Con el propósito de crear un ambiente para que los entonces candidatos a la presidencia definieran frente al electorado su posición respecto del tema de la seguridad, entre otros, en marzo de este año —en plena campaña electoral— un grupo de 49 ciudadanos formuló una serie de preguntas “cuyas respuestas podrían transformar a México”. El siguiente material recoge y comenta las coincidencias generales y parciales entre excandidatos en materia de seguridad y justicia. AH y JP
Los mexicanos temen por su vida, su libertad y su patrimonio. Sondeo tras sondeo, la seguridad pública aparece como la primera preocupación de la población. Por ejemplo, en la Décima Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, publicada conjuntamente por México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky (marzo de 2012), 3 de cada 10 ciudadanos colocaron la seguridad pública como el principal problema del país, considerablemente por encima de los temas económicos. Esto no es casual: 72% de los ciudadanos consultados afirmó que al menos un miembro de su círculo familiar ha sido víctima de un delito en fecha reciente. La oleada de violencia que ha vivido México en los últimos cuatro años ha intensificado la preocupación ciudadana. La multiplicación de delitos violentos, la expansión geográfica del fenómeno y la brutalidad creciente de los criminales han puesto la seguridad en el centro de la agenda pública del país.
Ante esta angustia colectiva, ¿qué proponen los políticos? De manera interesante, muchas cosas en común. Ese consenso naciente se puso de manifiesto en las respuestas que los distintos excandidatos presidenciales dieron a las preguntas formuladas en un desplegado público por un grupo de 49 ciudadanos en marzo pasado. Todos los candidatos se manifestaron, entre otras cosas, por:
• Priorizar la atención a los delitos violentos (en particular el homicidio, el secuestro y la extorsión).
• Mantener al Ejército y la Marina, de manera temporal y subsidiaria, en tareas de seguridad pública en tanto no se cuente con suficientes cuerpos policiacos competentes. El candidato del Movimiento Progresista estableció, optimistamente, seis meses como plazo para lograr ese objetivo. Ningún otro candidato puso plazo perentorio a los operativos federales.
• Fortalecer las capacidades y aumentar el tamaño de la Policía Federal (complementada, en el caso del candidato del pri, con una Gendarmería Nacional).
• Modernizar y dotar de autonomía técnica al Ministerio Público —Andrés Manuel López Obrador (amlo) y, parcialmente, Josefina Vázquez Mota hablaron incluso de
autonomía plena.
• Acelerar la instrumentación de la reforma al sistema de justicia penal (amlo no mencionó directamente el tema, pero es de suponer que no se opondría).
• Crear mecanismos para mejorar la coordinación interinstitucional a nivel federal (los candidatos difirieron en los detalles, pero todos compartieron el objetivo).
• Fortalecer los órganos de inteligencia del Estado mexicano.
• Aumentar las capacidades de inteligencia financiera y endurecer la legislación en materia de lavado de dinero.
• Intensificar los esfuerzos de prevención social del delito, particularmente en materia de educación, empleo, recuperación de espacios públicos y atención a grupos vulnerables.
• Establecer una agencia o comisión nacional contra la corrupción.
Ese esbozo de consenso se complementa con coincidencias en los pronunciamientos de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional / Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, quienes, sumados, obtuvieron 68% de los votos. Los candidatos de esos partidos y coaliciones se pronunciaron por:
• Eliminar o reducir el número de las policías municipales y avanzar hacia un mando único estatal.
• Mantener la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos.
Estos acuerdos genéricos podrían servir de primer borrador para una agenda común de seguridad y justicia que traspase fronteras partidistas. Faltan, sin embargo, los detalles y, como es bien sabido, allí se esconde el diablo. En particular, nos parece que faltan tres definiciones básicas para empezar a encauzar esa agenda común:
• ¿Cuál es la secuencia deseable de las transformaciones?, ¿qué cambios son urgentes e indispensables? y ¿cuáles pueden esperar? Algunos no son más que modificaciones operativas y otros requieren una difícil cirugía constitucional. Pero no por ello los primeros deben ir antes de los segundos. Es importante entender cómo se concatenarían los cambios y fijar prioridades.
• ¿Cómo lograr la colaboración de gobiernos estatales y municipales? Esta pregunta es crucial, ya que (1) 95% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, (2) muchas de las medidas propuestas requieren una activa colaboración de autoridades estatales y municipales, y (3) las reformas que ya están en curso han enfrentado problemas de implementación en los estados y municipios (por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal).
• ¿Cuánto costarían las medidas? En ausencia de un dimensionamiento fiscal, las propuestas no pasan de demagogia. Los recursos potencialmente requeridos no son triviales: aumentar el tamaño de la Policía Federal a 50 mil elementos, como propuso Enrique Peña Nieto, podría requerir de 12 mil
millones de pesos adicionales al año, por encima de los 27 mil millones que ya recibe. Y ese es sólo uno de los puntos de una posible agenda común (transformar a las policías estatales sería mucho más costoso, por ejemplo). Es por tanto indispensable ponerle pesos y centavos a los buenos propósitos.
Asimismo, en la coyuntura política actual, no basta con que los partidos se pongan de acuerdo. Muchas de las medidas enlistadas arriba encontrarán gran resistencia social si no van acompañadas de iniciativas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales relevantes. Entre estas, se destacan tres:
• Fortalecer la transparencia en las instituciones de seguridad y justicia.
• Crear mecanismos de control externo sobre las instituciones de seguridad: las policías (por ejemplo, el establecimiento de un auditor policial).
• Someter a las políticas de seguridad a evaluaciones sistemáticas externas, similares a las existentes en materia de política social.
En resumen: es una buena noticia que haya un principio de acuerdo entre las principales fuerzas políticas sobre temas cruciales de la agenda de seguridad y justicia, pero sería una pésima noticia que el acuerdo se quedase en la estratosfera, en declaraciones vagas de intenciones genéricas. Los candidatos y sus partidos dieron un primer paso. Faltan todos los demás.
ALEJANDRO HOPE Y JANA PALACIOS son colaboradores del IMCO.
