Rogelio Gómez Hermosillo escribe sobre “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, una iniciativa de 60 organizaciones encargada de estudiar y proponer soluciones contra la pobreza y la precarización.
Texto de Rogelio Gómez Hermosillo M. 02/10/25
Rogelio Gómez Hermosillo escribe sobre “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”, una iniciativa de 60 organizaciones encargada de estudiar y proponer soluciones contra la pobreza y la precarización.
En México, hay cientos —quizá miles— de organizaciones que desde hace décadas trabajan de manera directa frente a la pobreza. Están en todo el territorio, en diversos ambientes, con múltiples grupos de población y con acciones de todo tipo. En mayo de 2015, un grupo plural conformado por 60 de esas organizaciones respaldaron la creación de una iniciativa especializada de incidencia en la agenda pública con un enfoque sistémico: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
“México no es un país pobre, pero la mayoría de su población vive en pobreza. Eso debe cambiar” son las palabras con las que dio inicio su llamamiento fundacional hace 10 años, y su misión original sigue vigente.
Desde entonces, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza enfocó su análisis y propuesta hacia las raíces económicas de la pobreza. Ha tratado de superar la visión errónea que atribuye a la política social o, peor aún, a programas sociales el “combate a la pobreza”.
La medición de CONEVAL hace 10 años mostró que en los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto la pobreza había crecido. “Frente a Pobreza” confluyó con el IETD y Sociedad en Movimiento para convocar una iniciativa plural de exigencia por “nuevas políticas económicas y sociales frente a la desigualdad y la pobreza”.
De ese foro realizado en octubre de 2015, se derivó un segundo impulso al incremento al salario mínimo, que tuvo su primer logro en diciembre de 2016, cuando se aprobó la reforma constitucional que creó la UMA y desindexó el salario mínimo; esto permite su incremento sin efectos en otros precios.
La recuperación gradual y por consenso del salario mínimo deriva de un acuerdo con el sector empresarial, mediante ajustes anuales y la aplicación de una “fórmula” con dos componentes: el “porcentaje” para establecer la referencia para negociaciones contractuales y ajustes salariales, y el “monto independiente de recuperación”, en pesos, que permitió los primeros aumentos significativos del salario mínimo entre 2017 y 2020.
Con el lema “Quien trabaja no debe ser pobre”, Frente a la Pobreza ha trabajado para superar el modelo económico que promueve la competitividad global de México con base en bajos salarios y violación de derechos laborales. El Observatorio de Trabajo Digno, con datos del INEGI, y el Termómetro Salarial, con datos del IMSS, han servido para enfrentar las fábricas de pobreza de los trabajos sin salario suficiente y en la informalidad con su verdadero rostro: trabajos precarios sin derechos laborales.
Una vez que la recuperación del salario mínimo ha sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y cuenta con el consenso del sector empresarial, la siguiente fase de recuperación salarial proviene de una iniciativa empresarial y civil, el colectivo Vida Digna, que promueve el salario digno como acción voluntaria y libre de las empresas, con múltiples beneficios económicos y sociales.
Desde 2015, en relación con la política social, Frente a la Pobreza se planteó enfrentar la “programitis” y promover un sistema integrado de protección y seguro social universal. Con el lema “la salud es un derecho, no una prestación social, ni una mercancía”, hemos impulsado iniciativas para enfrentar el deterioro del sistema de salud.
En 2015, organizamos un ejercicio de observación ciudadana, aplicando la metodología internacional de las “tarjetas de medición ciudadana” (citizen scorecards), lo cual demostró las fallas graves del “seguro popular” y las medidas que contradicen el “acceso efectivo” mediante la posposición de consultas especializadas, estudios y cirugías.
Durante los siguientes años, participamos en esfuerzos colaborativos para incrementar el presupuesto de manera equitativa y para promover la integración operativa al menos del primer nivel de atención y de las acciones de prevención y control de las principales enfermedades que causan muerte. Los reportes especiales “La muerte tiene permiso” (noviembre 1, 2021) y “El enfermo está más grave” (octubre 2023) reflejan nuestro análisis para enfrentar el desastre del sistema público de salud, con un enfoque realista y propositivo.
Las raíces económicas de la desigualdad de género y las barreras estructurales para la inserción laboral de jóvenes sin estudios universitarios han sido parte de las agendas frente a la pobreza.
Hemos participado activamente en la creación y desarrollo de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno en 2019 y la Red Global Jóvenes Oportunidad en CDMX (GOYN) en 2020. El estudio “Jóvenes oportunidad” y su resumen infográfico muestran las desventajas acumuladas que crean barreras de exclusión para alrededor de la mitad de la cohorte de personas jóvenes en México, analizan las fallas y limitaciones de las políticas para la juventud y formulan recomendaciones viables y accionables.
Los reportes especiales “Barreras” (octubre 25, 2021), “Raíces económicas de la desigualdad” (#8M 2023) y “La justicia económica pendiente” (#8M 2025) muestran el análisis y las propuestas para construir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, desde la economía y el sistema laboral.
Las condiciones de marginación de las zonas indígenas y rurales aisladas requieren alternativas económicas. Hasta ahora, las políticas públicas se han concentrado en intervenciones de política social (educación, salud y alimentación) frente a la pobreza crónica y su transmisión hereditaria. A pesar de ser importantes, dichas políticas no son suficientes.
Desde el Grupo Promotor de la Economía Social, buscamos fortalecer y visibilizar la experiencia de organizaciones indígenas y campesinas con décadas de trabajo colectivo en la creación de empresas de propiedad social, unidades económicas estables, rentables y eficientes, que protegen los recursos naturales mediante técnicas agroecológicas y otras medidas de conservación ambiental y, asimismo, que realizan inversiones sociales en educación y salud en sus territorios.
En estos 10 años de trabajo hemos incidido en cambios de narrativa, en mejorar enfoques de análisis con base en evidencia, en sumar liderazgos colaborativos y en la formulación de propuestas de cambio viables y de fondo, todo ello con el fin de enfrentar la pobreza y la desigualdad. Urge mayor capacidad de acción ciudadana. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
