Bajo el argumento de que el gobierno federal de Estados Unidos ha sido incapaz de controlar la inmigración ilegal, distintos grupos de presión han promovido ante los congresos locales de diversos estados legislaciones restrictivas de los derechos humanos. Para nuestro autor, el que tales legislaturas adopten un modelo de normatividad diseñado por agentes externos representa una grave distorsión de los procesos democráticos.
Entre las agresivas legislaciones antiinmigrantes surgidas a partir de 2010 en diversos estados de la Unión Americana, destacan las de Arizona, Alabama, Oklahoma y Carolina del Sur. Destacan también algunas anteriores de nivel local. Las regulaciones restrictivas emitidas por la ciudad de Hazelton, Pennsylvania en 2006,1 fueron objeto de una demanda de la American Civil Liberties Union (ACLU) y, en consecuencia, rechazadas por el Juez Federal James Munlay en 2007, decisión confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en 2010.
Tales legislaciones indican una tendencia, cada vez más extendida entre los círculos conservadores de Estados Unidos, a promover legislaciones y ordenanzas municipales que, si bien se dirigen a la población inmigrante con estancia ilegal, en realidad revelan sentimientos contrarios a la inmigración extranjera en general.
El argumento que sustenta tales iniciativas es que el gobierno federal ha sido incapaz de controlar la inmigración ilegal, por lo que los gobiernos estatales y locales se han visto obligados a promover medidas para desalentar el asentamiento de nuevos inmigrantes indocumentados y ahuyentar o deportar a los inmigrantes ilegales que residen en sus circunscripciones.
El gobierno federal ha denunciado estas legislaciones a través del Departamento de Justicia, basándose en la preeminencia de la Constitución federal en materia de inmigración y en la consideración de que tales iniciativas atentan contra lo que establece la ley en materia de derechos civiles y discriminación.
La realidad que subyace tras estas posiciones es la profunda confrontación que existe en la población por la identidad nacional de Estados Unidos. Desde la visión de un país eminentemente blanco, anglosajón o de origen europeo y cristiano, grupos cerrados y conservadores se oponen a aceptar la diversidad cultural proveniente de otros países.
Esta posición, que nunca ha dejado de estar presente en la sociedad estadounidense y que hizo crisis durante los conflictos por los derechos civiles en la década de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, fue claramente delineada por el profesor de Harvard Samuel Huntington en 1996, con la publicación de El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. El autor plantea que en el futuro los conflictos no tendrán lugar entre naciones o entre ideologías, sino entre civilizaciones con distintas culturas, lo que en cierta medida fundamenta la tesis expresada en una publicación posterior: ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad nacional americana (2004).
En este último y controversial libro, Huntington plantea que la invasión de inmigrantes latinoamericanos socava la identidad nacional estadounidense al dividir el país en dos pueblos, dos culturas y dos idiomas, y considera que los valores culturales latinos —entre los que identifica la falta de ambición, la aceptación de la pobreza, y el poco interés en la educación, entre otros— son incompatibles con los que sustenta “el sueño americano”, ligado a la ética protestante del trabajo, la libertad individual y el espíritu emprendedor. A tales inconvenientes el autor agrega el supuesto de que los mexicanos y los méxicoamericanos pudieran defender reivindicaciones históricas sobre una parte del territorio de Estados Unidos.
Los sentimientos antiinmigrantes de ciertos sectores de la sociedad estadounidense están asociados a una imagen congelada en un tiempo en el que 90% de la población de Estados Unidos era de raza blanca, filiación cristiana y habla inglesa. Sin embargo, en las últimas décadas dicha población se ha reducido a 64.7% (2010); registró un crecimiento de únicamente 5.7% entre 2000 y 2010. Por el contrario, la población hispana se ha incrementado a 16.3% del total, con un crecimiento de 43% en la última década. Los hispanos son el grupo étnico de más rápido crecimiento en ese país.
Las proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos estiman que en 2050 la población blanca será una minoría (46% de la población total), mientras que los hispanos ascenderán a 30%, dato que ciertamente alimenta temores en los grupos antiinmigrantes, que desean evitar el fin del predominio de la población blanca y de los valores considerados como tradicionales de Estados Unidos.
Si bien los sentimientos sobre el fin de la supremacía de la población blanca y de la identidad nacional asociada a la inmigración europea prevalecen en amplios sectores de la población estadounidense, las expresiones más extremas provienen de organizaciones y grupos bien definidos por su activismo en contra de la inmigración en general, y de la inmigración indocumentada en particular.
Entre tales organizaciones destacan la Federation for American Immigration Reform (FAIR), el Center for Immigration Studies (CIS) y los Minuteman, así como otras nacionales y locales.2 Seis de ellas fueron fundadas por John Tanton.3 Conocido por sus posiciones racistas de supremacía aria y antiinmigrantes, Tanton ha financiado la creación de múltiples organismos, grupos de cabildeo, centros de estudio y coaliciones de acción directa a todo lo ancho del territorio de Estados Unidos.
Esta red de organizaciones ha resultado sumamente efectiva al combinar la divulgación de seudoinvestigaciones que justifican posiciones antiinmigrantes (muchas de ellas elaboradas por el Center for Immigration Studies) con actividades diversas, como el cabildeo en el Congreso, el movimiento en contra de la reforma migratoria propuesta en 2007 por el expresidente Bush a través de Numbers USA, y el apoyo a organizaciones de vigilantes para detener la inmigración ilegal en la frontera —denominadas “Minutemen” y fundadas en California por Jim Gilchrist. Si bien la afiliación y el financiamiento de estas organizaciones ha venido disminuyendo desde 2007, se han integrado en la organización del naciente Tea Party, alimentando las posiciones antiinmigrantes de este grupo conservador.
La más reciente estrategia impulsada por esta coalición antiinmigrantes ha sido la elaboración de legislaciones tipo que son origen de la Ley sb-1070 de Arizona; de sus imitaciones en Oklahoma, Alabama y Carolina del Sur, y de una ley fallida en Colorado. Dichas leyes privan a los inmigrantes sin documentos de los servicios públicos de educación y salud, entre otros; permiten que las policías locales detengan a personas con base en la sospecha de que se encuentran ilegalmente en el país; prohíben y penalizan contratos de arrendamiento y servicios públicos a inmigrantes indocumentados, y tipifican como delitos el alojamiento y transporte de inmigrantes ilegales.
El autor de estas legislaciones tipo es el secretario de Estado de Kansas y profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Missouri Kris Kobach, quien está íntimamente asociado con la FAIR. Si bien diversas organizaciones civiles y el Departamento de Justicia han logrado la suspensión total o parcial de dichas legislaciones mediante demandas ante cortes federales y ante la Suprema Corte,4 iniciativas de ley como estas han inflamado la controversia en materia de inmigración; colocan al gobierno federal a la defensiva y crean un ambiente hostil para las comunidades inmigrantes en esos estados.
El que las legislaturas estatales adopten modelos de ley diseñados por agentes externos es una distorsión del proceso democrático que muestra claramente el modo en que intereses ajenos a los estados —sean corporativos, ideológicos o religiosos— pueden darle la vuelta a la voluntad popular que eligió a sus representantes en los congresos para defender los intereses estatales. Mediante la presión de cabilderos o mediante influencias políticas externas, se busca obtener legislaciones de acuerdo a los dictados de organizaciones con agendas propias. O sea: la subrogación de la ley.
1 Illegal Immigration Relief Act.
2 De acuerdo con un reporte del Institute for Research & Education on Human Rights.
3 Americans for Immigration Control (AIC), Numbers USA Lobbying
Group, Americans for Legal Immigration Political Action (ALIPAC), California Coalition for Immigration Reform (CCIR) y Californians for Population Stabilization.
4 El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha presentado ante la justicia estadounidense recursos en contra de estas legislaciones por medio de la forma amicus curiae (amigo de la corte).
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
