Educación superior para todos: ¿solución a nuestros males?

Este artículo analiza la aparente paradoja entre los buenos resultados educativos para México en los últimos 20 años y su deficiente desempeño económico, para explicar cómo la economía no ha contado con la capacidad para absorber a la población con educación superior. En su conclusión, advierte que la población con mayor escolaridad en México ha registrado un deterioro en sus condiciones laborales, en comparación con los segmentos de menor educación, y cuestiona la viabilidad de lograr establecer la educación superior obligatoria.

Texto de , y 02/09/19

Este artículo analiza la aparente paradoja entre los buenos resultados educativos para México en los últimos 20 años y su deficiente desempeño económico, para explicar cómo la economía no ha contado con la capacidad para absorber a la población con educación superior. En su conclusión, advierte que la población con mayor escolaridad en México ha registrado un deterioro en sus condiciones laborales, en comparación con los segmentos de menor educación, y cuestiona la viabilidad de lograr establecer la educación superior obligatoria.

Se ha convertido en un lugar común decir que, para que México prospere, se necesita una mayor y mejor educación y, por supuesto, de una mayor inversión en este rubro. Existe, de hecho, amplia evidencia tanto de que el conocimiento ha reemplazado paulatinamente al capital físico como principal fuente de inversión en el mundo, como de que la educación ha sido propulsora de progreso en muchos países. Sin embargo, en el caso de México, una mirada más detallada a la evolución del acceso, la cobertura y el logro educativo de los últimos años revela una aparente contradicción: según los datos disponibles el país parece haber avanzado rápidamente en materia de cobertura y escolaridad de la población,1 e incluso en los indicadores de calidad de la educación; y aun así, el desempeño económico de México ha sido poco satisfactorio en las últimas décadas. Por ejemplo, en materia de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), el ritmo (1.70% en los últimos 20 años) colocó a México por debajo del promedio en la región (2.36%), muy lejos de lo observado en países como Panamá, República Dominicana, Perú y Chile, todos ellos con un crecimiento promedio superior al 5% anual.2 Por otra parte, mientras en México la productividad total de los factores (PTF) promedio anual se ha reducido 2% desde 1990, en América Latina tuvo un incremento del 0.26 por ciento.3 En la misma línea, según los resultados del Informe de Competitividad Global (ICG), México ha perdido terreno al moverse del lugar 44 al 51 desde 2001.

Este artículo analiza esta aparente paradoja para la educación superior y verifica si —más que la dinámica de la escolaridad en dicho nivel— un problema subyacente fundamental es que la economía no cuenta con la capacidad para absorber a una población con mayor nivel de estudios, asignándola a actividades y sectores en donde su valor agregado es menor al potencial. Por supuesto, esto no significa que no haya que invertir en educación, sino que es igual de importante crear un contexto en que la educación adicional pueda ser aprovechada para generar mayor prosperidad y competitividad. 

¿Cómo ha evolucionado el perfil de los recursos humanos del país? 

Las tendencias recientes de cobertura educativa han implicado un cambio significativo en el perfil de la población económicamente activa (PEA) de México en las últimas dos décadas. Tomando como punto de referencia 1996, 58% de la pea contaba con educación primaria (EP) como máximo nivel de estudios, 21% había alcanzado como máximo la secundaria, 9.4% la educación media superior (EMS) y 11.4% la educación superior (es). Veinte años después, los porcentajes para los mismos niveles educativos fueron de 33%, 27.6%, 19.4% y 20%, respectivamente. Al comparar, por ejemplo, a la generación nacida entre 1946 y 1950 y actualmente en su etapa de retiro del mercado laboral, con la generación nacida entre 1986 y 1990 que cuenta con entre 28 y 32 años de edad y está en plena edad productiva, los cambios educativos son aún más evidentes. Mientras que la generación mayor tiene un perfil de baja educación (70% alcanzó máximo la educación primaria, 13% cursó algún grado de secundaria, 8% asistió como máximo a la ems y un 10% logró es), la generación más reciente presenta un perfil opuesto (una minoría de 15% tiene primaria completa o menos como máximo, 31% ha cursado hasta la secundaria, mientras 26% y 28% lograron estudios de ems y es, respectivamente). 

En materia de aprendizajes, aunque es evidente que el país muestra déficits considerables, también se ha observado progreso. Los resultados oficiales de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) indican que el logro educativo en México en 3º y 6º grados de primaria ha ido mejorando de forma consistente, En 2006 17.6% y 21.3% de los alumnos de primaria registraron los niveles máximos de “bueno” y “excelente” tanto en matemáticas como en el uso y la comprensión de la lengua, respectivamente, mientras que en 2015 (último año en el que se aplicó la prueba de manera censal) los porcentajes ascendieron a un 48.8% y 42.8%, respectivamente. En el caso de la secundaria se registró un incremento de 4.2% a 21.9% de los alumnos en el máximo nivel de logro para matemáticas, con un avance más modesto de 5 puntos porcentuales en el uso y la comprensión de la lengua. En la EMS también se registra un avance de 15.6% a 39.3% en la categoría de matemáticas entre 2008 y 2014, aunque para uso de la lengua se registró una reducción de 52.3% a 44.7 por ciento. De manera similar, los resultados del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para el Examen Nacional de Ingreso (Exani) a la EMS a alumnos egresados de la EMS —el cual contiene un elemento de diagnóstico sobre el aprendizaje adquirido durante la EMS— reportan que el porcentaje de alumnos con un nivel de desempeño satisfactorio se incrementó de 32% a 55% entre 2006 y 2016. 

Distintas pruebas internacionales estandarizadas de logro educativo van en un sentido similar. Por ejemplo, en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (PISA, por sus siglas en inglés) en los últimos años México ha logrado un mejor desempeño en las tres áreas de aprendizaje evaluadas, en comparación con el promedio registrado por Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, todos ellos con mayor crecimiento económico. Según la UNESCO, a través del Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) y del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), aplicados entre 1988 y 2013, México registró un desempeño mejor al de países como Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana, los que han participado los mismos años en la prueba. En materia de es, los resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) revelan que el porcentaje de alumnos ubicados en el cuartil de mayor rendimiento académico se incrementó de 16% a 65% en la última década. 

Paralelamente, según datos oficiales, el porcentaje de la matrícula en programas con alguna evaluación o acreditación de calidad oficial se incrementó de 15% a 53% entre 2006 y 2016, y de 473 a más de cinco mil programas entre 2006 y 2018. Adicionalmente, tres de cada cuatro profesores e investigadores universitarios tienen actualmente perfil de posgrado, cuando sólo uno de cada tres tenía esa condición en la década de 1990. En 2006 había 3,300 cuerpos académicos en las universidades del país y hoy más de 5,800. En suma, aunque sin duda puede argumentarse que los avances son menores a los esperados dado el potencial del país, hay evidencia de que el perfil de los recursos humanos en México ha mejorado, tanto en cantidad como en calidad. 

¿Qué ha sucedido en el mercado de trabajo? 

Una manera de determinar qué tan significativos son los aumentos en la cantidad y calidad de la educación, consiste en estudiar su interacción con la dinámica del mercado laboral. En particular, se esperaría que la demanda de recursos humanos de mayor calificación se incrementara en una economía capaz de aprovechar e internalizar la educación. Esto generaría mayor productividad y crecimiento económico lo que, a su vez, detonaría una mayor demanda de trabajadores más calificados. Algunos indicadores que señalarían este tipo de contexto serían una elevada empleabilidad, mejores condiciones laborales, mayor inserción en perfiles ocupacionales que aprovechen el capital humano disponible, e incrementos en los salarios relativos a favor de los trabajadores con mayor nivel de instrucción, medidos —por ejemplo— mediante los retornos económicos a la educación, entre otras variables. En cambio, un contexto en el que el capital humano no logra ser absorbido para ser aprovechado de manera productiva se caracterizaría por contar con mayores tasas de desempleo y subempleo entre la población con mayor nivel de estudios, concentración en ocupaciones y actividades que no utilizan los conocimientos ni la preparación adquirida y contracciones de los salarios relativos o los retornos a la educación.

Una primera aproximación para verificar en cuál de los dos escenarios está México consiste en comparar, por ejemplo, el cambio entre 1996 y 2016 en términos de PEA, ocupación, desempleo y subempleo por nivel educativo. La Gráfica 1 revela en este sentido que el mercado laboral absorbe de manera diferenciada a los recursos humanos dependiendo de su escolaridad, en perjuicio de quienes cuentan con mayor nivel de preparación. El panel superior izquierdo de la gráfica muestra primero que la PEA y la tasa de ocupación se incrementaron en promedio en 5.3 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, en las dos décadas bajo análisis, lo cual es similar a lo que sucede con el subgrupo de trabajadores con primaria completa o menos; con secundaria y con ems, aunque en menor grado en cada caso, con tasas decrecientes a mayor educación. En cambio, para los trabajadores que accedieron a la ES, tanto la PEA como la tasa de ocupación se redujeron en 3.2 y 3 puntos respectivamente. Simultáneamente para los grupos de menor escolaridad la tasa de desempleo se redujo, mientras que para los trabajadores con es se incrementó en 2% en el mismo periodo. 

El panorama relativamente menos favorable para los trabajadores que alcanzan la ES se corrobora al verificar la trayectoria salarial (panel inferior de la Gráfica 1). El resultado más relevante es que en 1995 el salario por hora para aquellos que contaban con es era 3.5 veces superior al de los individuos con nivel máximo de primaria completa, pero la brecha se cerró para llegar a una diferencia de 2.4 veces en el transcurso de los siguientes 20 años. La EMS también perdió terreno, con una brecha inicial de dos veces en 1995 y otra de 1.43 en 2016. En el caso de la secundaria las diferencias permanecieron más estables durante el periodo.

Más educación en un entorno de oportunidades restringidas 

Otro acercamiento consiste en analizar el tipo de empleos y ocupaciones al que acceden los trabajadores de distinto nivel educativo. De acuerdo con estimaciones propias basadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 1996 50.9% de los trabajadores que alcanzaron la es se desempeñaron como profesionales o técnicos; 18.5% como funcionarios, directores o jefes; 8.9% como comerciantes o agentes de ventas; 6.6% como trabajadores auxiliares en áreas administrativas; 5.1% en actividades elementales y de apoyo y 4.2% como operadores de maquinaria y conductores de transporte. El resto, con porcentajes de alrededor del 1.5%, se empleó en actividades agrícolas, prestación de servicios personales y como artesanos. Al realizar la misma clasificación utilizando la información para 2016 se encuentra prácticamente el mismo porcentaje como profesionales o técnicos. En cambio, en el caso de funcionarios, directores y jefes, se observa una reducción de casi siete puntos porcentuales derivada de un desplazamiento hacia los empleos como auxiliares en actividades administrativas, que incrementa su porcentaje de forma significativa. También crecen alrededor de dos puntos porcentuales los individuos con es que se desempeñan como comerciantes o agentes de ventas y los ocupados como proveedores de servicios personales y de vigilancia. Este cambio sugiere que existe una tendencia a la baja en las posibilidades que encuentran los trabajadores con es para insertarse en posiciones adecuadas para su nivel de preparación. Esto se verifica al agrupar a las distintas ocupaciones de acuerdo con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco, 2011), en: 

• Nivel 1: utiliza capital humano con mayor intensidad e incluye a las actividades que requieren tomar decisiones, resolver problemas complejos, realizar tareas especializadas y contar con capacidad técnica. De acuerdo con INEGI (2011), para desempeñarlas es necesario contar con “un amplio conocimiento teórico y práctico en áreas específicas, que requieren de un nivel superior de instrucción”.4 Por lo tanto, se esperaría que los trabajadores que tuvieron acceso a la es accederían primordialmente a este tipo de ocupaciones, en las que se pueden aprovechar sus capacidades; 

• Nivel 2: ocupaciones que requieren un nivel de competencia y escolaridad intermedio, como el manejo de maquinaria y equipo electrónico, la conducción de vehículos, el mantenimiento y la reparación de equipos eléctricos y mecánicos y la manipulación, el ordenamiento y el almacenamiento de información.5 Se esperaría que sobre todo la población con EMS y, en alguna medida, la que alcanzó un nivel mínimo de secundaria completa, cuenten con las habilidades necesarias para su desempeño; y 

• Nivel 3: ocupaciones que requieren de un menor nivel de competencia y escolaridad, que incluyen la realización de tareas físicas o manuales sencillas y rutinarias y pueden necesitar de fuerza y resistencia física, así como del uso de herramientas manuales.6 Por su perfil, se esperaría que la pea que alcanzó como máximo la primaria completa o la secundaria cuente con los requerimientos para acceder a este tipo de ocupaciones. 

La Gráfica 2 revela tendencias consistentes con el argumento de que la economía mexicana no ha sido capaz de internalizar de la manera más productiva el capital humano. De acuerdo con la información disponible, el porcentaje de trabajadores con es que se desempeña en actividades de Nivel 1 se redujo sistemáticamente en el transcurso de los últimos 20 años, en alrededor de ocho puntos porcentuales. En cambio, el porcentaje de trabajadores con es en actividades de Nivel 2 se incrementó casi 15% y la proporción ocupada de trabajadores con es en actividades de Nivel 3 se incrementó cinco puntos porcentuales. En el mismo sentido, la distribución de los trabajadores por tamaño de la empresa en México revela que en 2016 prácticamente tres cuartas partes de aquellos que lograron como nivel máximo la primaria completa se desempeñan en empresas de entre uno y cinco trabajadores (véase la Gráfica 3). Entre los que llegaron a la secundaria, 58.6% está empleado en las empresas de menor tamaño, 13% en firmas de tamaño intermedio y 21.1% en unidades de más de 50 trabajadores. Para los trabajadores con EMS, los porcentajes ascienden a 44%, 17.7% y 31.2%, respectivamente. Un resultado de especial interés es que sólo una minoría de 39.2% de los trabajadores que cuentan con es —quienes presumiblemente son susceptibles de aportar mayor productividad— se desempeña en empresas con más de 50 trabajadores, 25.6% en firmas de tamaño intermedio y 27.3% en empresas de uno a cinco trabajadores, generalmente las de menor productividad. 

Finalmente, puede verificarse la medida en la que el mercado laboral está remunerando a trabajadores de distinto nivel educativo utilizando distintas fuentes de información, incluyendo la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la ENOE y la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares (Ennvih). Como puede observarse, en los tres casos las tendencias coinciden en que los retornos económicos a la es completa y el posgrado han caído entre 20 y 28% entre 1996 y 2016. La tendencia decreciente incluso se corrobora descontando las mejoras en la calidad educativa y la habilidad cognitiva de la población. Un análisis más detallado de los datos permite identificar que la desvalorización de la es en cuanto a los retornos a la educación se observa, sobre todo, entre los trabajadores con ocupaciones clasificadas en el Nivel 3 y entre los trabajadores, que aunque cuentan con ES, participan en el empleo informal, en donde la reducción en los retornos a la educación alcanza 32% (Székely y Flores, 2018).

El rendimiento económico de la educación superior depende del entorno 

La evidencia sugiere que en las dos últimas décadas la población con mayor escolaridad en México, en lugar de mejorar en empleabilidad y salarios, ha registrado un deterioro en sus condiciones laborales en comparación con los segmentos de menor educación, debido a que la economía mexicana no ha sido capaz de internalizar el mayor nivel de formación y traducirlo en una mayor productividad. En un texto reciente Santiago Levy7 explica que esto puede deberse a que el contexto económico de México induce a una persistente y mala asignación de los recursos que genera una dinámica distorsionada de entrada, salida y crecimiento de las empresas. La mala asignación de recursos económicos, dice Levy, hace que las empresas de baja productividad atraigan más capital y trabajo del que deberían, mientras que aquellas más productivas no obtienen suficientes recursos para invertir en su crecimiento.

Independientemente de las explicaciones, lo cierto es que la administración actual enfrenta el enorme y complejo desafío de atender las causas profundas, tanto de la falta de crecimiento de la economía mexicana como de la insuficiente demanda de profesionistas en el mercado de trabajo. ¿Qué harán para contribuir a cambiar esta situación? ¿Cómo transformarán estos desafíos en oportunidades? ¿De qué manera potenciarán el papel de la educación como canal de movilidad y mecanismo para impulsar el desarrollo económico y social del país? ¿Qué tendrían que hacer diferente para que la economía estimule un círculo virtuoso de más ahorro, más inversión y más empleo, sustentado en el aprovechamiento del potencial productivo de los recursos humanos y en la innovación que podría detonar el creciente número de egresados de educación superior? Una de las claves para resolver estos dilemas tiene que ver con la operación del propio sistema educativo. Un estudio de la OCDE presentado recientemente, sugiere que la es no está cumpliendo la promesa de desarrollar las competencias necesarias para el trabajo ni tampoco funge como una palanca para promover la innovación y el crecimiento económico. La OCDE destaca en especial cinco factores: 

1. la escasa innovación en los métodos de enseñanza y en el impulso de iniciativas que fomenten la apropiación de competencias relevantes valorizadas en el mercado; 

2. la débil vinculación y cooperación del sector productivo con el educativo;

3. la ausencia de un marco legal que regule la educación superior de forma integral y permita la articulación armónica con la economía; 

4. la concentración de estudiantes en relativamente pocas carreras, muchas de ellas tradicionales, por un lado, y la baja proporción de la matrícula en los programas de alto valor agregado, por el otro; y

5. la incertidumbre en materia de calidad educativa, derivada, entre otras causas, de la insuficiencia, fragmentación y complejidad de los mecanismos de evaluación y acreditación existentes. 

La magnitud del reto descrito por la OCDE advierte la necesidad de corregir todos estos rasgos y garantizar que los proyectos en marcha del nuevo gobierno contribuyan a ello. Siguiendo algunas lecciones internacionales, México ha articulado en el último quinquenio algunas piezas clave para enfrentar mejor estos problemas, como la estrategia de formación de habilidades con visión 2035, la creación de Comités de Gestión por Competencias en los niveles medio superior y superior y la creación y expansión gradual del Modelo Mexicano de Formación Dual, entre otras. Será pues necesario sostener, multiplicar, mejorar y enriquecer estos esfuerzos en los años siguientes, pero sobre todo impulsar reformas pertinentes para lograr un mejor desempeño de la economía, más oportunidades de empleo y mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos en general y los profesionistas en particular. 

Obligatoriedad de la educación superior: ¿la solución? 

La educación superior ha sido uno de los asuntos prioritarios en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En torno a este tema formuló varias promesas de campaña, entre las cuales destacaron las tres siguientes: Establecer la obligatoriedad y gratuidad de la ES, crear una red de 100 nuevas universidades públicas y otorgar becas a jóvenes de escasos recursos que desean cursar una carrera. Estas promesas reaparecieron el primer día de gobierno, como parte de los 100 compromisos del presidente (compromisos 6, 7 y 10), y la primera de ellas además se incluyó en la reciente iniciativa de reforma educativa. La meta que se establece para lograr la obligatoriedad implica alcanzar una cobertura de al menos 56% en 2024 —con una matrícula de 6 millones 122 mil estudiantes— y de 70% en 2030 —con 7 millones 580 mil alumnos—, para lo cual sería necesario lograr que todos los egresados de ems ingresaran a la es al final de la actual administración. 

Estos escenarios implicarían realizar un esfuerzo inédito en la historia de la educación superior mexicana; supondría adicionar 30 puntos de cobertura en 12 años entre 2019 y 2030, cuando la experiencia de algunos otros países que han sido altamente exitosos en la materia —como Corea y Chile— demuestra que se requieren considerablemente más tiempo y recursos para lograrlo. En la propia experiencia mexicana, tomó más de cuatro décadas, entre 1977 y 2019, ampliar la cobertura en un porcentaje similar. El escenario oficial además contrasta con el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que proyecta un máximo de cobertura de 50% en 2024 y de 60% en 2030. También difiere de manera signifi cativa del escenario “tendencial”, el cual resulta de extrapolar las tendencias seguidas por la cobertura desde 1961 a 2017, con lo cual se llegaría a 46.6% en 2024 y hasta 53.8% en 2030. 

Un aspecto preocupante adicional, es que la meta oficial no ha estado acompañada de una evaluación formal del impacto presupuestario. Los ejercicios preliminares de Tuirán (2019) indican que esto podría significar alrededor de 25 mil millones de pesos adicionales cada año, a los que deberían adicionarse 13 mil millones de pesos que según la anuies, son necesarios para contrarrestar el impacto financiero de la gratuidad, ya que ésta implicaría que las instituciones públicas de educación superior perderían una proporción muy signifi cativa de sus ingresos por concepto de colegiaturas, cuotas y otros servicios. No queda claro de dónde provendrán estos recursos. Más aún, como ya se discutió en este artículo, la masifi cación de la educación superior, que según las proyecciones de Tuirán (2019) implicarían el ingreso adicional de 2 millones de egresados en los siguientes años, se daría en un entorno de baja absorción y aprovechamiento de los recursos humanos si el contexto económico no cambia drásticamente. 

Para que la educación superior sea motor de una mayor movilidad social en México será preciso impedir a toda costa la reproducción de los escenarios económicos de los últimos 20 años y evitar que el avance de la masifi cación redunde en una oferta educativa de baja calidad y poco pertinente para los jóvenes de escasos recursos. Todos sabemos lo que está en juego: ofrecer una educación de baja calidad a los jóvenes de escasos recursos no haría más que reproducir un círculo vicioso que acentúa e incluso profundiza la desigualdad. Si la educación que reciban estos jóvenes no conduce a una formación sólida y productiva, una iniciativa aparentemente progresista, al fi nal podría quedar en una promesa incumplida y en creciente frustración. EP

Este artículo, elaborado para Este País, se basa en el trabajo de Miguel Székely e Iván Flores, “Educación y Desarrollo en México: una historia de baja capacidad de absorción del capital humano”, IDB­WP­ 933, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2018, así como en el trabajo de Rodolfo Tuirán “La educación superior; promesas de campaña y ejercicio de gobierno”, Revista de la Educación Superior, vol. 48, Núm. 190, 2019. 

1 Una perspectiva de largo plazo se encuentra en Rodolfo Tuirán, 2012, 90 años de educación en México, México, Fondo de Cultura Económica. 

2 El dato se refiere al PIB en dólares constantes, obtenido de la base de datos de la cepal (CEPALSTAT, versión 2017). 

3 Véase “The Conference Board Total Economy Database”, 2014. 

4 Esta categoría incluye a los ocupados como funcionarios, directores y jefes, y a los profesionales y técnicos. 

5 Agrupa a los ocupados como trabajadores auxiliares en actividades administrativas, los comerciantes y vendedores, los trabajadores en servicios personales y vigilancia, los trabajadores del sector primario y los trabajadores artesanales. 

6 Abarca a los operadores de maquinaria, ensambladores, choferes, conductores de transporte, trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 

7 Santiago Levy, 2019, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México, Banco Interamericano de Desarrollo.

Iván Flores es Investigador del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), Miguel Székely es director del cees, Rod

Rodolfo Tuirán es investigador Asociado de El Colegio de México.

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Dulce Olivia 71,
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