Si algo hemos aprendido en el último cuarto de siglo es que la emigración humana es un asunto multidimensional y complejo. Es decir, involucra muchas aristas y las mezcla de tal manera que se hacen irreconocibles. En realidad siempre fue así. Pero lo que hoy constituye una novedad es que la emigración, por un lado, se inserta en lo que podemos denominar un sistema global de explotación de fuerza de trabajo que antes solo existía de manera complementaria respecto a las economías nacionales. Y por otra parte, que la revolución tecnológica contemporánea permite los contactos entre los que se van y los que se quedan, por lo que las migraciones contribuyen decisivamente a fomentar lazos transnacionales que subvierten, por abajo, la santísima trinidad westfaliana: un territorio, un pueblo, un Estado. Los migrantes, en consecuencia, devienen factores de hibridación cultural y actores del cambio social tanto en sus países de destino como en los de origen.

Si menciono esto no es porque aspire a decir algo nuevo. Todo el mundo que se haya asomado al tema lo sabe. Mi propósito es apuntar en otra dirección: la realidad que el Gobierno cubano obvia cuando se relaciona con la cuantiosa y calificada migración cubana en los cuatro confines del mundo, pero sobre todo en el sur de la Florida y, más específicamente, en la siempre problemática ciudad de Miami. Pues el Gobierno cubano persiste en aplicar a su emigración una política hostil, de rechazo. O si se quiere, visto desde el lado optimista, de aceptación parcial e interesada, como suministradora de recursos económicos vitales para la reproducción de la depauperada economía insular y como pivote de la propia gobernabilidad. Y ahora todo afloró con ese incidente ocurrido en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

Los hechos han sido develados por una intensa actividad de prensa. Desde la década de los noventa, los flujos de cubanos hacia Estados Unidos se han incrementado, ya sea mediante las 20 mil visas anuales que el Gobierno cubano consiguió en su negociación con Estados Unidos en 1994, o mediante flujos irregulares. Por décadas, estos últimos se realizaron principalmente cruzando el Canal de la Florida en balsas, pero este expediente es usado cada vez menos debido a la intensificación de los patrullajes costeros de ambas partes. Una muestra de su ineficacia fue que en 2013 solo pisaron las costas de Estados Unidos unos 359 balseros, apenas una cuarta parte de los que fueron interceptados en el mar.

Como ocurre con los flujos sociales en esta “sociedad líquida”, los migrantes han ido reacomodando sus itinerarios. Un ejemplo de ello es República Dominicana, a la que es posible llegar a pie por la frontera con Haití —país que no exige visado a los cubanos— para desde ella brincar a Puerto Rico en unas barcas a las que los dominicanos llaman “yolas” y que constituyen uno de los principales medios de vida de los depauperados habitantes del oriente de la media isla.

Pero sin lugar a dudas el lugar más frecuentado ha sido la siempre turbulenta frontera México-Estados Unidos. Inicialmente, los cruces por esta vía eran esporádicos; con el avance del siglo, sin embargo, se fueron incrementando por diversas causas y, en lo que nos concierne, por la ocurrencia de Ecuador de constituirse en un lugar de libre entrada. A partir de entonces se fue fomentando una colonia cubana en ese país que hoy asciende a 40 mil personas, 13 mil de ellas irregulares, y presumiblemente con una alta proporción de migrantes potenciales. Fueron estas personas las que durante años ensayaron un itinerario sandokiano que las obligaba a cruzar hasta ocho países, atravesar selvas, salvar montañas, vadear costas inhóspitas y desafiar a ladrones, secuestradores y funcionarios golosos. Se calcula que en 2008 llegaron a Estados Unidos, vía México, unos 10 mil cubanos; en 2013, 22 mil, y en 2014, 31 mil. Una parte significativa había llegado al Río Bravo desde Ecuador.

El detonante de la debacle actual fue la inusual negativa del Gobierno nicaragüense de permitir el cruce de una caravana de más de mil migrantes, y de paso lanzar sobre ellos a una tropa antimotines que usó la fuerza con todo vigor contra personas desarmadas, muchas de ellas mujeres y niños. Como el Gobierno de Daniel Ortega es un fiel aliado de su par cubano, es muy poco probable que el apaleamiento de los migrantes haya tenido lugar sin el consentimiento de La Habana.

Ese mismo día (el 15 de noviembre), el Gobierno de Costa Rica dio una muestra encomiable de humanitarismo al brindar refugio a estos cubanos y a otros siete millares que se les unieron en el corto plazo de una semana.

La crisis y sus morbosidades

Mientras escribo este artículo, se ha conseguido un arreglo que permitiría a los cubanos seguir un viaje terrestre hasta Texas, en donde Estados Unidos se compromete a recibirlos como asilados. Un final feliz para una historia trágica que nos muestra no solo las complejidades de las tramas migratorias contemporáneas, sino también cómo los discursos tienden a ocultar la esencia de los problemas, como en este caso, que se habla de crisis migratoria cuando en realidad se trata de una crisis orgánica que sacude a la sociedad cubana.

En uno de sus más conocidos escritos, Antonio Gramsci se refería a la crisis orgánica como aquella en que lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Entonces, decía, ocurre todo tipo de morbosidades. Nunca me canso de pensar la situación cubana desde esta referencia. Los cubanos apaleados por los swats nicas y varados en Costa Rica son un ejemplo de ello.

Es cierto, como argumenta el Gobierno cubano, que la emigración desde la isla es estimulada por la llamada Ley de Ajuste Cubano en vigencia en Estados Unidos desde 1966, y por la facilidad con que los cubanos pueden obtener una residencia apenas pisan suelo norteamericano. El beneficio es un resultado del diferendo entre ambos Estados y se ampara en la idea de que los cubanos que llegan a Estados Unidos lo hacen huyendo del comunismo, aun cuando esos mismos cubanos regresan a Cuba a la primera oportunidad para —como dice Boris Larramendi en su La Cibertimba— “vacilar el comunismo”. Una situación ciertamente anormal que recuerda demasiado a la Guerra Fría como para considerarla pertinente.

También es cierto que la comunidad cubana en Estados Unidos, con sus reconocidos éxitos, es un atractivo irresistible para los cubanos de la isla. Y podrían agregarse otros muchos factores de estimulación de la emigración cubana. Pero todos ellos juntos no explicarían la temeridad de quienes dejan muchas cosas detrás para lanzarse en viajes peligrosos con altos índices de mortandad y sufrimientos humanos. Si los cubanos lo hacen es porque su país padece de un sistema paupérrimo y autoritario en el que solamente una élite bien protegida económica y políticamente puede sonreír mientras escudriña el futuro. Los cubanos comunes arrastran una pobreza material insoportable, no pueden intentar cambiar sus destinos dentro de la isla y solo pueden soñar en la más absoluta de las intimidades. Padecen del mal del aburrimiento cotidiano. La emigración es la vía más socorrida de movilidad social.

Un ejemplo de la crisis estructural que la situación migratoria revela es la manera como han actuado las autoridades cubanas. En una circunstancia de esta naturaleza siempre se espera que el Gobierno del país emisor brinde asistencia legal y emocional a sus ciudadanos en desgracia, y que en su momento los apoye económicamente. El Gobierno cubano rompió las reglas y limitó sus acciones visibles a instar la búsqueda de soluciones y a unas muy breves y distantes declaraciones de la cancillería, que culpó al Gobierno estadounidense de la situación y aclaró: “[…] los ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a Cuba, sí así lo desean”. Es decir, nadie.

Pues en realidad el Gobierno cubano no está tan interesado en la cuestión migratoria —para él resulta una eficiente válvula de seguridad y apoyo económico que ha sabido manipular— como en obligar a Washington a revisar sus políticas obstruccionistas hacia Cuba. No se trata de si los cubanos pueden o no llegar a Estados Unidos, sino de comenzar en serio a desangrar el bloqueo/embargo, condición vital para completar la metamorfosis burguesa de la élite posrevolucionaria y sus asociados.

Así ha ocurrido, salvando contextos, desde los lejanos tiempos en que las clases afectadas por las medidas revolucionarias comenzaron a dejar el país, imaginando un retorno versallesco que nunca ocurrió, pero que legó a la comunidad cubana un ethos particular de sociedad moral revanchista e intransigente, aun cuando en realidad la mayor parte de sus efectivos no lo fuesen. Nunca existió un mejor ejemplo de complementariedad política que la que ha prevalecido por décadas entre el Gobierno cubano y la derecha cubanoamericana atrincherada en la Florida.

Remesadores, bestias pardas y buenos patriotas

Desde 1959, la relación del Gobierno cubano con la emigración ha estado marcada por percepciones binarias. En un principio se trató de funcionarios batistianos, burgueses y clases medias que pudieron ser mostrados a la población insular como la negación histórica de la nación. Posteriormente abarcó a partes significativas de lo que se entendería como “pueblo”, pero de su parte “enferma”: homosexuales, religiosos, desviados, consumistas. Y en consecuencia, los migrantes fueron asumidos desde el discurso político como la antítesis de la ingeniería social revolucionaria. Si esta se propuso edificar al hombre nuevo desde el reino de la virtud estoica, los migrantes fueron construidos ideológicamente desde el reino del pecado. El hombre nuevo era austero, colectivista, solidario y patriota, a diferencia del migrante, que era consumista, individualista, egoísta y apátrida. Y como tal, era una criatura sin segunda oportunidad. “Gusanos”, escorias, vendepatrias fueron, entre otros, algunos de los epítetos endilgados a aquellos cubanos que decidían realizar su existencia fuera de la isla. Fueron un ingrediente imprescindible para justificar al régimen autoritario que gobernaba la fortaleza sitiada.

Si la historia de cualquier flujo migratorio arrastra consigo una estela de desgarramientos, a la cubana habría que agregar toda la hostilidad de un Estado. Por muchas décadas, los potenciales migrantes solo pudieron abandonar el país tras una tediosa gestión de permisos y autorizaciones, costosos y denigrantes moralmente. Perdían todas sus propiedades, muebles e inmuebles, a excepción de los objetos de uso personal; eran despedidos de sus trabajos, y en ocasiones obligados a realizar faenas agrícolas y fabriles en condiciones duras. En determinadas épocas eran acosados por grupos progubernamentales con recurrencia frecuente a la violencia física. Cuando salían del país lo hacían “definitivamente”, y en consecuencia no podían regresar a vivir en la tierra en que nacieron, donde, por lo demás, perdían todos los derechos ciudadanos. Cuando los migrantes habían abandonado el país de manera irregular —por ejemplo en balsas o aprovechando una salida autorizada para otro fin—, no podían regresar, lo que ha reportado una secuela impresionante de tragedias familiares. En cualquier caso, eran obligados a pagar sumas astronómicas de dinero por los servicios consulares y permisos migratorios absurdos.

Los años noventa —con su brutal crisis y el final de los fuertes subsidios soviéticos— pusieron sobre la mesa otras variables que permearon los enfoques hacia la emigración. La primera de ellas fue el rol económico de la emigración en su forma más primaria: como remesadora y pagadora de servicios. Los cubanos emigrados se convirtieron en un pivote clave del depauperado consumo popular y del funcionamiento de la red de tiendas estatales que llevaban el sintomático apellido de “recaudadoras de divisas”. De igual manera, la intensificación de los contactos convirtió los servicios consulares (entre los más caros del mundo) en uno de los negocios más lucrativos que pudieron imaginar los burócratas estatales. En términos grecolatinos, de señor absoluto, Marte pasó a compartir regencia con Mercurio. El Estado dejó de ser guardián estrictamente para devenir un Estado proxeneta. El gracejo popular dio cuenta a su manera de la transición, de “gusanos” a mariposas multicolores, de tra-i-dores a trae-dó-lares.

A partir de este momento, el discurso oficial cubano, aunque mantuvo su enfoque estigmatizador hacia los sectores oposicionistas emigrados de cualquier naturaleza (radicales o moderados, derechistas o izquierdistas, todos imprescindibles para el discurso polarizador), tuvo que abrir espacio a otras percepciones. Y en particular tuvo que dar cuenta de una emigración sin grandes motivaciones políticas (al menos de esa política extenuante y tediosa que habían conocido en Cuba), más interesada en aprovechar su condición nacional que en intentar un derrocamiento del régimen, y que en muchos sentidos se parecía a cualquier otra emigración latinoamericana. A esta gran masa de migrantes se endilgó el apellido de “económica”, como si fuera posible separar economía y política, más aún en Cuba, donde ambas conviven en un íntimo abrazo. Estos son el millar de apaleados por los aguerridos policías nicaragüenses, los ocho millares que han estado varados en Costa Rica y los 40 mil que esperan algún turno en Ecuador.

En el extremo opuesto de las bestias pardas fue identificado un sector de emigrados “respetuosos y patriotas”. Se trató de una franja minoritaria que sociológicamente incluye a emigrados que mantienen intereses en Cuba —la mayoría posee un estatus migratorio privilegiado—, proporcionalmente más frecuentes en países diferentes a Estados Unidos. Estos apoyan fundamentalmente a la clase política cubana y siguen sus directivas. Son los invitados regulares a las reuniones que el Gobierno cubano dice sostener con los emigrados.

Esta franja aquiescente tiene una relevancia política que trasciende con mucho la realidad de sus menguados efectivos. Constituye una fuerza de choque para mostrar a sus sociedades respectivas las agendas del Gobierno cubano en temas icónicos como el bloqueo/embargo, y otros más puntuales referidos a políticas o campañas en curso. Y en este sentido actúan, en coordinación con las embajadas, como lobbies de bajo costo del Gobierno cubano. Pero más allá de esta función utilitaria, los emigrados patriotas y respetuosos tienen otra función: son objeto explícito de un discurso que los toma como pretexto para interpelar a otros, a la gran masa de emigrados remesadores. Les indica cuál es el lado correcto de la vida si se quiere continuar accediendo a la familia, a los amigos y a los lugares en la isla que dejaron atrás.

Los acercamientos entre esta franja procastrista y el Gobierno cubano se han ido fraguando en diferentes “conferencias de la nación y la emigración” que han tenido lugar desde 1993, con mayores o menores concurrencias. Se ha tratado de reuniones convocadas unilateralmente por el Gobierno cubano —que decidía agenda y comensales—, y guardaban una distancia medular entre una “nación” cuya representación el Gobierno asumía y una “emigración” que “en su totalidad” era remitida a un puñado de partisanos. Ni siquiera existía un sentido posesivo en el binomio: la migración no era parte de la nación, sino solo su vecina.

Las convocatorias de las reuniones han sido notablemente sinceras respecto a sus alcances: dialogar con las personas que “[…] se pronuncian por el respeto a la soberanía nacional, auspician la normalización de las relaciones y son solidarias con nuestro pueblo”. De manera que los participantes tenían que aceptar la agenda gubernamental cubana en el diferendo con los Estados Unidos, lo que iba desde metas mayores hasta aspectos puntuales que el Gobierno consideraba relevantes. Y al mismo tiempo, estaban obligados a reducir sus preocupaciones a temas gremiales, sin tocar la situación política de la isla.

Se podía discutir, por ejemplo, sobre los precios de un servicio consular o sobre los lapsos de tiempo que un cubano emigrado podía permanecer en la isla de visita, pero nunca sobre la expropiación de derechos ciudadanos que padecen los migrantes, la doble ciudadanía o el tema de los derechos humanos en la isla. No faltaron arranques de sinceridad por parte de los organizadores de las reuniones: “No hay posibilidades —decía un documento oficial— para manipulaciones políticas ni espacio para las aspiraciones de intervenir en asuntos que, por naturaleza, conciernen únicamente a quienes viven, trabajan y luchan en la patria”. Es decir, el viejo adagio de la ciudadanía como militancia política.

Resultaba una extraña calistenia que otorgaba el estatus de dialogante solo a los migrantes que reconocieran que no tenían derecho alguno en la isla. Un acercamiento que, paradójicamente, solo podía realizarse en el extrañamiento.

El reto de la transnacionalidad

Cuando en 2012 se anunció una reforma migratoria en Cuba, muchos analistas creyeron que se estaba llegando a un final-de-la-historia. Y efectivamente, en la nueva ley de 2013 hubo innovaciones que contribuyeron a hacer más fluidas las relaciones isla/migración, tales como la simplificación de los procesos para obtener los permisos para viajar y la extensión de estos a muchas más personas que antes, todo lo cual es positivo. Pero, en realidad, las medidas adoptadas solo dilataron la permisividad sin cambios sustanciales de calidad: los cubanos siguen sin disfrutar el libre tránsito, el Estado sigue reservándose el derecho a negar los permisos para viajar al exterior, los emigrados siguen despojados de todos sus derechos ciudadanos y todos continúan pagando precios exorbitantes por los servicios consulares y migratorios.

Este fue el límite reformista de la élite política cubana: realizar los cambios imprescindibles para aprovechar mejor los recursos de los emigrantes y quitar presión al sistema. En el primer sentido, reafirmó su posición como un Estado proxeneta que visualizaba el dinero de los emigrados como un ahorro externo propio. En el segundo, continuó apostando por exportar población descontenta, con los resultados sociales y demográficos conocidos, entre ellos particularmente uno: la isla se está despoblando y envejece de manera alarmante.

La realidad es mucho más compleja que la ley y que, por supuesto, la visión del futuro que tiene la élite octogenaria atrincherada en el Palacio de la Revolución. La sociedad cubana no puede ser entendida sin tomar en cuenta su carácter transnacional. Probablemente un 20% de su población reside fuera de la isla, y resulta el segmento más dinámico económica y demográficamente. Las dos comunidades cubanas tienen estrechas relaciones. En primer lugar, en los ámbitos familiares afectivos, que implican trasiego de remesas y viajes en ambas direcciones con los efectos culturales imaginados. Pero también aparecen otros circuitos de intercambios en la economía, como pudieran ser el ámbito del consumo cultural o la conocida incidencia del dinero de Miami en la proliferación de negocios en la isla. Y finalmente, lo que pudiera ser aún más llamativo, la configuración isomórfica de los campos políticos en Cuba. Todas las tendencias que se desplazan por el tablado político insular (oficialistas, opositores, críticos sistémicos) tienen o buscan una contrapartida en la emigración, y en especial en los Estados Unidos. Cada una de estas relaciones debe incrementarse en el futuro, e incluso pudiera ser ingrediente activo de la conformación —un curioso retozo de Eros y Tánatos— de un complejo urbano transfronterizo entre La Habana y Miami.

Tanto la isla como la emigración tienen mucho que ganar en esta relación transnacional. En lo que a la isla se refiere, la emigración posee capitales de todas las dimensiones, experiencias culturales diferentes, entrenamientos profesionales de primer orden y otros atributos que bien gerenciados pudieran resultar pivotes para el despegue económico. Para la mayor parte de la comunidad emigrada, sería recuperar derechos, recuerdos, lugares y proyectos de vida que se fortalecen con la recurrencia a los orígenes. Pero es probable que ni la sociedad insular ni la comunidad emigrada puedan afrontar estos retos desde la perspectiva esencialista del Gobierno cubano —perfectamente correspondida por el sector derechista e intransigente de la emigración—, que remite los derechos ciudadanos a una condición de militancia política y restringe los accesos a quienes disienten o se oponen.

Lo sucedido en Centroamérica es un indicador de que la élite política marcha —también en este campo— a contrapelo de la historia.

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HAROLDO DILLA ALFONSO es sociólogo e historiador. Nació en Cuba y actualmente reside en Chile.

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