El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Construcción de una sociedad justa y participativa de seres humanos con dignidad, coordinada por Susana Chacón, Fernando Cortés y Manuel Ordorica.
Texto de Fernando Cortés 26/02/24
El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Construcción de una sociedad justa y participativa de seres humanos con dignidad, coordinada por Susana Chacón, Fernando Cortés y Manuel Ordorica.
La base de datos World Inequality Database (WID), presentada en el World Inequality Report 2022 (Chancel L. et al: 30), sostiene que América Latina se ubica en tercer lugar entre las regiones con mayor inequidad en la distribución del ingreso, superada solo por África Subsahariana, el Oriente Medio y por África del Norte.
“México, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), está clasificado en el grupo de los países con altos niveles de desigualdad…”
México, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2018: 90), está clasificado en el grupo de los países con altos niveles de desigualdad (formado por Nicaragua, República Dominicana, Chile, Guatemala, Paraguay y Argentina)1, categoría solo superada por los de muy alta desigualdad (Bolivia, Brasil, Honduras y Colombia). En México, la desigualdad en la distribución del ingreso corriente total de los hogares no solo ha sido elevada, sino que se ha mantenido relativamente constante desde 1982 hasta 2014, independientemente del coeficiente que se use para medirla (Gráfica 1).
Adicionalmente, Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestran que, en México, la desigualdad en los ingresos antes de impuestos y transferencias no difiere sustantivamente del resto de los países de la OCDE. Sin embargo, en la gráfica 2 se destaca el hecho de que México es el único país de la OCDE en que la inequidad no se modifica por las transferencias del Gobierno.
La persistencia de la desigualdad no solo plantea un cuestionamiento de carácter ético, sino que también que, como los desarrollos conceptuales y el avance de la investigación han concluido, es un freno para el crecimiento económico. Sin embargo, esta idea es relativamente reciente ya que por tres décadas se sostuvo, basados en el trabajo pionero de Simon Kuznets (1965), que la desigualdad era buena para el crecimiento económico, aun bajo el costo de que sus frutos se concentraran, en las primeras etapas, en las personas de más altos ingresos. Dicho argumento planteaba que toda la población gozaría de mejores condiciones de vida porque la concentración de los ingresos en pocas manos se traduciría, en el futuro, en logros económicos acrecentados que finalmente “gotearían” desde la cima a la base de la pirámide social. El “comercial” rezaba: “sacrifíquese hoy en beneficio del futuro propio y de sus descendientes”. En la actualidad, distintas escuelas de pensamiento, incluidos los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han desarrollado teorías e investigaciones empíricas que dan respaldo suficiente a la idea de que la desigualdad es mala para el crecimiento económico. Con el cambio de siglo sobrevino la mudanza radical de la idea de la “desigualdad es buena para el crecimiento económico” a la “desigualdad es mala para el crecimiento económico” (Cortés F. 2023).
Por otra parte, los esfuerzos de investigaciones recientes se han dedicado a estudiar las desigualdades sociales (Altamirano I., L. Flammand: 2018), así como las repercusiones de la desigualdad en la distribución del ingreso sobre diversos ámbitos de la vida social.
Es claro que la desigualdad en el ingreso, en una economía de mercado que ha avanzado sobre la provisión de servicios que antaño eran proporcionados principalmente por el Estado —como el manejo de los eventos de la vida (seguridad), educación, salud, servicios de la vivienda, etc.—, repercute en el acceso y la calidad de las ahora mercancías a las que accede la población. No todos pueden comprar seguros de gastos médicos mayores o seguros de vida; pagar las elevadas colegiaturas de los colegios privados en los cuales se supone que se obtiene un “producto” de mayor y mejor calidad, por medio de clases impartidas en lenguas extranjeras; el abastecimiento de los servicios básicos como agua, luz y drenaje se diferencia de acuerdo a la segregación económica del espacio. Este conjunto de consecuencias de la desigualdad económica se traslada a la cohesión social; en tanto se segregan los espacios físico y social, la desigualdad agudiza la pobreza y ofrece un buen caldo de cultivo para agudizar la violencia.
Mantener y profundizar el aumento en el salario mínimo real. Después de muchos años en que la desigualdad en la distribución del ingreso corriente total se mantuvo en niveles elevados y con escasas fluctuaciones, la tendencia cambió, en efecto, a partir del año 2016; todos los indicadores sintéticos de desigualdad muestran una tendencia clara a su reducción en el tiempo (ver gráfica 3).
Esta regularidad lleva a preguntarse: 1) ¿qué características ha tenido la caída de la desigualdad observada entre 2016 y 2022? Y 2), ¿qué factores la habrían impulsado? Dada la naturaleza de este texto solo se bosquejará una respuesta a la primera de estas preguntas; y se avanzarán algunas ideas sobre la segunda, aunque debe quedar claro que no será tratada sistemáticamente porque requiere la realización de investigaciones específicas, lo que claramente queda fuera del alcance de este breve ensayo.
Los datos del cuadro 1 sintetizan la evolución de los ingresos medios de las familias mexicanas en el período 2016 a 2022.
Una mirada general a estos datos permite apreciar que durante los seis años que cubre esta información todos los deciles, con excepción del que está formado por los hogares que tienen más recursos (décimo decil), tienden a subir sus ingresos, con la excepción del año de la Covid-19 (2022) en que todos los hogares vieron reducidos sus ingresos y que fue menos pronunciada en los hogares “más ricos”.
Con base en los datos del cuadro 1 se construyeron los paneles (a) y (b) de la gráfica 4, que muestran las ganancias y pérdidas relativas de los deciles de hogares en los ingresos corrientes totales entre 2016 y 2022 (panel a) y entre 2018 y 2022 (panel b).
Estas gráficas muestran que, independientemente de la magnitud del alza en los ingresos, el único decil que estuvo sistemáticamente por debajo del promedio fue el décimo, lo que significa que su pérdida de ingreso en relación a los restantes deciles fue el motor de la caída en la desigualdad.
Cabe preguntarse si la reducción relativa de los ingresos afectó por igual a todos los hogares del décimo decil. Para responder a esta inquietud se preparó la gráfica 5.
Entre los años 2016 y 2022 (panel a), todos los centiles del décimo decil tuvieron aumentos en sus ingresos per cápita con la excepción del décimo que experimentó una reducción en su ingreso medio real; fue el único que disminuyó su ingreso per cápita en el período. La comparación con 2018 arroja un resultado similar, esta vez con la diferencia de que el último centil salió tablas.
En definitiva, la caída en la desigualdad de los ingresos, después de alrededor de tres lustros de no haber sufrido cambios importantes, se originó en el aumento de los ingresos del primero al noveno deciles y la consiguiente pérdida del décimo. Más aún, dentro de este último fue el centil (el uno por ciento) de los más adinerados del país el que durante este período perdió, en contraste con el resto que tuvo ganancias.
La explicación debe buscarse, más bien, en el alza en los salarios mínimos y no en beneficios provenientes de los programas gubernamentales (programas sociales). De hecho, las remuneraciones del trabajo representan alrededor de dos tercios de los ingresos corrientes totales que perciben los hogares mexicanos, mientras que los programas sociales no llegan al 3 % de los recursos de los que disponen (Cortés F. Nexos). Además, en el año 1996 se abandonó “la política” de salario mínimo constante, que había iniciado en el año 2000; en este año culminó la brutal contracción acumulada del salario mínimo, iniciada en 1976, que entre esos años fue del orden del 75 %; como consecuencia de ella los pagos al trabajo se elevaron significativamente:
Si bien se desvincularon precios y tarifas del salario mínimo, el funcionamiento del mercado laboral se ajustó a los aumentos en los salarios mínimos reales (Esquivel G, 2023).
De acuerdo con el estado actual del conocimiento, mantener y profundizar los incrementos en el pago a la fuerza de trabajo será fundamental para alcanzar una distribución del ingreso que permita sostener el crecimiento económico y crear las condiciones necesarias para una participación más equilibrada en el goce de los frutos de la actividad productiva, una mejor mezcla social que lleve a una sociedad a órdenes superiores de cohesión social y en general bienestar a toda la sociedad y no únicamente a unos cuántos.
Reforma tributaria progresiva y financiamiento de la política social. La información de la gráfica 1 muestra que México tiene mucho espacio para que el Estado emprenda una labor redistributiva del ingreso y con ello lanzar al país a la senda del progreso. Pero, para conseguir este propósito, no basta con declaraciones ni buenas intenciones, pues se necesitan recursos no solo para apoyar la inversión privada y sostener e incrementar el crecimiento económico, sino también para cumplir los objetivos de política social. Si la expansión económica es acompañada por una distribución del ingreso progresiva, generada por la política fiscal, podría inducirse el aumento sostenido del producto a través del mecanismo “menor desigualdad-mayor crecimiento”.
Ahora bien, cada Gobierno elabora, de acuerdo con su programa, las políticas sociales específicas que prometió a su electorado; sin embargo, debe respetar los objetivos de política social establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los tratados internacionales signados por el país.
En cuanto a educación (Art. 3), esta no solo debe considerarse como mecanismo de socialización, sino también como la instancia para dotar a los futuros trabajadores de los instrumentos cognitivos que les permitan asimilar el rápido cambio tecnológico. En una frase, la educación debería hacerse extensiva a toda la población, enseñar a aprender y además ser gratuita, para quienes opten por la educación pública.
El derecho a la salud debería ser universal (Art. 4) y de calidad. En el límite toda persona que lo necesite debería ser atendida con calidad y tener acceso a los medicamentos. Sin embargo, al inicio podría no estar al alcance de la capacidad financiera del Gobierno, por lo que podría empezarse con un paquete mínimo de intervenciones.
La seguridad social debería dejar de ser diferenciada y favorecer únicamente a quienes tienen una vinculación laboral formal. Toda la población debería contar con medios de subsistencia, aunque no tenga trabajo. El salario básico universal es una opción que se sabe que sería eficiente en la reducción de la pobreza, de la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares y entre regiones (Cortés F. y S. Valdés, 2021), además de que puede diseñarse como complemento a la pensión universal para adultos mayores
A pesar de que la propuesta es que la educación, la salud y la seguridad social deberían financiarse con recursos públicos provenientes de impuestos generales, de aquí no debe derivarse que el planteamiento implique eliminar las escuelas ni los hospitales privados, o impedir la operación de las empresas aseguradores ni mucho menos el ejercicio privado de la medicina; siempre habrá quien disponga de los recursos económicos y prefiera emplear los servicios que ofrece el sistema privado.
“[…] las remuneraciones del trabajo representan alrededor de dos tercios de los ingresos corrientes totales que perciben los hogares mexicanos…”
Solo se ha hecho referencia a educación, salud y seguridad social. Sin embargo, la Constitución también señala que el Estado debe garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, a que los ciudadanos dispongan de agua y saneamiento, y a disfrutar de una vivienda decorosa. La violación constitucional más flagrante es al Artículo 123, que mandata que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. EP
Altamirano I., L. Flammand (2018), Desigualdades en México. El Colegio de México, Mexico.
CEPAL. (2018). Panorama social de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. Santiago de Chile.
Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. World Inequality Report 2022, World Inequality Lab wir2022.wid.world
Cortés F. y S Valdés (2021). “Ingreso básico universal, pobreza y desigualdad”, Cordera R y E. Provencio (coord.) de Informe del Desarrollo en México: coordenadas para el debate del desarrollo”, PUED-UNAM, México.
Cortés F. (2023), “La metamorfosis de la relación entre la desigualdad en el ingreso y el crecimiento económico, con perspectiva latinoamericana”. Ponencia presentada en los L años del Centro de Estudios Sociológicos. CES/COLMEX, México.
Esquivel G. (2023), “Pobreza laboral en México, a la baja” Economía UNAM, Vol. 20, Núm. 59.
Kuznets, S. (1965). “Economic growth and income inequality”. En S. Kuznets, Economic Growth and Structure: Selected Essays. (págs. 257-287). Nueva York: W.W. Norton.
DOPSA, S.A. DE C.V
