En plenas campañas electorales, la oposición entre demócratas y conservadores en Estados Unidos es, hasta cierto punto, una oposición entre el ideal del Estado benefactor y el del self-made man. Cabe preguntarse, sin embargo, si el ciudadano autosuficiente que enaltece la derecha no dependió en algún momento del apoyo de los programas gubernamentales.
La democracia estadounidense ha tenido en su evolución distintos parteaguas que marcan etapas bien definidas. En su inicio, solamente tenían derecho al voto aquellos ciudadanos que poseían propiedades. Un segundo parteaguas lo representa en 1830 el derecho a votar de todos los hombres mayores de edad, con excepción de esclavos y servidumbre doméstica y laboral. El voto femenino no se alcanza sino hasta 1920. Y en 1965, la Ley de Derechos Electorales elimina las prácticas discriminatorias raciales de los gobiernos federal, estatales y locales que marginaban a negros y latinos. El objetivo de este breve análisis es explorar las raíces del cambio en el espíritu electoral estadounidense en 2012 y sus posibles efectos en la dirección del país, que indirectamente se reflejarán en México.
Las posiciones de los partidos Republicano y Demócrata, así como de sus candidatos a la presidencia, Mitt Romney y Barack Obama, son un reflejo del sentir del pueblo de Estados Unidos. El Partido Republicano —tradicionalmente a favor de la empresa y la libertad individual, y en contra de la interferencia del Gobierno en los negocios y la vida privada de los ciudadanos, fiscalmente conservador y socialmente moderado— ha sufrido una transformación radical al girar hacia la extrema derecha. Los cambios más notables se refieren a cuestiones sociales relacionadas con la libertad reproductiva de las mujeres, la educación sexual en las escuelas, el aborto y la homosexualidad; en cuestiones económicas y fiscales, la adopción de las teorías de la “economía de la oferta” (supply-side economics), que incluye la exención de impuestos a los sectores de mayores ingresos, la desregulación gubernamental, la oposición a los programas de bienestar social y el apoyo a Wall Street; en lo cultural, el rechazo a la inmigración y la diversidad religiosa; en defensa, la intervención armada en la resolución de conflictos y la protección de los intereses estadounidenses a nivel global; en medio ambiente, el rechazo de las regulaciones ecológicas y el cambio climático; en materia energética, el apoyo a la industria petrolera, y en educación, el impulso de la teoría creacionista y el rechazo de la teoría de la evolución.
Desde los años setenta del siglo pasado, el Partido Republicano ha tenido su base electoral en la población de raza blanca y religión cristiana, mayoritariamente de clase media. Este grupo demográfico se ha venido reduciendo, con lo que ha disminuido la afiliación partidista republicana. En 1940 la población blanca, cristiana y de origen europeo representaba 88.5% de la población total de Estados Unidos. Para 2010 esa población se había reducido a 63.7% del total, y el porcentaje de la población cristiana disminuyó a 78.5%; de esta población, solo 51.3% es protestante.
Las proyecciones realizadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos refuerzan esta tendencia y calculan que para 2042 las minorías étnicas sobrepasarán a la población blanca; para 2050, 54% de la población estadounidense pertenecerá a los grupos raciales no-blancos, de los cuales 30.3% será de origen hispano.
Una encuesta sobre religión realizada por el Pew Research Center atribuye la disminución de la población blanca a un menor índice de crecimiento demográfico, y explica que la afiliación religiosa de esa población ha disminuido porque las nuevas generaciones son menos practicantes: existe una diferencia notable entre la afiliación cristiana de las personas mayores de 70 años, que es de 62%, y la de generaciones más jóvenes (personas de entre 18 y 29 años), que alcanza solamente 43 por ciento.
Esta situación ha llevado al Partido Republicano a girar a la derecha y a posiciones extremas, intentando inútilmente mantener el statu quo de un país que ya no existe, resistiéndose al cambio y a la diversidad cultural y defendiendo la superioridad anglosajona, blanca y protestante que dio origen a Estados Unidos. Este grupo nativista y conservador de la sociedad estadounidense considera que los valores fundamentales de esa nación, basados en la ética del trabajo, el ahorro y la libertad individual, se encuentran amenazados por el ingreso de grupos étnicos, culturas y valores que tienden a erosionar el tejido social de Estados Unidos. También cree que la inmigración y los grupos minoritarios afroamericanos y latinos gravitan los programas gubernamentales de bienestar social, que al apoyarlos fomenta una dependencia que socava el espíritu del esfuerzo para el ascenso económico de la población.
La realidad es que, independientemente de las posiciones republicanas en materia fiscal, que buscan la reducción del déficit y el adelgazamiento del Gobierno, existe una agenda oculta encaminada a asfixiar presupuestalmente o privatizar los programas sociales emanados de las administraciones demócratas: el New Deal de tiempos de los presidentes Roosevelt (Seguridad Social) y Johnson (Medicaid y Medicare).
Lo que resulta irónico es que los oradores estrella de la Convención Republicana (el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez; la exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice; el senador por Florida, Marco Rubio, y el candidato a la vicepresidencia, Paul Ryan), presentados de alguna manera como ejemplos de la diversidad étnica y cultural del Partido Republicano, refirieron en sus discursos cómo ellos o sus ascendientes inmigrantes se elevaron de la pobreza, alcanzaron el sueño americano y lograron posiciones políticas relevantes. Lo que no mencionaron es que los mismos programas gubernamentales en materia de trabajo, educación, salud y bienestar social que ahora combaten, fueron los que les permitieron llegar adonde están.
Ante la reducción de su base electoral, el Partido Republicano ha promovido medidas en los estados que gobierna con el fin de dificultar el voto de las minorías partidarias de los demócratas, en su mayoría personas de escasos recursos, mediante la modificación de las líneas de los distritos electorales, para consolidar mayorías republicanas, y la exigencia de identificación oficial para votar, alegando la prevención del fraude electoral.
Sin embargo, los componentes raciales y culturales de la plataforma republicana, sustentados por ese sector de la población blanca y cristiana, no serán los únicos factores determinantes en la elección de noviembre próximo. Las cuestiones económicas posiblemente tendrán un peso definitorio en la decisión de los electores.
El ingreso de las clases media y trabajadora, que representan conjuntamente 64% de la población estadounidense, ha disminuido 5% entre 2001 y 2010, de 72 mil 956 dólares a 69 mil 487 dólares, y el valor promedio de sus activos familiares se ha reducido 39%, de 129 mil 582 a 93 mil 150 dólares en el mismo periodo.1 Estas cifras se acentuaron aún más entre 2005 y 2010, debido a la recesión; en este periodo, el ingreso familiar promedio se redujo a 66 mil 740 dólares y el valor promedio de los activos familiares disminuyó a 77 mil 300 dólares. Asimismo, impacta negativamente la percepción de la desigualdad en el ingreso: entre 1979 y 2007, el 1% más rico de la población en Estados Unidos incrementó su ingreso en 275%, mientras que el 99% restante aumentó su ingreso únicamente entre 40 y 60%; la quinta parte más pobre de la población incrementó su ingreso en solo 18 por ciento.2
Todos estos factores influirán decisivamente en la elección de noviembre. En perspectiva, el partido que pudiera tener un mayor impacto en México y en las comunidades mexicanas en Estados Unidos, de llegar su candidato a la presidencia y obtener mayoría en las cámaras, es el republicano. La recién aprobada plataforma republicana plantea la construcción de la parte faltante del muro y el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con México, la oposición a una reforma migratoria integral que regularice la estancia de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la adopción de medidas de desgaste que dificulten la vida de los inmigrantes ilegales para que abandonen voluntariamente el país —attrition through enforcement— y el rechazo a la legislación —Dream Act— que permite que los jóvenes cuyos padres los llevaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños puedan permanecer en el país y tener acceso a la educación superior si cumplen una serie de condiciones.
En forma indirecta, la reducción del gasto público propuesta por los republicanos con el fin de disminuir la deuda gubernamental afectará los programas de apoyo social en salud, educación y otras materias que atienden a la población emigrante mexicana, una de las de menores ingresos y, por tanto, objeto de esos beneficios sociales.
El rumbo que tome el electorado estadounidense señalará el rumbo que siga la democracia en ese país. Estamos ante una elección en la que se enfrentan doctrinas distintas. Estamos seguros de que, como en ocasiones pasadas, ante esta encrucijada la democracia en Estados Unidos optará por la inclusión y la diversidad cultural.
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1 Pew Research Center, The Lost Decade of the Middle Class, Washington, 2012.
2 The Congress of the United States, Congressional Budget Office, Trends in the Distribution of Household Income 1978-2007, Washington, 2011.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
