. González Obregón ha encausado la investigación a partir del delito de feminicidio en tentativa, lo que la ha enfrentado al desconocimiento y la práctica errada del derecho. “Cuando se investiga un delito de feminicidio deben aplicarse protocolos con perspectiva de género, sólo puede investigarse sin torturar y sin negligencia cuando se entiende”, reflexiona y suma su consideración a que en el feminicidio se incluya el uso de ácidos, al ser una muestra de odio, por sus alcances nocivos y lo inusual de su implementación, apelando a las máximas de la experiencia.

De acuerdo con María Elena, la principal obstaculización de justicia en su caso se centra en el poder de su agresor y el machismo que vivimos como sociedad mexicana. “Tenemos un sistema deplorable y machista”, asegura. Por su parte, su asesora jurídica considera palpable la presencia de “compadrazgos” a lo largo de la investigación y lamenta que esto se traduzca en que las víctimas continúen escalando su experiencia con la violencia.

Los registros muestran que a nivel mundial el ácido es utilizado en los ataques como un arma para causar sufrimiento físico, secuelas permanentes y la imposición de una condena social; suponen una hospitalización prolongada, tratamientos delicados y efectos permanentes; la desfiguración y discapacidad suelen generar estigmatización y rechazo social. En el caso de nuestro país, se presentan como una evidencia más de los alcances de la impunidad en un escenario machista. EP

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