El tráfico ilegal de animales silvestres es un fenómeno global que erosiona la biodiversidad, debilita a los Estados, fomenta redes criminales internacionales y, sobre todo, causa una enorme cantidad de sufrimiento a los animales que son traficados, muchos de los cuales mueren en el proceso. México, uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, es también un punto crítico de esta problemática. La corrupción, la proliferación y diversificación del crimen organizado han traído aparejado el crecimiento de este otro negocio muy lucrativo. El combate al crimen organizado en sus diferentes facetas ha conllevado decomisos de animales traficados. Según datos reportados en un artículo de nuestra autoría publicado recientemente en Nature Conservation, entre 2012 y 2023, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) decomisó más de 17 mil animales vivos pertenecientes a casi 600 especies. Sin embargo, esta cifra apenas representa una fracción del problema: se estima que los decomisos reflejan menos del 5 % del tráfico real.

Más allá de los datos, esta realidad nos enfrenta a preguntas bioéticas profundas: ¿cómo conciliar los intereses humanos con los derechos de los animales y la integridad de los ecosistemas? ¿Qué responsabilidades tienen el Estado, los ciudadanos y la comunidad internacional frente al tráfico de animales? ¿Cómo evitar que los decomisos terminen siendo solo paliativos que prolonguen el sufrimiento animal sin atacar las causas de fondo? Queremos plantear algunas de estas preguntas, explorando no solo los impactos ecológicos y sociales del tráfico de fauna, sino sobre todo sus dimensiones éticas. Asimismo, queremos plantear algunas preguntas en torno a los problemas que tiene el decomiso de animales traficados en nuestro país.

Según datos del Foro Económico Mundial, el comercio ilegal de vida silvestre mueve entre 7 mil y 23 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, ubicándose como el cuarto tipo de actividad criminal más lucrativo, solo después del tráfico de drogas, de personas y de armas. El comercio ilegal internacional de animales se ha incrementado en los últimos años gracias a la globalización y a que este tipo de comercio aprovecha las redes de comercio legal para el tráfico ilegal; también aprovecha las facilidades que han dado los medios digitales para la compra y venta de animales. En México, las rutas del narcotráfico han servido para transportar individuos vivos de especies como tortugas, totoabas, loros, iguanas, felinos o incluso primates no humanos. La demanda del mercado local se enfoca principalmente al uso de los animales como mascotas exóticas, en algunos rituales de santería o brujería, o en medicina tradicional. La demanda del mercado internacional proviene principalmente de Estados Unidos, Europa y, sobre todo, China.

En nuestro artículo sobre decomisos, mostramos que las aves son el grupo más decomisado en México (casi el 50 %), seguidas de los reptiles y los mamíferos. Los psitácidos (loros y pericos) encabezan las cifras, a pesar de que su captura está prohibida desde 2008. En muchos casos, hasta el 75 % de los individuos muere antes de llegar al comprador final. En el caso de los loros, por ejemplo, estudios previos estiman que solo el 2 % de las capturas ilegales llega a ser incautado; el resto muere en el camino o termina en algún punto de venta como mercados públicos, sin que nadie lo note.

Cuando la PROFEPA asegura un animal debe decidir su destino. Según nuestros datos, los individuos pueden ser enviados a alguna Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), como zoológicos o UMAs intensivas o extensivas, a algún Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) o pueden ser liberados. Sin embargo, hasta el 40 % permanece en el mismo domicilio donde fue decomisado. En esos casos, el animal pasa de ser “propiedad” del traficante (o del “propietario” que carece de documentos) a estar “bajo custodia” del Estado, aunque físicamente no cambie de lugar. Este dato genera un dilema ético evidente: ¿qué sentido tiene decomisar si, en la práctica, el animal sigue donde estaba, en manos de quien lo obtuvo ilegalmente y se continúa fomentando la red de tráfico? (Podría argumentarse que sirve para hacer un registro, pero en la práctica esto no tiene ningún impacto en la reducción del tráfico de animales.)

El trasfondo es que el Estado no cuenta con la infraestructura, personal ni presupuesto para resguardar a estos individuos. Adicionalmente, muchos de los animales incautados no son candidatos a reinsertarse a la vida silvestre, pues no han desarrollado habilidades de supervivencia, se ha modificado su comportamiento y tienen apego con el ser humano, presentan lesiones o pueden ser portadores de enfermedades transmisibles a otros animales, incluyendo el ser humano. Las tasas de mortalidad en los CIVS rondan el 40 %, mientras que solo un 11 % de los animales logra ser reintegrado a su hábitat. Así, cada decomiso es un dilema: salvar al individuo pero condenarlo al encierro de por vida o priorizar la especie y el ecosistema a costa de sacrificar ejemplares.

El tráfico de animales se presenta en muchos casos dentro de comunidades marginadas en las que la captura de aves, reptiles o mamíferos aporta una fuente de ingresos. En estos casos, el dilema ético es doble: criminalizar a quienes cazan por subsistencia o tolerar una práctica que erosiona ecosistemas y favorece a redes de crimen organizado.

Desde una perspectiva de justicia ambiental, se plantea una pregunta clave: ¿es justo exigir a comunidades empobrecidas que dejen de capturar animales sin ofrecer alternativas económicas? Se trata aquí de un asunto que entrecruza la ética social y la política: las soluciones deben incluir no solo vigilancia, sino políticas de desarrollo sustentable que permitan a las comunidades vivir de la conservación mediante aprovechamientos sostenibles y conservación del hábitat, en vez de mediante el saqueo sin regulación ni vigilancia. Asimismo, se debe aplicar y fortalecer la normatividad para aquellos que fungen como intermediarios o que están implicados en alguna parte de la cadena del tráfico de animales, como acopiadores, transportistas, comerciantes y servidores públicos. En realidad, quienes más ganan del tráfico de animales son precisamente estos intermediarios y no quienes capturan animales en las comunidades.

Por otro lado, hay que analizar las consecuencias para los animales no humanos afectados. Un eje bioético central es el estatus moral de los animales decomisados. Tradicionalmente, la normatividad mexicana, desde la Constitución hasta las leyes y sus reglamentos —como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS)— han tratado a los animales como “bienes de la nación”; es decir, básicamente les dan el mismo estatus que cosas no vivas que pueden ser objeto de apropiación. Sin embargo, desde la filosofía moral y la bioética contemporánea hay argumentos para considerarlos sujetos de consideración moral, así como de derechos. También empieza a haber argumentos jurídicos, puesto que algunas constituciones y códigos civiles locales, como los de la Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Colima, Veracruz, Puebla y Estado de México, ya reconocen a los animales como “seres sintientes” y no como meras cosas o “bienes jurídicamente protegidos”.

Algunos filósofos morales como Peter Singer, Tom Regan y Martha Nussbaum sostienen que los animales tienen intereses propios —en vivir, en no sufrir, en desarrollarse según su naturaleza— que merecen respeto moral. Tienen un estatus moral que genera obligaciones morales en nosotros. Bajo esta perspectiva, el tráfico y decomiso no son solo un asunto de legalidad ambiental, sino una vulneración de sus intereses, así como una violación sistemática de sus derechos. En este sentido, la captura, el tráfico (ilegal, así como el legal), pero también dejar un animal bajo custodia en la casa del traficante o enviarlo a un zoológico es éticamente cuestionable, particularmente si el individuo se encuentra en condiciones donde su bienestar es afectado negativamente de alguna manera. Es necesario repensar los modelos de conservación y priorizar el bienestar individual tanto como la preservación de la población o la especie.

Otro ángulo relevante es el vínculo entre el tráfico de fauna y las enfermedades zoonóticas (pero también las enfermedades antropozoonóticas, o sea, aquellas en las que tanto los animales como los humanos actúan como reservorios del patógeno). El contacto estrecho entre humanos y animales silvestres aumenta el riesgo de brotes de hantavirus o gripe aviar, entre otras enfermedades. Este comercio implica la captura, acopio, transporte, venta y consumo de animales silvestres, muchos de los cuales son extraídos de sus hábitats naturales y puestos en estrecho contacto con los seres humanos, especies domesticadas y otras especies silvestres, muchas veces en condiciones de hacinamiento donde los animales se encuentran estresados e inmunodeprimidos. Este es el caso de los que terminan en mercados de animales vivos. Tales interacciones rompen las barreras ecológicas naturales y facilitan la transmisión de patógenos nuevos entre especies —incluida nuestra propia especie—.

Desde una perspectiva bioética, aquí entra en juego el principio de precaución: aun si no se puede predecir con certeza qué especie portará el próximo virus que dé lugar a un brote zoonótico, y posiblemente a la siguiente epidemia o pandemia, reducir el tráfico y contacto con fauna silvestre es un deber moral hacia la salud pública —pero también hacia la salud de los animales e incluso del medio ambiente—. Ignorar este vínculo equivale a transferir riesgos sanitarios a poblaciones enteras por satisfacer un mercado de mascotas exóticas, de prácticas médicas o de rituales que exigen el sacrificio de animales.

Nuestro artículo sobre decomisos documenta una reducción del 97 % en los decomisos desde 2013. Aunque a primera vista podría parecer un éxito, es probable que refleje un debilitamiento institucional: el personal y el presupuesto han disminuido en los últimos años, en buena medida debido a las políticas de austeridad implementadas en el país; así como mayores niveles de corrupción. Según datos de investigación académica y de transparencia, ni la PROFEPA, ni el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) han visto aumentos en los presupuestos que destinan a la vigilancia desde hace años. La situación es aún más preocupante si se considera que para el año 2025, el gasto destinado al tema ambiental en México representa apenas el 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de la recomendación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sugiere invertir entre 3.7 y 4.9 %. En términos generales, el presupuesto destinado al medio ambiente en México se ha reducido de manera sostenida durante la última década.

Todo este asunto revela también un dilema de gobernanza: ¿qué significa hablar de “protección ambiental” en un Estado que carece de capacidad real para hacer cumplir la ley? La corrupción y la impunidad convierten el tráfico de fauna en un síntoma de un problema mayor: la fragilidad de las instituciones democráticas y el abandono de la justicia ambiental como prioridad pública.

Llegamos así al último eslabón de la cadena: el tráfico de fauna no existiría sin consumidores. Comprar un loro en un mercado, posar con un cachorro de tigre para una foto turística o adquirir un caparazón de tortuga como adorno son actos individuales que alimentan redes criminales y destruyen ecosistemas. Esto nos lleva a reconocer la responsabilidad moral del consumidor: si no hubiera demanda, no habría oferta. Así como en el debate sobre carne industrial y cambio climático, nuestras elecciones individuales tienen consecuencias colectivas. Aquí debe operar el principio de solidaridad: reconocer similitudes y vulnerabilidades compartidas, así como que nuestras acciones afectan no solo a los animales, sino a comunidades humanas, al medio ambiente y a generaciones futuras, debe llevarnos a sobrellevar “costos” (sociales, financieros, emocionales, etc.) para asistirlos y no dañarlos. 

La prohibición total del tráfico ilegal de animales sería lo ideal. Este comercio afecta gravemente a la biodiversidad y diezma poblaciones enteras, pues para capturar a un solo individuo suelen matarse otros, o bien muchos mueren debido a la alteración de sus estructuras sociales. Además, apropiarse de la vida de seres sintientes, con intereses propios, y utilizarlos como bienes de cambio resulta, en última instancia, moralmente cuestionable.

Sin embargo, mientras persista la demanda, es crucial que los consumidores entiendan qué significa en realidad hacerse responsables de un animal silvestre. Transformar nuestros hábitos como consumidores no significa solo abstenerse de comprar animales silvestres, sino que también implica comprender lo que realmente conlleva tenerlos. Un erizo africano, un capibara, un mono o una iguana no son mascotas comunes: requieren atención veterinaria especializada, cuarentenas para prevenir la transmisión de enfermedades y entornos que repliquen lo más posible su hábitat natural. La mayoría de los compradores ignoran estas exigencias y cuando se enfrentan a la dificultad, optan por “liberar” al animal en cualquier espacio abierto, si no es que muere antes. Esta liberación improvisada, lejos de ser un acto de bondad, se convierte en otro problema: los animales liberados pueden morir rápidamente, alterar ecosistemas o transmitir patógenos peligrosos a otros animales y a los seres humanos.

Todo esto también apunta a un problema de educación ambiental. No parece que desde el Estado se esté haciendo lo suficiente para crear conciencia acerca del problema que constituye el tráfico ilegal de animales en México. El Estado tiene una obligación moral de educar. No basta con sancionar o decomisar: si el ciudadano promedio no entiende por qué no debe comprar fauna silvestre, las prácticas ilegales seguirán reproduciéndose. La educación ambiental tendría que estar integrada de manera sistemática en las escuelas, en campañas mediáticas y en programas comunitarios. El problema es que el Estado mexicano ha invertido muy poco en esta dimensión preventiva. La estrategia dominante ha sido punitiva o administrativa (multas, decomisos, clausuras), pero casi nunca pedagógica o de difusión en medios masivos de comunicación. Dejar de lado la educación ambiental no solo limita la eficacia de las políticas públicas, sino que también perpetúa una visión instrumental de la naturaleza, donde los animales son vistos como objetos disponibles y no como seres con valor intrínseco.

Tampoco basta con que el Estado delegue el tema de la educación ambiental a organizaciones de la sociedad civil o a instituciones de educación superior interesadas en el tema. Aunque su labor es valiosa, carecen de los recursos y la cobertura necesarios para enfrentar un problema de esta magnitud. Además, suelen trabajar de manera sectorial y no logran hacerlo transversal en ámbitos clave como Una Salud, los derechos de los animales o la sustentabilidad. El resultado es una fragmentación de esfuerzos que genera cierta ilusión de avance, pero que en realidad mantiene el problema en los márgenes. El combate al tráfico de animales requiere de políticas públicas robustas, con presupuesto y alcance nacional, que integren a la sociedad civil y a la academia como aliados, pero no como sustitutos de la responsabilidad estatal.

Frente a este panorama, la bioética no puede tener una receta única, sino plantear distintos criterios normativos para orientar decisiones, como son:

• Respetar el bienestar de cada animal, evitando que el rescate se convierta en otra forma de sufrimiento.
• Diseñar políticas que incluyan a las comunidades rurales como aliadas de la conservación, no como enemigas.
• Asumir la responsabilidad intergeneracional: la biodiversidad es un bien común que debemos preservar para generaciones futuras (de animales humanos y no humanos).
• Dotar de recursos reales y de capacitación a las instituciones ambientales. Los recursos podrían estar enfocados en el mantenimiento óptimo de los animales en los centros donde se encuentran después del decomiso. Los trabajadores del área deberían contar con los insumos suficientes para hacer su trabajo.
• Proveer de recursos económicos y legales al combate al tráfico ilegal.
• Combatir la corrupción: no basta con leyes estrictas si quienes deberían hacerlas cumplir —inspectores, policías, funcionarios— están dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de sobornos.
• Reducir los riesgos zoonóticos evitando mercados de animales vivos y cadenas de tráfico.
• Invertir en educación ambiental que explique a la población por qué no debe comprar fauna silvestre.
• Y, sobre todo, transformar nuestros hábitos como consumidores.

La bioética, en este sentido, no se limita a “hacer más humano” el trato a los animales decomisados, sino que exige una mirada estructural que abarque desde la gobernanza hasta los hábitos de consumo. El tráfico y decomiso de animales silvestres en México es un problema de conservación y un reto ético integral. Nos interpela como sociedad en múltiples niveles: desde el respeto a la vida animal hasta la responsabilidad en el consumo, pasando por la justicia social y la fortaleza institucional.

La pregunta final es incómoda: ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que convierte la biodiversidad en mercancía efímera, en “mascotas de moda” y tolera el sufrimiento animal por capricho, o una que adopta la bioética como guía para equilibrar nuestros intereses con los de las demás especies y el planeta? El dilema no puede seguir siendo postergado, porque cada decomiso nos recuerda que detrás de cada jaula hay un conflicto no resuelto entre el lucro, la necesidad y la vida. Elegir ignorarlo es, también, una elección ética. EP

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