Bases de datos genéticos: ¿mercancías o infraestructuras forenses?

El problema de las personas desaparecidas en México es cada vez más grave; la creación de bases de datos genéticos se ha planteado como una solución ante la problemática. Vivette García Deister abona a la discusión sobre las bases de datos genéticos de uso forense.

Texto de 22/12/21

El problema de las personas desaparecidas en México es cada vez más grave; la creación de bases de datos genéticos se ha planteado como una solución ante la problemática. Vivette García Deister abona a la discusión sobre las bases de datos genéticos de uso forense.

El 24 de julio de 2020 recibí un correo electrónico de un empresario que me presentaba un proyecto para crear un centro de identificación humana y genética forense en México. Intrigada, exploré el documento adjunto. Se trataba de un “resumen ejecutivo” de siete páginas de lo que en el papel parecía ser la solución definitiva a la crisis humanitaria de México, en la que miles de personas buscan a sus familiares desaparecidos mientras que los servicios forenses se desbordan con restos humanos no identificados.

Escrito en jerga empresarial, el documento creaba una sensación de urgencia. Se hablaba de esfuerzos de mitigación “pronta y eficiente” y de brindar una “alternativa de acción inmediata” para ayudar al Gobierno Federal a encontrar e identificar a las personas desaparecidas. Con una inversión privada de 2,750 millones de pesos, se proponía la creación de cinco centros regionales de identificación humana que podrían comenzar a operar en seis meses. Los centros manejarían la búsqueda, la exhumación, la recuperación, el transporte, el almacenamiento de cinco a diez mil cadáveres por unidad, la identificación genética y los servicios familiares. Todo esto a través de la construcción de instalaciones totalmente equipadas, laboratorios certificados, protocolos validados y recursos humanos capacitados. Más importante aún, habría una tecnología y un sistema de información unificados: una base de datos nacional que se crearía al ritmo de 150 perfiles genéticos por semana y permitiría hacer confrontas masivas de ADN. En suma, el empresario proponía lo que llamó una “solución integral” a la crisis forense de México. 

La propuesta enviada —y que, según su mensaje, también había sido dada a conocer a autoridades a nivel federal, con quienes había “establecido contacto”, y a instituciones y organismos nacionales e internacionales, con las cuales estaba estableciendo “vínculos de colaboración”— iba formalmente dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e invocaba el recientemente creado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Habiendo entrado en vigor en marzo de 2020, el MEIF es una política pública que reconoce la insuficiencia de las capacidades ordinarias del Estado en materia forense y plantea una “intervención extraordinaria” por parte del Estado para atender el rezago en la identificación humana. El Mecanismo considera asignar un presupuesto especial y otorgar atribuciones legales especiales al equipo elegido para liderar los esfuerzos de identificación. En julio de 2020, cuando recibí la propuesta del empresario, todavía no se había conformado el Grupo Coordinador que elaboraría el plan de trabajo para el MEIF y aún no se inauguraba el primer Centro Regional de Identificación Humana asociado al Mecanismo, en Coahuila. Y por eso la existencia del MEIF se leía como una oportunidad de inversión de capital privado. Se leía como un escenario de demanda de servicios de identificación humana y manejo de restos que excedía, por mucho, la oferta del Estado.

Quien me invitaba a sumarme a su proyecto no es el primer emprendedor, ni será el último, en considerar el actual contexto de violencia y desaparición como un nicho de mercado. En otra ocasión y en circunstancias diferentes, otro empresario manifestó su idea de crear un “muro genético fronterizo” como solución a la crisis migratoria. El pasado 12 de diciembre se dio a conocer la investigación de Paula Mónaco y Wendy Pérez en torno al laboratorio privado Central ADN que promete a las familias buscadoras identificar a sus seres queridos con tecnologías genéticas. 

“Cada vez más las muestras, los conjuntos de datos y las lógicas de mercado se han vuelto compartidas, mientras que las lagunas normativas en torno al resguardo de las muestras y el gobierno de las bases de datos hacen más porosas las fronteras entre cada campo. Esto es precisamente lo que hace que la identificación humana tenga el potencial de convertirse en una industria tan amplia y rentable”.

La identificación humana es una industria global en crecimiento que se estima en un valor de 83.9 mil millones de dólares para 2024. América Latina es uno de los mercados de más rápido crecimiento, mientras que la genealogía es, a nivel mundial, el segmento de la genética humana que crece con mayor velocidad. El autor del proyecto forense que recibí era director de innovación y tecnología de una agrupación que planeaba incursionar en el futuro en los servicios de genética directa al consumidor (servicios que ofrecen a los usuarios información acerca de su propensión a padecer enfermedades o servicios de genealogía, por ejemplo). Quienes estudiamos la vida social del ADN hemos encontrado que la diferenciación que antes se hacía entre la genética biomédica, la recreativa y la forense con base en los objetivos y el tipo de ADN (codificante o no codificante) utilizado en cada ámbito hoy difícilmente se sostiene. Cada vez más las muestras, los conjuntos de datos y las lógicas de mercado se han vuelto compartidas, mientras que las lagunas normativas en torno al resguardo de las muestras y el gobierno de las bases de datos hacen más porosas las fronteras entre cada campo. Esto es precisamente lo que hace que la identificación humana tenga el potencial de convertirse en una industria tan amplia y rentable. Las muestras de sangre o de saliva a partir de las cuales se obtienen perfiles genéticos para la identificación humana también podrían —si la ley lo permite, o al menos si no lo prohíbe— alimentar bases de datos de uso recreativo o de uso biomédico. 

Dos cuestiones han sentado las bases para que la identificación humana sea considerada en México como una oportunidad de mercado viable. Primero, las políticas económicas neoliberales han permitido que el sector privado se involucre y obtenga ganancias en áreas que tradicionalmente se han considerado funciones públicas, es decir, la subcontratación de las responsabilidades centrales del estado. Segundo, la crisis de restos humanos no identificados en México se posiciona una y otra vez como un problema tecnológico, y el acceso a la justicia se plantea en función de si se utilizan (o no) las tecnologías del ADN. 

Este énfasis excesivo en el ADN a menudo apela a su capacidad para “establecer un marco de credibilidad” basado en el estatus de la genética forense como una “prueba científica irrefutable”. Se trata de un imaginario sociotécnico generalizado pero engañoso acerca de qué implica la identificación humana y cuál es el papel de la genética forense dentro de este proceso. La identificación humana es un proceso multidisciplinario laborioso, lento, y extremadamente contextual que se realiza la mayoría de las veces caso por caso. No implica una única ruta de investigación o método de identificación, sino muchos diferentes. Si estos métodos convergen, se logra la identificación plena. Más importante aún, los especialistas forenses no siempre recurren al ADN, incluso cuando está disponible, sino en circunstancias particulares y, a menudo, como una herramienta para corroborar una hipótesis de identidad a la que arribaron por otros medios. La potencia de la identificación por ADN —el grado de certidumbre que arroja una prueba genética— depende en buena medida de su interacción con otro tipo de evidencias (arqueológicas, culturales, osteológicas y de otros tipos). A pesar de ello, al ADN se le concede un papel predominante. Se nos presenta una y otra vez, sin cuestionamientos, como el método de identificación más objetivo, confiable y rápido. En consecuencia, actores tan diferentes como funcionarios públicos o empresarios hablan de las bases de datos genéticos como el producto a través del cual miles de personas tendrán acceso a la justicia. 

“La identificación humana es un proceso multidisciplinario laborioso, lento, y extremadamente contextual que se realiza la mayoría de las veces caso por caso. No implica una única ruta de investigación o método de identificación, sino muchos diferentes”.

Concebir las bases de datos simplemente como productos tecnológicos pasa por alto una característica fundamental de las investigaciones centradas en datos: que los perfiles genéticos no tienen valor científico en sí mismos. Para ser útiles, estos datos deben someterse a una meticulosa curaduría. Los datos deben seleccionarse, formatearse, clasificarse, anotarse e integrarse, todo con el fin de permitir su comparación con otros datos. De ahí la ventaja competitiva que ostentaba Central ADN: podría comparar los perfiles obtenidos de las muestras que les proporcionaran los familiares con las bases de datos genéticos del Estado mexicano; de ahí también su insistencia en reclutar a los familiares para legitimar su trabajo y gestionar el acceso a las bases de datos de los servicios forenses regionales. Sin la posibilidad de hacer confrontas, las tecnologías del ADN son inservibles. Pero para identificar, como hemos dicho, no basta comparar bases de datos genéticos. El fracaso de Central ADN para cumplir con las promesas que le hicieron a los familiares era inevitable.

Ya sea como herramienta de la justicia o como oportunidad empresarial, el ADN no genera rendimientos inmediatos ni los genera en aislamiento. Requiere formar parte de infraestructuras costosas que implican inversiones importantes y a largo plazo en instalaciones, recursos humanos y materiales. También requiere estructuras regulatorias y sociales, incluidas instituciones y personas a cargo del desarrollo, financiamiento y supervisión de las infraestructuras de datos genéticos y —muy importante— su vinculación con otros tipos de infraestructura. Para ser funcional, todo este entramado debe prevalecer en escenarios políticos cambiantes y presupuestos fluctuantes. Concebida de esta manera, la infraestructura forense es un proyecto espaciotemporal de largo aliento que excede los periodos presidenciales de seis años y se extiende hacia el futuro, pero de ninguna manera se reduce a la existencia de un banco nacional de ADN ni a la posibilidad de comparar bases de datos genéticos. A pesar de contar con 69,300 perfiles genéticos, el Estado mexicano no ha logrado desahogar el rezago en la identificación de restos pues la promesa, hasta ahora, ha descansado de manera sobredimensionada en una sola herramienta. Hace falta una estructura técnica, legal y política que le dé soporte a los esfuerzos multidisciplinarios y coordinados de identificación (el esquema colaborativo y multidisciplinario del MEIF es alentador, pero habrá que ver si deviene infraestructura).

“El habituarnos a la idea de que una prueba genética es sinónimo de justicia corre el riesgo de alimentar la impunidad, pues desune la pérdida de una vida —la de la persona identificada— de la configuración sociopolítica que hizo posible su muerte”.

Además de generar falsas promesas de identificación, como muestra la investigación de Paula Mónaco y Wendy Pérez, la mercantilización del ADN para beneficio económico o político esconde la violencia estructural y reduce el complejo proceso de la identificación humana a una confronta positiva —un match— en una base de datos. El habituarnos a la idea de que una prueba genética (ya sea que la provea el Estado o un laboratorio privado) es sinónimo de justicia corre el riesgo de alimentar la impunidad, pues desune la pérdida de una vida —la de la persona identificada— de la configuración sociopolítica que hizo posible su muerte. También me preocupa que transferir la promesa de justicia a un mundo digital tenga el efecto de aislar las tecnologías del ADN de la experiencia de los desaparecidos y de quienes los buscan. No hay bancos de muestras ni bases de datos genéticos sin la participación activa de los donadores. El reconocimiento de esto es fundamental e impacta directamente en la conformación y en la gestión de las bases de datos. 

Una infraestructura en vías de construcción es un terreno en el que se disputa quién tendrá acceso a los bienes que se generen y quién no, qué será un bien público y qué será una mercancía privatizada. “Las nuevas infraestructuras son promesas que se hacen en el presente sobre nuestro futuro. En la medida en que a menudo son incompletas —de materiales que aún no se movilizan para realizar su potencial— aparecen como ruinas de una promesa” (Apel, Anand y Gupta 2018).1 EP


1The Promise of Infrastructure, Duke University Press, 2018.

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