Martes, 25 Noviembre 2014
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Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Rafael García Aceves | | 03.11.2014 18:00 | 0 Comentarios

De acuerdo con la OCDE las economías desarrolladas gastan en promedio el 12% del PIB en compras públicas. En el caso de México, las compras públicas representan el 5% del PIB. Si consideramos que México es la onceava economía de mayor tamaño del mundo,1 el valor de estas compras supera los 800,000 millones de pesos.2

Para realizar una compra pública, los gobiernos en México deben apegarse a un conjunto de leyes y reglas que siguen una misma máxima: asegurar las mejores condiciones disponibles de compra para el Estado. Por ello, las adquisiciones públicas se realizan por regla general mediante una licitación pública.3 Sin embargo, también se prevé que por excepción se puedan realizar procesos de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa. Estas últimas son formas de comprar que tienden a ser menos competitivas pues restringen la participación a un número determinado de opciones.

En el portal de compras públicas del Gobierno federal —Compranet—, Transparencia Mexicana revisó cómo compraron en 2013 las 25 dependencias de gobierno, según el sitio web de Presidencia de la República.4 Del valor total de los procedimientos registrados por estas dependencias, 25% se adjudicó de forma directa, 20% por invitación a cuando menos tres personas y 55% por licitación pública.5 Es decir, 11 de cada 20 pesos gastados en contrataciones en 2013 se licitaron y 9 de cada 20 se aplicaron por alguna de las otras dos formas.

En los recuadros se presentan las tres dependencias que más y menos compraron por adjudicación directa o licitación pública.

Si bien un análisis a profundidad de las compras públicas en México requiere incluir un mayor número de variables e indicadores, este ejercicio nos permite ir identificando aquellas dependencias con porcentajes muy bajos de licitación pública o con porcentajes muy altos de adjudicación directa.

Captura de pantalla 2014-11-07 a la(s) 02.42.34 p.m. Captura de pantalla 2014-11-07 a la(s) 02.42.14 p.m.

1 CIA, Factbook, 2013.

2 OECD, “Size of Public Procurement Market 2008”, en Government at Glance, 2011.

3 El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala que “las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley”.

Gabinete, Presidencia de la República <http://www.presidencia.gob.mx/gabinete/>. Para fines del ejercicio se separa a la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP, ahora CNS) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Inteligencia de mercados, Compranet, 2013. Consultado el 25 de septiembre de 2014.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. RAFAEL GARCÍA ACEVES <@rafagaceves> es coordinador de proyectos en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Javier Berain | | 01.09.2014 00:00 | 0 Comentarios

La legislación secundaria para las reformas política, de telecomunicaciones y energética concluyó el lunes 11 de agosto mediante la convocatoria de cada cámara a tres periodos extraordinarios que permitieran concluir con el paquete de reformas “que México necesita”. La manera en la que se discutió y aprobó esta reglamentación abre interrogantes sobre las prácticas parlamentarias y la apertura del Congreso como espacio para la deliberación y el debate público.

Pese a su eficacia política, el Pacto por México fue duramente criticado por ser un acuerdo entre cúpulas, un acuerdo entre las élites dentro de los partidos políticos. La discusión de las leyes secundarias, pese a no estar enmarcada en el Pacto por México, siguió con la misma tónica. Para conseguir mayorías, las dirigencias de cuatro fuerzas políticas —PRI, PAN, Partido Verde y Partido Nueva Alianza— forjaron un nuevo pacto, esta vez al interior del Congreso, con el propósito de reducir el debate parlamentario e incrementar la eficacia política.

Una muestra cuestionable de este pacto fue la de reducir el diálogo parlamentario a su mínima expresión. En la discusión de la reforma política en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se presentaron 91 reservas a los dos dictámenes. Solo una de estas se admitió a discusión y 90 se desecharon en votación económica, es decir, levantando la mano y calculando más o menos mayorías. En el Senado se presentaron 29 reservas y todas se desecharon.

En la reglamentación en materia de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados, se presentaron 266 reservas al dictamen y ninguna fue discutida. Los senadores, por su parte, presentaron 380 reservas, de las cuales solo se aceptaron a discusión 25.

En la reglamentación de la reforma energética, los cuatro dictámenes originados en el Senado de la República y los tres dictámenes de la Cámara de Diputados generaron 2 mil 244 reservas presentadas en la primer cámara y 2 mil 892 en la segunda. Aunque la información es todavía limitada, se puede establecer que las reservas discutidas fueron muy pocas respecto de las reservas presentadas.1

Un primer análisis de estos procesos anuncia una conclusión dolorosa: los dictámenes se presentan y se votan tal como lo acuerdan las dirigencias partidistas. Todo proceso parlamentario contempla las posibilidad de modificar las propuestas de legislación. Sin embargo, el hecho de que solo 26 de las mil 235 reservas de las reformas política y de telecomunicaciones fueran aceptadas a discusión2 habla de un Congreso que responde débilmente a su vocación de debate. Resulta difícil aceptar que entre las 646 reservas presentadas en la reforma de telecomunicaciones solo el 3.8% (25 reservas) fuese digno de discusión.

El hecho de que un pacto previo, dentro o fuera del Congreso, en sesiones cerradas o en los pasillos, reduzca la posibilidad de enriquecer una iniciativa es una práctica que debe evitarse en los congresos en México. Para restaurar la débil confianza de los ciudadanos en sus representantes, es necesario que el Poder Legislativo se preserve como un espacio de interlocución y diálogo político. Las leyes en nuestro país no serán mejores por utilizar mecanismos extraordinarios para desahogar la agenda partidista; lo serán en la medida en la que se reconozcan disensos y se deliberen, con información y evidencia, en la arena pública. Urge una agenda para la apertura de los congresos, una agenda para que la discusión parlamentaria se haga a puertas abiertas. 

1 Al momento de cierre de este artículo faltan aún tres dictámenes por discutirse en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, por lo que el número de reservas referentes a la Reforma Energética aumentará.

2 Al momento del cierre de este artículo el Senado de la República y la Cámara de Diputados no han hecho públicos los respectivos diarios de los debates en los que se discutió la reforma energética, por lo que las reservas presentadas en ese rubro (5 mil 136) no se tomaron en cuenta para contabilizar reservas rechazadas y aceptadas.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  JAVIER BERAIN es coordinador de Vinculación en Arena Ciudadana. Ambas organizaciones impulsan el Parlamento Abierto en México.  Agradecemos a Lucía Petersen su colaboración en este artículo como asistente de investigación.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Paola Palacios | | 01.08.2014 00:00 | 0 Comentarios

Los programas sociales son un instrumento que tienen los gobiernos para combatir la pobreza y atender distintos problemas que afectan las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Mediante la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO)1 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Transparencia Mexicana, los gobiernos federal y de las entidades federativas han podido registrar voluntariamente los programas sociales que operan. Al finalizar 2013, 2,002 programas sociales fueron registrados.

De estos, 65% se concentra en tan solo 10 entidades federativas del país. Estas entidades son Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, sumando un total de 1,298 programas sociales. De esas entidades, solo Sinaloa y el Distrito Federal superan los 200 programas sociales vigentes, con 233 (11.64%) y 225 (11.24%) respectivamente. Entre los 200 y los 100 programas sociales vigentes están Guerrero (164), Tamaulipas (154), Jalisco (106) y Zacatecas (102). Luego se encuentran Baja California Sur (83), Veracruz (80), Nayarit (76) y Coahuila (75).

Si comparamos el número de programas sociales con el porcentaje de la población que vive en pobreza, de acuerdo a las mediciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en cada una de estas 10 entidades federativas es posible ver que no existe una relación directa entre el número de personas viviendo en pobreza y la existencia de programas sociales. Es decir, tener más o menos programas sociales no está relacionado con menores o mayores niveles de pobreza.

Un análisis sobre la eficiencia y eficacia de la oferta vigente de los programas sociales requiere de mayor profundidad para poder determinar cuáles deben de continuar, cambiar o desaparecer. Lo que importa en un país que enfrenta altos niveles de desigualdad y pobreza no es tener más o menos programas, sino tener los estrictamente necesarios para maximizar el uso de los recursos disponibles y dar mejores resultados.

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1 Es posible conocer la información de los programas sociales registrados por las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas consultando la plataforma electrónica de IPRO en <www.programassociales.org.mx>.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ  <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.

PAOLA PALACIOS  es coordinadora de la Unidad de Política Social de Transparencia Mexicana.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.03.2014 00:41 | 0 Comentarios

Algo singular ocurrió con la migración entre México y Estados Unidos (EU) en la primera década de este siglo. Algo que no había ocurrido durante al menos los 30 años previos. Entre 2005 y 2010, 1.4 millones de mexicanos migraron a EU, solo la mitad de los que cruzaron la frontera norte entre 1995 y 2000. Al mismo tiempo, entre 2005 y 2010, el número de mexicanos que regresaron de EU a México fue, también, de 1.4 millones, es decir, el doble que en el último lustro de la década previa.1 En otras palabras, la migración neta entre México y EU no solo fue cercana a cero sino quizá hubo un mayor flujo migratorio de EU a nuestro país.

Esa migración de retorno a México tiene un perfil peculiar. Se estima que 70% son trabajadores migrantes de retorno y el resto, poco más de 400 mil, son sus familiares, sobre todo hijos, nacidos en EU. Es decir, aun teniendo la nacionalidad estadounidense, casi medio millón de personas, en su mayoría jóvenes nacidos de mexicanos migrantes, decidieron regresar al país de origen de sus padres.

La relevancia y magnitud del cambio en la dinámica del flujo migratorio entre México y eu en la pasada década motivó que la organización MATT (Mexicans and Americans Thinking Together) realizara un estudio exploratorio2 para conocer con mayor detalle los rasgos, motivaciones y causas de la migración de retorno a México. A partir de entrevistas a profundidad realizadas a 600 personas residentes en Jalisco (Guadalajara, Los Altos y Lagos de Moreno), entidad con el mayor volumen de población migrante de retorno de eu, el estudio permite responder, entre otras, las siguientes preguntas:

 

• ¿Quiénes son los migrantes que regresan a México? El 77% de los mexicanos migrantes de retorno que participaron en el estudio fueron indocumentados en EU y trabajaron en empleos de baja remuneración. Tres de cada cinco (58.9%) vivieron en EU de 1 a 5 años y 17% de 5 a 10 años. Las habilidades y experiencia que adquirieron en EU fueron mínimas, incluyendo un limitado aprendizaje del inglés: 43% no sabe leer inglés y 47% no sabe escribirlo. Los pocos que adquirieron alguna certificación de habilidades en EU (8%) no perciben que les haya sido de valor (financiero o profesional) al regresar a México y aproximadamente uno de cada cuatro (28.4%) utiliza las habilidades adquiridas en EU.

• ¿Por qué regresan los mexicanos de EU?  La recesión en EU y la política migratoria son dos de las principales causas que han motivado el regreso de los migrantes a México. Aunque 47% de los entrevistados en el estudio consideró que su calidad de vida mejoró considerablemente en EU (36% dice que mejoró “algo”), 89% afirmó haber regresado por voluntad propia. Si bien los motivos de retorno son diversos, entre las principales razones para regresar a México se encuentran la familia (37%) y la nostalgia (29%). Solo 11% regresó por haber sido deportado.

• ¿Qué hacen y cómo les va en México cuando regresan? Al regresar a México, la mayoría de los migrantes tiene un nivel de ingreso solo marginalmente superior que el que tenía antes de irse a EU. Poco más de la mitad de los entrevistados en el estudio afirman que su situación económica es mejor de regreso en México que cuando se fueron a EU. Sin embargo, 53% de la población entrevistada sigue ganando menos de 500 pesos al mes. Destaca la adquisición de bienes luego de regresar de EU: por ejemplo, quienes tienen casa propia pasaron de 15% antes de migrar a 54% al regresar a México. Mientras que 1% se considera empresario al volver al país (tres veces más que antes de irse a EU), aumenta la proporción de los que se dedican al autoempleo y los que trabajan en el sector formal de la economía.

• El regreso a México, ¿pasajero o definitivo? Más de la mitad de los participantes del estudio (53%) desea permanecer en México de forma definitiva y 30% dice que sí regresará a EU. Ello contrasta con el hecho de que esta población reporta haber recibido muy limitado apoyo institucional al momento de regresar a México: solo 2% lo recibió y 60% no tuvo acceso a ningún tipo de información que le facilitara su retorno, lo que dificultó su readaptación en el país. Como sucede en otros ámbitos de la vida pública, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, para los migrantes de retorno la familia es la principal red de apoyo en su decisión y transición de regreso al país.

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1 Jeffrey S. Passel, et ál., “Net Migration from Mexico Falls to Zero—and Perhaps Less”, Pew Hispanic Center, 2012 <http://bit.ly/LJZClS>.

2 MATT, The US/Mexico Cycle. The End of an Era, 2014 <www.matt.org>.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.02.2014 00:33 | 1 Comentario

A los empresarios que concibieron e impulsaron la filantropía moderna en el siglo XX los movía una preocupación común: el Gobierno no siempre es el instrumento más efectivo para cubrir las necesidades de la población. Por eso, en medio de la Gran Recesión norteamericana, los impulsores de la filantropía en Estados Unidos decidieron crear fundaciones para echar a andar hospitales, centros comunitarios o escuelas. Con los años, los donativos a esas instituciones se convertirían en deducibles de impuestos bajo una premisa simple: si una parte de los ingresos de una familia o una empresa es destinada al bien común, puede equipararse con la inversión social que realizamos a través de los impuestos. El ciudadano o el empresario decide invertir socialmente sus recursos en una organización que, desde su perspectiva, cumple mejor el propósito de construir bienestar social. El ciudadano o la empresa que invierte filantrópicamente escoge una prioridad social en la que prefiere que su donación se utilice.

Los gobiernos entendieron rápidamente que si cada contribuyente elegía su causa, empresas y ciudadanos solo invertirían en aquellos temas que consideraban importantes. Y hay muchas causas que, atractivas o no, son parte de los derechos constitucionales de los ciudadanos de un país. Por ello, las donaciones se limitaron a un porcentaje del ingreso de las empresas o las personas. Pese a que todos los sistemas fiscales restringen las donaciones a una fracción del ingreso, en los últimos años los gobiernos han ido cambiando su concepción sobre la filantropía y la sociedad civil. En un número cada vez mayor de países, los sistemas de cuentas nacionales de la sociedad civil (el conjunto de las asociaciones sin fines de lucro) registran el aporte de las organizaciones no lucrativas a la riqueza nacional. El hecho de que una organización no lucrativa no distribuya utilidades entre sus asociados no significa que no sea un motor del empleo o la riqueza de un país. De ahí que sea tan importante entender lo que las organizaciones de la sociedad civil aportan. De acuerdo con un estudio de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, en los Países Bajos una de cada seis personas económicamente activas se ubica en la sociedad civil. En contraste, solo uno de cada 200 mexicanos económicamente activos se encuentra en la sociedad civil.

Inmersos en la discusión sobre la reforma fiscal a finales de 2013, los mexicanos hemos prestado mucha atención al tema de los impuestos a la comida de nuestras mascotas, al IVA en colegiaturas o a los llamados impuestos “contra la obesidad”, pero hemos reparado poco en cómo es que equiparar las donaciones a las deducciones fiscales restará ímpetu a un sector que cada vez genera más valor social en el mundo. Además de los beneficios que las instituciones no lucrativas pueden tener en la comunidad, o de la importancia de participar activamente en resolver los problemas de una comunidad, las donaciones son inversiones en un sector cada vez más productivo, medido por su contribución a la riqueza nacional.

Entre los 15 países que estudia sistemáticamente la Universidad Johns Hopkins, el empleo generado por las organizaciones no lucrativas —incluyendo voluntarios— ha  rebasado ya al empleo generado por la industria del transporte, la hotelería o el sector de la intermediación financiera. En términos del PIB, este sector representa 4.5%. En Estados Unidos, por ejemplo, representa 6.6% de su PIB, y en México es ya equivalente a 2.2%. México requiere activar todos los sectores productivos en el ánimo de generar empleo y bienestar social. Las organizaciones no lucrativas pueden contribuir a ese propósito, combinando ambos objetivos.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.11.2013 00:52 | 0 Comentarios

Los impuestos son muchas cosas: fuente de recursos gubernamentales, instrumento de autoridad, herramienta de distribución y redistribución de la riqueza, expresión de un pacto social. También, los impuestos pueden ser vistos como el reflejo del compromiso de individuos, empresas y organizaciones de un país con la sociedad a la que pertenecen (asumiendo, por supuesto, que los ingresos tributarios se usan en beneficio de dicha sociedad), es decir, pueden ser percibidos, justificados acaso, como una manifestación de la reciprocidad y solidaridad presentes en un cuerpo social, la contribución que cada quien hace, de acuerdo a sus posibilidades, para el bienestar colectivo. Esta última apreciación respecto del pago de impuestos podría ser especialmente valorada en sociedades desiguales, donde el Estado cumple una función redistributiva de la riqueza individual a favor del progreso social.

De ser válida la vinculación entre solidaridad/reciprocidad social e impuestos, ¿es posible observar empíricamente su asociación? Sí es posible: la correlación entre los porcentajes de impuesto al ingreso salarial y los niveles de confianza interpersonal arrojan luz sobre esta pregunta. El ejercicio muestra que en general, y sin indicar ningún tipo de relación causal, a mayor porcentaje de impuesto al salario en un país es más alto el porcentaje de personas que tienen altos niveles de confianza en otros; además, la correlación entre las variables es alta (R2 de 0.48). Es decir, ahí donde se cobran porcentajes de impuesto al ingreso salarial más altos también se encuentra que la gente confía más en las personas. Como ilustración, en países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia se cobran altas tasas de impuestos al salario (entre 36.2 y 17.9%) y en ellos más de 80% de las personas afirman que se puede confiar mucho en la gente. Con 8.1% de impuesto al ingreso y 26.1% de la población con altos niveles de confianza, México se ubica en los últimos lugares dentro los países de la OCDE analizados aquí (29 en total): lugar 24 en porcentaje de impuestos al ingreso salarial y 27 en confianza interpersonal.

Una correlación similar, e incluso un poco más estrecha (R2 de 0.54), se aprecia entre el gasto social gubernamental per cápita y el grado de confianza interpersonal —otra forma de acercarse a comprender el pacto social fiscal presente en un país. Parecería que si los impuestos son importantes en términos de su vinculación con mayores niveles de confianza entre las personas, igualmente lo es, y aún más, el volumen del gasto social de los Gobiernos (uno de los componentes de la calidad del gasto). De nuevo, los países escandinavos y Bélgica muestran los niveles más altos de gasto social gubernamental per cápita (entre 12 mil 700 y 10 mil 500 dólares). De los países analizados, México es el que registra el nivel de gasto social por persona más bajo (mil 200 dólares).

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.10.2013 00:11 | 0 Comentarios

En la industria global de los hidrocarburos existe un actor central que determina los procesos, tiempos e impactos de la explotación y aprovechamiento del petróleo y gas que mueven al mundo: las compañías petroleras. Como en muchos otros temas, a pesar de que la dinámica económica de la industria es global, una mayoría de estos actores centrales están fuertemente ligados a las naciones donde se extraen los recursos energéticos. Más aún, están estrechamente vinculados a los Gobiernos.

Dos indicadores pueden ayudar a tener, en términos generales, una idea de los atributos de estas empresas: su capacidad productiva, medida en el número de barriles de petróleo y gas producidos al día, y su productividad por empleado. Este segundo indicador tiene sin duda sus limitaciones: el tipo de empleados, sus capacidades, el grado de tecnificación de los procesos de producción de las empresas, la contratación laboral de las empresas como parte de una política de empleo nacional, entre otros factores, pueden ser muy diferentes entre las compañías. No obstante, la capacidad de producción de hidrocarburos por empleado es una forma de aproximarse a los niveles de eficiencia de estos titanes empresariales.

De las 25 compañías con mayor producción de petróleo y gas en el mundo, 15 son propiedad gubernamental, ocho son privadas y solo dos son de tipo mixto, con participación mayoritaria del Gobierno. Al pensar en petróleo y gas, la atención suele ubicarse en los países árabes, pero las cifras también sugieren que las empresas de origen ruso ejercen una influencia clave en la industria global de hidrocarburos. No solo Gazprom es la segunda empresa con mayor producción de petróleo y gas, otras dos empresas rusas (Lukoil y Rosneft) se encuentran entre las 25 grandes del mundo en la industria. Según información de Forbes, fuente para este material, Pemex ocupa la posición ocho en el ranking de las compañías con mayor producción de petróleo y gas.

Las compañías de mayor productividad (producción total por empleado) son: Saudi Aramco, Kuwait Petroleum Co., National Iranian Oil Co., Abu Dhabi National Oil Co. (de Emiratos Árabes Unidos) y ConocoPhillips. Con excepción de esta última, que es de propiedad privada, el resto son empresas estatales. Por su parte, las compañías de menor productividad petrolera y de gas por empleado son: Sinopec y PetroChina, Petróleos de Venezuela, y Rosneft y Lukoil (ambas de origen ruso). Todas estas empresas son estatales, salvo Lukoil, que es de participación mixta. Statoil es la única de las dos empresas de participación mixta incluidas en la lista que tiene un alto nivel de productividad por empledo (6o lugar). Pemex, con una productividad de 23.9 barriles diarios de petróleo y gas por empleado, se ubica en el lugar 18 (de 23 empresas para las cuales fue posible identificar información sobre número de empleados), solo por arriba de Lukoil, y es la sexta con el nivel de productividad más bajo.

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Notas: Fortune afirma que Sinopec China es el productor de petróleo y gas más grande de ese país, pero Forbes la ubica con una producción muy inferior a la de PetroChina. Mantenemos la fuente de Forbes porque todos los datos de producción son de esa publicación. Toda la información de número de empleados es de 2013, con excepción del número de: National Iranian Oil Co. (2011), Sonatrach (2010), Petróleos de Venezuela (2011) y Nigerian National Petroleum (2009). fuentes: Ch. Helman, “The World’s Biggest Oil Companies”, en Forbes, 2012 <http://onforb.es/1eV3g7m>; S. DeCarlo (ed.), “Global 2000 Leading Companies”, en Forbes, 2013 <www.forbes.com/global2000/>. Fuentes para el número de empleados: Arabia Saudita ; Irán y Kuwait (S. Dutta, The Top Oil & Gas Companies in the World, 2013, www.oilandgas.com); Abu Dhabi National Oil Co. ; Petróleos de Venezuela (E. Tovar, “Cae productividad en Pdvsa mientras aumenta la nómina”, El Universal, 4 de junio de 2012 <http://bit.ly/14cUs8i>; Nigerian National Petroleum Corp. ; y Petronas (“The 500 Largest Corporations in The World”, en Fortune Global 500, http://money.cnn.com/global500).

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.09.2013 01:00 | 0 Comentarios

El caudal de cifras, números y mediciones sobre la pobreza y el bienestar en México es ya tan grande y tan debatido, al menos en algunos espacios, que a veces se pierde de vista que la medición consistente y rigurosa, pero sobre todo oficial (gubernamental), de la pobreza es relativamente reciente. Cifras oficiales sobre la pobreza, comparables en el tiempo, solo se tienen desde hace dos décadas: sabemos cuántos y qué proporción de pobres por ingresos hay en México desde 1992 (insistimos, comparables a lo largo del tiempo gracias a una misma metodología). Parece poco y sin embargo es suficiente para analizar qué ha sucedido en materia de pobreza en las pasadas dos décadas, en las que hemos atestiguado un cambio de siglo, dos crisis económicas y tres administraciones federales, entre otros procesos colectivos nacionales. A continuación algunas anotaciones:

1.    Con sus altas y bajas, la proporción de pobres en el país es esencialmente la misma en 2012 que hace 20 años: en 1992 se registró 53.1% de pobres en todo el país, mientras que en 2012 hubo 52.3%. Pero, dado que la población total ha crecido en estos años, los números absolutos son muy diferentes: en 2012 había poco más de 61 millones de pobres, 15.2 millones más que en 1992. Las tendencias son similares para la pobreza de capacidades y la alimentaria.

2.    Las crisis económicas han afectado severamente la incidencia de pobreza en el país, pero la profundidad de este impacto ha sido muy diferente si se comparan las dos crisis más severas que ha vivido el país en décadas recientes, la de 1994-95 y la de 2008. Con motivo de la crisis de mediados de los noventa, la pobreza en el país aumentó en alrededor de 16 puntos porcentuales y tan solo de un año al otro, mientras que la crisis de 2008 parece haber tenido hasta el momento un efecto menos inmediato y pronunciado. No obstante, la recuperación de la crisis de 1994-95 comenzó a mostrar sus efectos en una paulatina pero sostenida reducción de los porcentajes de pobreza en los años subsecuentes, lo cual no puede decirse de la crisis de 2008, ya que en los años posteriores a esta los niveles de pobreza se han mantenido luego de su incremento a raíz de la crisis.

3.    La incorporación de nuevas mediciones de pobreza, como la de vulnerabilidad por carencias sociales (que registra seis diferentes carencias, asociadas a derechos sociales), ofrece una perspectiva distinta sobre la privación social en el país. Aunque no hay cifras históricas tan largas como para la pobreza de ingresos, hoy sabemos que un tercio de la población es vulnerable por enfrentar carencias sociales (educativas, de salud, alimenticias y de acceso a vivienda y seguridad social), y aunque la proporción se ha reducido entre 2008 y 2012, este cambio es marginal (la población en esta situación pasó de 32.2 a 28.5%), aunque no lo parece tanto en números absolutos: de 36 a 33.4 millones de personas entre esos años.

4.    Por último, las cifras indican que la población que tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y que no tiene carencias de ningún tipo, es decir, quienes no son ni pobres ni vulnerables, equivale a una quinta parte de los mexicanos: 19.9% o 23.3 millones de personas en 2012. Esto representa casi la misma proporción que en 2008, pero un aumento importante de 2.4 millones de personas ni pobres ni vulnerables entre esos años.

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Nota: Pobreza alimentaria: insuficiencia de ingreso disponible del hogar para adquirir la canasta básica alimentaria. Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible del hogar para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación. Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible del hogar para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte. Población vulnerable por carencias: personas que no presentan al menos una de las seis carencias sociales consideradas, asociados a un conjunto de derechos, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. Las carencias consideradas son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Fuente: Elaboración propia con base en: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013), Anexo estadístico de pobreza 2010-2012 <http://bit.ly/16Z7nJL>.

eduardo bohórquez <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  roberto castellanos <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.08.2013 01:00 | 0 Comentarios

La crisis financiera y económica global que detonó en 2008 ha provocado un extendido periodo de bajo crecimiento económico y empleo en buena parte de los países más desarrollados del mundo. También conocido como la Gran Recesión, este periodo aún no ha concluido del todo. Aunque las economías más industrializadas se encuentran entre las más afectadas, las emergentes y otras menos desarrolladas no han escapado a los efectos de la crisis. La interdependencia económica y financiera hace casi imposible aislarse de los efectos de las recesiones y crisis globales.

El efecto de la crisis de 2008 en la distribución del ingreso era esperable. Qué tanto afectaría los niveles de desigualdad y con qué intensidad, era algo menos claro. En meses recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado los efectos de esta crisis en la desigualdad y la pobreza entre las economías que integran ese organismo. La conclusión general del análisis de la OCDE es que la desigualdad y la concentración del ingreso en el mundo han seguido su marcha, aunque los efectos han variado de país a país. En la mayoría de las 17 economías de la OCDE para las cuales existe información sobre ingreso por un periodo amplio (México no es una de ellas), la desigualdad aumentó más entre 2007 y 2010 que entre 1995 y 2007. En Italia, por ejemplo, la desigualdad entre 1995 y 2007 aumentó en 3% mientras que entre 2007 y 2010 lo hizo en 5.1%. Quizá dos de los casos más pronunciados de aumento en la desigualdad son España e Irlanda, donde se registró un incremento en la desigualdad de 13% entre 2007 y 2010.

La crisis ha afectado más a los pobres, jóvenes y niños, sectores de población especialmente vulnerables a la inestabilidad económica. Luego de la crisis, entre 2007 y 2010, el ingreso disponible promedio del 10% de la población más pobre que integra los países de la OCDE (33 naciones) se redujo en más del doble (1.9%) que el ingreso del 10% de la población más rica (0.8%). En el caso de México, el ingreso del decil (10% de la población) más pobre se redujo en 9.4%, mientras que el ingreso del decil más rico se redujo en 7.5%. La mayor afectación de la crisis a la población de menores ingresos ocasionó que la brecha entre las poblaciones de mayores y menores ingresos se ampliara: en 2010, el 10% de la población más rica tiene un ingreso 29 veces superior al del 10% de la población más pobre del país, lo que hace de México la nación más desigual de las que integran la OCDE —junto con Chile.

Entre los países más afectados por la Gran Recesión, las transferencias gubernamentales y la política fiscal ayudaron a compensar las pérdidas de ingreso derivadas de la crisis, con la única excepción de México, según la OCDE, donde las transferencias hicieron poca o ninguna diferencia. Este resultado exige revisar los alcances redistributivos de los programas de transferencias públicas en México (como ya lo han hecho otros estudios en el país) y enfatizar la importancia de la reforma fiscal, en ciernes, desde una perspectiva redistributiva, dadas las condiciones de desigualdad que prevalecen aún en México, el país más desigual, junto con Chile, de los que integran la OCDE.

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Foro de Indicadores | Roberto Castellanos y Eduardo Bohórquez | | 01.07.2013 00:15 | 0 Comentarios

El año 2000 fue un hito en la agenda global del desarrollo. La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos en aquel año definieron para la siguiente década buena parte de los debates y de los esfuerzos internacionales para alcanzar ocho metas puntuales para el año 2015: desde la reducción de la pobreza, el acceso universal a la educación primaria, el combate al VIH/SIDA y la igualdad de género. Aunque el balance final sobre el cumplimiento de las metas deberá aguardar un par de años más se sabe que mientras algunos países ya han cumplido, otros tendrán que hacer grandes esfuerzos para cumplirlos.

¿Qué vendrá después de los ODM, cuando llegue el 2015? Como era de esperarse, la historia no concluye ahí. La fuerza con la que los ODM y su batería de metas e indicadores puntuales y (relativamente) sencillos aglutinaron un amplio esfuerzo global por acabar con la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de personas, se buscará renovar para los siguientes lustros. En julio de 2012 se conformó un Panel de Alto Nivel para comenzar a definir la agenda del desarrollo post 2015. En mayo pasado presentó su reporte, el cual se prevé que establezca los elementos básicos para lo que viene: un debate mundial que permita definir los nuevos objetivos, metas nacionales e indicadores del desarrollo.

¿Qué propuso el Panel de Alto Nivel Post 2015? Primero, han establecido cinco “cambios transformativos” en los que se debe basar la nueva agenda del desarrollo, sus objetivos, metas e indicadores. Se trata de un conjunto de vectores o ejes de trabajo: (1) que nadie se quede rezagado del desarrollo, lo que significa que si bien la agenda es universal, los excluidos, en cualquiera de sus formas, deben ser especialmente considerados; (2) el desarrollo sustentable en el centro; (3) transformar las economías para que generen empleo y crecimiento inclusivo; (4) construir la paz e instituciones efectivas, abiertas y que rindan cuentas, lo que significa reconocer que la paz y el buen gobierno son elementos centrales del bienestar, y (5) forjar una nueva alianza global a favor del desarrollo que incorpore no solo a los gobiernos sino a todos los actores del desarrollo.

Respecto de los nuevos objetivos propuestos, de los ocho ODM originales del año 2000, se mantienen algunos y se redefinen otros. La erradicación de la pobreza y la equidad de género se mantienen como objetivos. Entre lo nuevo, destaca la incorporación del buen gobierno y las instituciones, del acceso al agua, de la educación de calidad, de las fuentes de energía sustentables y del empleo como elementos claves del desarrollo.

Se definen 54 indicadores específicos con ejemplos sobre posibles metas nacionales y, algo importante, se ofrece evidencia de por qué cada uno de los objetivos debería ser incluido. Se extraña un mayor reconocimiento sobre las desigualdades (económicas y de otro tipo), la importancia para la paz y estabilidad de la cohesión a nivel de comunidades y quizá también una mayor discusión sobre conceptos de horizonte amplio como el bienestar y la forma en que las personas la experimentan. Los próximos dos años serán de una intensa y (esperemos) extendida discusión sobre nuestra visión y misión colectivas como humanidad, encapsulada en una nueva edición de los ODM.

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Fuente: Elaboración propia con base en: Naciones Unidas, A New Global Partnership: Erradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development, Reporte del Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda del Desarrollo Post 2015, Nueva York, Estados Unidos, 2013.

 

EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.06.2013 12:00 | 0 Comentarios

Dista de ser una regla, pero suele ocurrir que mientras más consenso generan algunos problemas públicos, más se escapan los matices que pueden mejorar su comprensión y quizá su posible solución. Ocurre en especial con aquellos problemas que más indignación social generan, aquellos que sentimos que no pueden esperar: la trata, la pobreza extrema, la prostitución infantil, el hambre. El inconveniente es que la indignación, el sentido de urgencia, no (siempre) sustituyen la comprensión detenida del problema para lograr una acción más eficaz.

La Cruzada contra el Hambre, estrategia (¿o será programa?) articuladora de buena parte de los esfuerzos de desarrollo social de la actual administración federal, debería considerar el carácter multidimensional —esa palabra terca y aburrida— de  las causas del hambre. El hambre y la desnutrición son mucho más que la falta de alimentos o de nutrimentos suficientes. Son el resultado de una larga cadena de hechos, decisiones y procesos, individuales y colectivos. El hambre y la desnutrición están asociadas con la seguridad alimentaria, la producción, la distribución y la disponibilidad de alimentos de calidad a un precio adecuado; el acceso a servicios de salud y políticas de atención a la desnutrición; la existencia de políticas agropecuarias y agrícolas que garanticen la producción de alimentos; el establecimiento de leyes que ofrezcan instrumentos institucionales de coordinación y definan responsabilidades; las relaciones y acuerdos comerciales que influyen en los precios internacionales de alimentos básicos; sucesos naturales, como sequías, inundaciones o epidemias, que encarecen los alimentos. Incluso, tal como Amartya Sen lo afirmó y probó, el hambre extrema es un problema de democracia, de ausencia de ejercicio de libertades y de voz de quienes no tienen lo básico para vivir: comida.

¿Cuáles de todos estos aspectos atenderá la Cruzada contra el Hambre? Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la lucha contra el hambre se encuadra en el ejercicio de los derechos sociales, en el acceso a alimentos y en la capacidad del sector agropecuario y pesquero del país para producirlos. La inseguridad alimentaria será el indicador a seguir para monitorear los avances. Habrá que esperar el Programa Nacional México sin Hambre, más adelante en el año, para conocer más a detalle la orientación del que será quizás el principal programa social de la administración federal actual.

En este contexto, será útil revisar y dar seguimiento a algunos indicadores internacionales sobre hambre y desnutrición. Entre ellos destacan tres: el Índice Global del Hambre, del International Food Policy Research Institute (IFPRI); el Índice de Compromiso con el Hambre y la Nutrición, (HANCI, por sus siglas en inglés), del Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, y el Índice Global de Seguridad Alimentaria, de la Economist Intelligence Unit de la publicación británica The Economist. De estos, solo el segundo no incluye a México, pero los indicadores que emplea pueden ser una herramienta replicable para dar seguimiento a lo que sucede en el país.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

Foro de Indicadores | Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos | | 01.05.2013 12:00 | 1 Comentario

¿De qué somos legítimos propietarios? Somos dueños de nuestra casa, de nuestro auto, de nuestro calzado. Dado que hemos pagado un precio por hacernos de ellos, sentimos que somos dueños de objetos y productos y que podemos hacer con ellos lo que nos plazca. Si quiero dejar mi automóvil parado, sin mantenimiento, sin batería, sin limpieza, puedo hacerlo. Pero también puedo ser el propietario de la limpieza obsesiva, escrupulosa, que me lleva a levantarme cada mañana a pulir la pintura de mi auto. La propiedad provee esa extraña sensación de libertad y poder a la que Richard Pipes ha dedicado muchos libros, en particular el extraordinario Propiedad y libertad, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

En el siglo XXI, la propiedad privada como la entendemos cambiará significativamente. En los próximos años la idea de poseer irá perdiendo fuerza simbólica —no económica— para dar lugar a una palabra latina de estructura compleja, pero indispensable en los nuevos tiempos: usufructuar. Incluso cuesta trabajo escribirla. Es más sencillo poseer o adueñarse.

Nos resultan palabras más familiares. Usufructuar evoca concesiones, licitaciones, actos de gobierno. En la práctica, sin embargo, significará mucho más.

Usufructuar es el derecho a disfrutar bienes, propios y ajenos, con la obligación de conservarlos. Pieza central del consumo colaborativo, el usufructo permite a una persona o grupo aprovechar al máximo los beneficios de un bien aunque no sea su dueño, retribuyendo tanto a quien lo usa como a su propietario. Se trata de bienes de club, pero con costos de entrada —de uso— relativamente bajos y con un claro sentido de interés público y beneficio colectivo, incluso más allá de quienes tienen acceso al bien.

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Un ejemplo que despunta entre tantos es el de Ecobici (@ecobici). Además de ser una de las estrategias políticas más exitosas en la historia de las ciudades (en cada una de estas puede haber variantes o proveedores diferentes), Ecobici ilustra perfectamente el concepto de consumo colaborativo y la naturaleza del usufructo. Ecobici es un sistema público de transporte individualizado donde cada uno de los usuarios “renta” anualmente su derecho a usufructuar un bien. No soy dueño de la bicicleta, pero esta depende de mi capacidad de conservación para que el sistema funcione. A diferencia de un taxi, no recibo un servicio de un particular, sino que usufructo un bien del que no soy propietario. Según datos del Institute for Transportation and Development Policy (@ITDPMX) y Transeúnte (transeunte.org), con la fase dos del sistema Ecobici se incorporaron mil 180 nuevas bicicletas, lo que constituye un universo de 2 mil 380 bicicletas en servicio. En total, hay 44 mil personas que utilizan el servicio y se prevé que con la fase tres se agreguen 29 mil usuarios más (y mil 600 bicicletas).

El cambio de paradigma no se limita a las bicicletas. Una empresa mexicana, Carrot (@carrotmx) permite “compartir” un vehículo eléctrico (o a gasolina) entre muchos usuarios. Otra vez, permite usufructuar. Las tarifas todavía son altas por el número de usuarios, pero un recorrido promedio en su auto —que no es su auto— ronda los 300 pesos. Más o menos lo mismo que pedir un taxi. Las empresas también están cambiando la “propiedad” de los espacios de oficina. Siemens México (@sectorindustria) ha cambiado al modo hotel en su nueva sede en la Ciudad de México. Los funcionarios operan en “espacios públicos” que solo les “pertenecen” mientras los utilizan. Atrás quedan los peluches, las plantitas de plástico y el poster decorativo. Pero llega la eficiencia energética y un profundo respeto por los espacios de otros, que a fin de cuentas son los nuestros. Hace unos meses, y poco antes de fallecer, Elinor Ostrom visitó México. En su conferencia se evocó una y otra vez la razón por la que recibió el premio Nobel de economía: el reto de organizar y gobernar los bienes comunes, las áreas verdes que no “pertenecen” a nadie. Ostrom fue visionaria. Sabía que en el siglo XXI el concepto de propiedad no avanzará tanto como el de espacio público y esa palabra todavía extraña: usufructo.

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.

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